La Comunidad de Madrid recibirá más de 400 millones por la liquidación pendiente del IVA que el Gobierno de España debe desde 2019

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El Consejo de Gobierno aprobó ayer el acuerdo que ha exigido el Ejecutivo central a las comunidades autónomas (CCAA) para el ingreso de la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017, pendiente desde 2019 y que asciende a más de 400 millones de euros para la Comunidad de Madrid.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 recoge esta condición para recibir el pago, a pesar de que no se conozca la cifra exacta a ingresar, y con el compromiso de las autonomías de no emprender acciones legales o administrativas al respecto. Así lo ha notificado la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública

La Comunidad de Madrid recibirá una compensación de 400 millones de euros, más los intereses legales que se han generado en este tiempo, ante la negativa del Gobierno de España de liquidar el impuesto cuando correspondía, es decir, hace dos años.

El Gobierno autonómico ha liderado la reclamación de este ingreso desde el principio. Así, se le comunicó a la ministra de Hacienda y Función Pública en el momento, María Jesús Montero, a través de una carta enviada el 17 de octubre de 2019, hace más de dos años. Ante la negativa del Ministerio, la Comunidad de Madrid presentó un recurso en la Audiencia Nacional. El Ejecutivo central se ha negado en este tiempo a realizar la compensación que le correspondía, lo que ha generado el pago de intereses legales a las CCAA.

En 2017, el Gobierno implantó un nuevo sistema para modernizar y optimizar la gestión del IVA (Suministro Inmediato de Información -SII-) utilizando para ello medios electrónicos. Como consecuencia de la adaptación al nuevo sistema, los ingresos de las autoliquidaciones del mes de noviembre de ese año se pospusieron al 30 de diciembre, y se contabilizaron por parte del Estado ya en enero de 2018, por lo que 2017 se cerró con tan sólo 11 meses contabilizados.

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Así, se produjo una merma en los ingresos de las comunidades autónomas para 2019, que es cuando se recibe la liquidación del IVA de 2017, pendiente de compensación desde entonces.