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SEÑOR ABASCAL, SI YO FUERA USTED COPIARÍA AL PSOE Y A FELIPE GONZÁLEZ AL PIE DE LA LETRA
La defensa que el “socialista”, el órgano oficial del PSOE, publicó en un número especial que le dedicó a la Moción (y que curiosamente salió con el número 155) hizo para justificar la presentación de la Moción de Censura, de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución ya vigente en aquellos momentos. Como puede comprobarse las razones que se esgrimen son políticas y no aritméticas. Saben que van a perder pero lo consideran una obligación moral para levantar la esperanza del pueblo español.
“El Gobierno no ha gobernado, no gobierna ni sabe gobernar”
“Ante la incapacidad del señor Suárez y su equipo para dirigir el país, el primer partido de la oposición no podía ser cómplice de este fracaso”
“El Gobierno no piensa, ni sabe realizar una política distinta a la que viene realizando, lo cual equivale a que cada día la crisis será más profunda”
“El PSOE no anduvo sumando o restando diputados, ni descompuso en sus planteamientos previos la anatomía de la Cámara al decidirse por la moción de censura”.
Por su actualidad y por lo que VOX y usted mismo se juega en la Moción de Censura se ha presentado, y antes o después se debatirá en los próximos días (o meses, que con el señor Sánchez nunca se sabe lo que a él le puede interesar)… aunque por lo que ya estamos leyendo en casi todos los periódicos (no se salva, en este caso, ni mi admirado “don Federico”) su “Operación Tamames” no ha caído bien a los “demócratas de toda la vida”. Algunos le acusan hasta de ser “un gamberro” , sin darse cuenta que les está llamando gamberros a 4 millones de españoles. Están locos. Aquí el que no comulga en la “cultura” de la Izquierda es de la extrema Derecha, un fascista o, ya lo ven, un gamberro.
De ahí que sea interesante que usted lea, y copie, incluso aunque sea descaradamente y le tachen de “plagio”, porque como usted sabe no hay mejor cuña que la de la propia madera.
Y ahora pase y lea, que lo va a disfrutar:
¿Por qué la moción de censura?
El ya famoso debate no podía quedar reducido a un espectáculo de exhibición dialéctica por parte de los diversos líderes políticos. Las realidades del país son demasiado graves, como quedó demostrado de una manera palpable. El Gobierno carece de credibilidad y sus promesas no despiertan el menor interés en los ciudadanos ni en la opinión pública. El Gobierno no ha gobernado, no gobierna ni sabe gobernar. Ante la incapacidad del señor Suárez y su equipo para dirigir el país, el primer partido de la oposición no podía ser cómplice de este fracaso que ha quebrado las esperanzas del país. La salida que le quedaba era poner en marcha los mecanismos del artículo 113 y presentar una censura a un Gobierno que es incapaz de cumplir sus promesas y, lo que resulta más grave, que a la vista de la difusa, profusa y confusa intervención de Suárez, carece de un proyecto político para encarar el futuro. El Gobierno no piensa, ni sabe realizar una política distinta a la que viene realizando, lo cual equivale a que cada día la crisis será más profunda.
El PSOE no anduvo sumando o restando diputados, ni descompuso en sus planteamientos previos la anatomía de la Cámara al decidirse por la moción de censura. Esta moción era un imperativo moral que trata de demostrar que existen otras ofertas programáticas para afrontar la crisis dentro del juego democrático, al mismo tiempo que puso al ejecutivo de UCD frente a sus incoherencias, incumplimientos y carencia de ideas. El artículo 113 exige que la moción de censura sea constructiva y el partido que la presenta también tiene que presentar su candidato.
«Resulta palpable el fracaso en la consecución de los grandes objetivos de la política económica fijados en diversas ocasiones por el Gobierno y el reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos en esta materia, lo que ha tenido como consecuencia la obtención de unas tasas de crecimiento muy por debajo del nivel potencial e inferiores al promedio alcanzado por los países europeos, la carencia de una estrategia de política industrial y agraria capaz de afrontar las transformaciones exigidas por la profunda crisis energética y la perspectiva de nuestra integración en las Comunidades Europeas, la incapacidad para crear las condiciones que aseguren el relanzamiento de la inversión pública y privada, con el consiguiente aumento del paro a un ritmo político y socialmente intolerable”.
