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Desde la asociación ALIANZA CONTRA LA CORRUPCIÓN, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior con número 617394 y con número de CIF G90462458, informamos de la respuesta del Consejo de EUROPA y Parlamento Europeo, en relación con la queja presentada por el incumplimiento de los órganos jurisdiccionales nacionales respecto a la Directiva Europea 1937/2019, relativa a la protección de personas que informen de infracciones al Derecho de la Unión, en relación del caso de Roberto Macías y otros activistas condenados por la falta de transposición de la Directiva al ordenamiento jurídico nacional.

Antecedentes;

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, considero admisible la queja 1343/2021 presentada por nuestra asociación sobre el caso que afecta al alertador de corrupción Roberto Macías, y solicitó a la Comisión Europea (CE) que iniciara una investigación «preliminar».

La queja se fundamenta en la flagrante violación que se comete al no considerar de aplicación en los juzgados de Sevilla el derecho de la Unión Europea relativo a la protección de los denunciantes de corrupción, con el resultado ilegítimo de la condena a Roberto Macías.

Cabe destacar que Roberto Macías fue condenado a dos años de cárcel por revelación de secretos, tras desvelar información sobre el presunto fraude de facturas en el sindicato. Macías, trabajó en UGT-A seis años, entre 2006 y 2012, como administrativo en el área de compras del sindicato, un área clave por la organización para poder desviar subvenciones millonarias.

La condena dictada por la jueza sustituta del Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla, Ana María León Gallego, y auspiciada por el Fiscal anticorrupción Fernando Soto Patiño, fue recurrida ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que finalmente debe pronunciarse sobre estos hechos.

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Como lo denunciamos el pasado marzo, la UGT Andalucía urgió a la Sala, para emitir un veredicto, sabiendo que la Directiva Europea está próxima a transponerse. En ese sentido, se pronuncia el Consejo de Europa.

“Como guardiana de los Tratados, la Comisión supervisa la aplicación de la Directiva (UE) 2019/1937 y adopta todas las medidas necesarias para garantizar que se transponga y aplique plena y correctamente, incluso incoando procedimientos de infracción, cuando sea necesario. Dado que España no había notificado medidas que garantizaran la transposición completa de la Directiva antes del plazo del 17 de diciembre de 2021, la Comisión envió a España una carta de emplazamiento el 27 de enero de 20222. La Comisión está evaluando actualmente la respuesta del Gobierno español para decidir los próximos pasos, en particular la emisión de un dictamen motivado, en caso necesario”

Finalmente concluyen,

La Comisión ha enviado a España una carta de emplazamiento por no haber notificado las medidas de transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 antes del 17 de diciembre de 2021.

Además, está decidida a adoptar todas las medidas necesarias para hacer cumplir la Directiva (UE) 2019/1937 por parte de todos los Estados miembros, incluida España.

Por nuestra parte,

ante este nuevo escenario que se dibuja desde el Parlamento Europeo, consideramos fundamental que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, conozcan que la condena a Roberto Macías, puede suponer un nuevo procedimiento de infracción contra el reino de España, por no garantizar se apliquen las medidas protectoras que se establecen en la propia Directiva 1937/2019 EU.

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Por lo tanto, hemos pedido al ilustre letrado Francisco José Sánchez del Águila Ramón, presidente de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAYT), que interponga las acciones que correspondan para informar a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de la resolución emitida por el Parlamento y el Consejo de Europa en el caso de Macías.

Adjuntamos resolución de fecha 3 de octubre.

Esperemos que la presente resolución sirva para promover un cambio en la mentalidad en nuestras instituciones, y también sirva para hacerles ver que, afortunadamente, se ha producido un cambio de paradigma jurídico-político a nivel europeo que con toda probabilidad beneficiará a la sociedad en su conjunto.

Sin otro particular, un saludo.

Jaime González Díaz,