Después de ver al señor Abril Martorell, gran mandarín de los temas económicos, no es extraño que los planteamientos de nuestra economía carezcan de una lógica interna que permita salir de la crisis. El señor Abril se movió entre «el Norte y el Sur» sin el más mínimo sentido de la brújula; se perdió en el estrado como un boxeador «tocado» sobre el ring. El señor Suárez le escuchaba nervioso y en los escaños ucedeos cundía la desolación. El señor Abril es impresentable a la hora de ofrecer un proyecto económico. El presidente Suárez debía saberlo y, sin embargo, durante la última crisis no sólo no le marginó, sino que fue el gran muñidor de la llamada «remodelación».
El señor Abril es un hombre quemado, como quemado está Suárez. No deben preocuparnos sus cenizas; lo que nos alarma es que la economía se está o la están pudriendo. El sector público ha decrecido en relación con 1978. Las inversiones para crear puestos de trabajo en la empresa pública han disminuido con respecto al año anterior. La inflación no ha bajado como pretendía el Gobierno. El sector privado no invierte, entre otras cosas porque ni se ayuda a los sectores en crisis ni se incentivan aquellos que están creciendo. El paro ha aumentado en 1979 —cifras oficiales— en 272.000 nuevos parados. 272.000 puestos de trabajo menos. ¿Qué se ha hecho? Nada. El plan económico que intentan poner en marcha es una enorme fábrica de parados. El paro está envenenando la convivencia social.
La libertad de expresión, por los suelos
«El Gobierno ha hecho gala de desprecio a las reglas de juego de la democracia parlamentaria que consagra la Constitución, llegándose a afirmar que un debate parlamentario constituye una trampa y que una interpelación por la libertad de expresión es una provocación y que, asimismo, dicho Gobierno ha producido grave deterioro en el prestigio de las instituciones parlamentarias al llegar a acuerdos para modificar una Ley presentada en el Parlamento con grupos políticos que se encuentran fuera de la Cámara». Como se recordará, en estas páginas fueron denunciados los acuerdos entre el PNV y el ministro de Universidades sobre la LAU. Esto convierte al Gobierno en procónsul del PNV en la Cámara y los peneuvistas pueden jugar ante su electorado a la no «contaminación» parlamentaria. En cuanto a la libertad de expresión, han hecho acto de presencia los fantasmas del pasado, los procesos contra periodistas se multiplican de manera alarmante. La Constitución, por culpa del Gobierno, no ha penetrado en el tejido social, ni siquiera en el de algunas instituciones que debieran protagonizar la puesta en práctica de nuestro máximo texto legal. El artículo 20, en donde se consagra la libertad de expresión, está siendo permanentemente marginado por unas leyes que no están acordes con su letra ni con su espíritu.
A lo mejor, Suárez está hablando con su sucesor.
La corrupción de RTVE
Resulta preocupante que el mismo Gobierno se mueva por las riberas del texto constitucional en múltiples ocasiones. La primera es la marginación en que tiene a la Cámara. Suárez huye del Parlamento como los gatos del agua caliente. Prefiere rodearse de sudarios de silencio en la Moncloa que ofrecer ante la Cámara respuestas a los problemas del país. A la vista del último pleno, el presidente tiene razón para convertir la Moncloa en su Numancia, ya que carece de un bagaje elemental de ideas para plantarle cara a la crisis.
Ante los casos de corrupción palpable como los demostrados en relación con RTVE, el Gobierno no sólo no ha facilitado una clarificación de los hechos, sino que ha puesto toda clase de trabas para que se esclarezcan. El señor Abril dijo que no se solucionaban los problemas poniendo querellas criminales, a lo cual podría contestársele que si no hubiera indicios serios y razonables de criminalidad no se pondrían.
Resulta evidente que «bajo el gobierno del presidente Suárez, la inseguridad ciudadana va en aumento constante…, la sensación de una falta de autoridad es cada vez mayor, ya que no existe una política para resolver esos problemas, especialmente para atajar el terrorismo en el País Vasco, la violencia de la extrema derecha y la delincuencia común”. Es evidente que, en estos momentos, no se puede negociar con ETA, ya que ETA se ha decidido por el único lenguaje de la violencia y no se puede negociar con criminales. Pero el Gobierno tampoco ha hecho nada por la puesta en marcha de un frente común ciudadano antiterrorista y aislar a ETA de sus apoyos, que los tiene. Sin la puesta en marcha de un plan que persiga el aislamiento de ETA, las medidas policiacas serán a todas luces insuficientes. También vimos crecer en estos últimos tiempos el terrorismo de la extrema derecha, que extiende sus tentáculos, sus balas y sus muertos por diversas geografías del país. Son gentes que en nombre de España desprecian de manera brutal la vida y las opiniones de los españoles. El ministro ha dicho en uno de sus informes que no había planteamientos programados de este terrorismo; curiosa afirmación cuando los vemos asaltar perfectamente formados e incluso uniformados algunos bares, colegios, Facultades y sedes de partidos políticos.
El Estado de las autonomías, aparcado
«Afirmando la carencia de un proyecto autonómico del Gobierno, rechazando por discriminatoria y limitada la propuesta de una nueva lectura del título VIII de la Constitución, anunciada por el presidente del Gobierno, y el inexplicable e injustificado retraso en la presentación de una Ley de Régimen Local para garantizar la autonomía local». Aquí se destruyó un modelo de Estado y el Gobierno carecía de esquema para poner en marcha el que debía sustituirle. El Estado de las autonomías, para nuestros gobernantes, era como un mecano monstruoso que no sabían cómo poner en marchar y, en vez de echarle a andar, prefirieron aparcarle después de los primeros experimentos con dos de las nacionalidades históricas como el País Vasco y Cataluña. Galicia fue la primera que sufrió la discriminación, y vino después Andalucía, donde el Gobierno convocó un referéndum y después recomendó la abstención y montó toda clase de maniobras para que las cifras fueran diferentes del deseo de los ciudadanos. Hubo millares de muertos absteniéndose y emigrantes censados en cualquiera de las ocho provincias andaluzas mientras ellos andaban en el tajo de Alemania, Holanda o Cataluña. A pesar de todo, el pueblo andaluz votó con amplio margen su autonomía.
El texto de la moción del PSOE resumía así sus razones: “Considerando que está suficientemente probada la incapacidad del presidente y su Gobierno para dirigir los destinos de la nación española y que el llamado reajuste ministerial no permite generar esperanzas de cambio ni afecta a los máximos responsables de la situación creada».
La moción de censura está moviendo los cimientos de UCD, por mucho que su secretario general trate de darnos la imagen de más «unidos que nunca». Resultó evidente que Felipe González tuvo varias veces a Suárez pegado a las cuerdas, «gastándole» con ataques desde todos los frentes y hacia todos sus flancos. El ansia de supervivencia en el poder de la familia centrista, que se mueve por intereses y no por ideología, está considerando la posibilidad de buscar un nuevo líder entre sus huestes, ya que piensa que con Suárez no puede mirar con claridad el futuro, sus futuros. Sabemos, por sondeos directos entre centristas, que Lavilla es el nombre más cotizado.
La moción de censura fue un imperativo moral. Ahora el imperativo real del PSOE es ofrecer un programa con credibilidad. Ante la opinión pública se van a clarificar muchas cosas y dejar en evidencia a los responsables del desencanto producido por la nueva democracia.
Los problemas sociales, económicos, de seguridad ciudadana, desarrollo autonómico y la carencia de un decidido propósito democrático, así como la falta de una política exterior, han culminado su escalada el 21 de mayo cuando el primer partido de la oposición presentó un voto de censura al Gobierno de Suárez y UCD, cuyo fracaso ha podido poner en riesgo al propio sistema democrático, todavía no afianzado. En el debate parlamentario del 20-M, el Gobierno quedó tocado.
El PSOE censura al Gobierno
20-M: tocado
A las 4.30 de la tarde del martes 20 de mayo daba comienzo, en el Congreso de los Diputados, un debate que puede calificarse de histórico, por cuanto, por primera vez, la oposición ha puesto en tela de juicio la política global del Gabinete Suárez, claramente ineficaz, y cuyas consecuencias están siendo negativas para 35 millones de españoles.
Al tiempo que se ha obrado este fenómeno inesperado y perfectamente constitucional, se ha afianzado la credibilidad democrática en nuestro país. Desde hace tiempo se venía identificando el sistema democrático con la profunda crisis y el elevado paro, contra los que la acción del Gobierno ha sido inútil por ineficaz.
La sesión, que había concitado el interés propio de un país que espera soluciones, estuvo precedida por una comunicación del Gobierno al Congreso en la que, desechando otros temas de interés, reducía a tres los motivos de debate: política autonómica, crisis económica e imperio de la ley.
Seis eran seis
Durante casi dos horas, el presidente Suárez leyó una conferencia poblada de generalidades y corresponsabilidades, redactada, al parecer, por seis de sus ministros. El jefe del Ejecutivo rechazó, «a priori», cualquier descalificación global del acontecer político protagonizado por el Gobierno y el resto de las fuerzas políticas y sociales. De esta forma iniciaba Suárez las líneas de su discurso.
Justificó el retroceso de las libertades y la falta de desarrollo constitucional con el anuncio de un «Estatuto de las libertades», siendo contestada su intervención por Santiago Carrillo y el resto de la izquierda. La razón de la respuesta a la incongruencia de Suárez es obvia, ya que es la propia Constitución la que reconoce el derecho a las libertades sin necesidad de más estatutos.
Pero los atrevimientos de Suárez fueron más lejos, llegando a culpar exclusivamente a los crudos de las elevadas tasas de desempleo. «Las continuas alzas del precio del petróleo —dijo— han impedido reactivar el binomio inversiones-producción, lo que ha venido a incrementar el nivel de desempleo”
Que se vayan, se vayan, se vayan…
La intervención del candidato a la Presidencia del Gobierno, Felipe González, fue precisa y contundente: «La crisis del petróleo no lo explica todo, porque crisis del petróleo —puntualizó— hay en todo el mundo y dependencia energética hay en todo el mundo. En Italia, tanto como aquí, y han crecido un cinco por ciento en el producto interior bruto, han aumentado sus puestos de trabajo. Y como ése, muchos países. Nuestro país es frágil desde el punto de vista de la estructuración industrial, pero el crecimiento de los países en desarrollo durante el año pasado y el año anterior ha sido, a veces, del siete y el ocho por ciento. Por consiguiente, hay que explicar si estamos justamente en el lugar intermedio donde nos van a dar bofetadas los países en vías de desarrollo y los países industrializados al mismo tiempo, o hay una posibilidad de salida».
El paro fue para arriba
Mientras el presidente Suárez no expuso objetivos sobre la situación económica, el paro y la crisis, sino que se limitó a hacer una apología del Estatuto de los Trabajadores, todavía no desarrollado en sus aspectos capaces de generar empleo, los socialistas, por boca de Ernest Lluch, trazaron las coordenadas de una política de activación del sector público y de desarrollo del sector privado.
Llegó Suárez, en un extremo de falta de argumentos para sustentar la labor del Gobierno, a citar el Acuerdo Marco Interconfederal «como manifestación singular —dijo— de una política salarial libremente consentida». Ocultó, mientras tanto, la ineficacia para reformar la Administración Pública, que, como dijo Felipe González, «no sólo está afectando a la economía, paralizando el sector público por defectos internos de la propia Administración, sino que está afectando, y gravemente, a la construcción de las autonomías».
«Se hablaba hace un año —agregó el secretario general del PSOE— de una situación socioeconómica difícil. Se hacía referencia a los acuerdos de la Moncloa que bajaron la inflación en diez puntos en un solo año. En el año mil novecientos setenta y nueve —tomando siempre como referencia el discurso del presidente en su investidura—, el objetivo fundamental del Gobierno era doble: reducir la inflación y combatir el paro. Se redujo la inflación en mil novecientos setenta y nueve en un punto y aumentó el paro en doscientos setenta y dos mil nuevos parados. Esa es la realidad dramática, que no es sólo imputable al precio de la energía, porque en otros países con igual dependencia se está combatiendo el desempleo. Pero, claro, era lo que se trataba de hacer. Se instrumentaban una serie de procedimientos. Tenemos que crecer, decía el presidente del Gobierno, con la mayor proximidad posible a nuestra tasa potencial, y repetían los ministros del ramo que nuestra tasa potencial está entre el cuatro y el cinco en el crecimiento del producto interior bruto».
«La realidad —continuó Felipe González— demuestra que hemos crecido un uno coma uno, un uno coma dos o un uno coma cinco. Hay varias cifras, yo retengo una de las que se dan desde organismos oficiales, la del uno coma uno por ciento. Pero, atención, porque esa tasa de crecimiento que se nos prometía del dos por ciento por encima de los países de la OCDE está un dos por ciento por debajo del crecimiento de los países de la OCDE, que crecieron, en media, el tres coma tres por ciento».
Y Abril, entre el Norte y el Sur
«Naturalmente —acusó el líder del PSOE—, se decía que se iba a instrumentalizar una política de crecimiento del empleo con ese objetivo de crecimiento del producto interior bruto, que no se cumplió. Se hablaba —acusó más adelante— de que se iban a corregir las injusticias en el sistema económico-social, pero, la verdad, es que el elemento corrector prioritario de que el Gobierno dispone es la inversión pública. Se dice que hay demasiados gastos de consumo y, por tanto, se puede invertir menos desde el sector público. Pero ¿a quién se lo dice? Si el presupuesto lo aprueba el Gobierno, si el sector público está en manos del Gobierno, es evidente que el crecimiento de las inversiones, que debería haber sido superior (se entiende que para generar empleo) en el año mil novecientos setenta y nueve que en mil novecientos setenta y ocho, ha sido inferior en pesetas constantes. Es decir, el sector público fue menos dinámico en mil novecientos setenta y nueve que en mil novecientos setenta y ocho. Y todo eso haciendo referencia a que hace falta reformar la Administración, porque, efectivamente, si no no vamos a caminar en ninguna dirección».
Este aspecto del discurso de Felipe González quiso ser contestado por Abril Martorell en una torpe intervención en la que aludió a un diálogo «Norte-Sur» como si de una lección de párvulos se tratara. Quiso acusar Abril a los sindicatos de haber intentado agravar la situación en el sector público, pero tuvo pocos argumentos veraces y rigurosos. Finalmente, el barón Abril tuvo la ocurrente idea de decir que la culpa de que la inversión en el sector público para fomentar empleo haya sido menor «aquí». “Claro es —contestó Ernest Lluch, por los socialistas de Catalunya— que esas leyes las hace la mayoría mecánica UCD-CD. Y si no, que nos dejen hacerlas a nosotros».
En su intervención, se refirió el líder socialista y candidato a la Presidencia del Gobierno al sector privado. Se crearon una serie de mecanismos que dedicarían una especial atención para corregir la discriminación para la pequeña y mediana empresa. «El Ministerio de Industria, el Ministerio, no digo el ministro (ha habido tres ministros de Industria en tres años), reconoce que el crédito para la pequeña y mediana empresa sigue siendo un crédito discriminado. No acude el crédito en igualdad de oportunidades al pequeño y mediano empresario que al gran empresario. Eso no ha mejorado.
La agricultura, hundida
Abordó Felipe González otros aspectos del discurso programático de Suárez y que el presidente del Gobierno prefirió no mencionar, entre ellos la edad de jubilación. Sobre la edad de jubilación —promesa incumplida— dijo que no se ha reducido a lo largo de 1979. El control de la Seguridad Social por empresarios y trabajadores tampoco se ha efectuado. La agricultura, sobre la que Suárez dijo que pasaría a mejorar su condición relativa respecto a la industria, ha empeorado.
«La verdad es —dijo Felipe González— que la agricultura en el año mil novecientos setenta y nueve ha descendido en su capacidad de vida en relación con el resto de los sectores económicos del país. Es decir, que la reducción de un punto de la inflación (logro de Abril) la ha pagado, sobre todo, el agricultor».
Otros subsectores, como el de la vivienda, las mejoras urbanísticas, y la necesidad de transferir plusvalías a las comunidades, fueron abordados puntual, crítica, objetiva y rigurosamente por los socialistas.
«Cuando se trata del paro —dijo Felipe González— se aprecian contradicciones muy graves. Las estadísticas oficiales dicen que el fraude de los trabajadores en el mes de marzo era del cinco coma cero dos por ciento y el fraude de las empresas al desempleo y a otros aspectos de la Seguridad Social, el treinta y tres coma seis por ciento. Por tanto, hay que darle la medida exacta a cada una de las cifras».
Más adelante se refirió a la poca atención que se presta a los sectores en crisis, pero también a la nula atención que se dedica a aquellos otros sectores que podrían crecer y no crecen porque el Gobierno no está haciendo lo suficiente para que crezcan.
Este hombre es el vicepresidente del Gobierno.
Delincuencia y terrorismo
Otro motivo de debate fue el de la inseguridad ciudadana y el fenómeno terrorista. «Hay terroristas —dijo Felipe González— con carnet de identidad a los que no se les combate ni detiene, siquiera fuera en un propósito de demostrar a la ciudadanía que se está haciendo algo». Carrillo, por su parte, dijo que «no se hace nada para cortar el tráfico de droga, cuando a veces basta ir por la calle para encontrar a los traficantes».
También en este aspecto el discurso del presidente del Gobierno fue hueco y gris. Juan María Bandrés, por Euskadiko Eskerra, exigió medidas políticas para el País Vasco, mientras Rosón —el responsable gubernamental— prefirió anunciar nuevas medidas policíacas.
Suárez lee la Constitución por segunda vez
El tema de la transformación del Estado, según prevé la Constitución en el Estado de las Autonomías, fue abordado por Suárez con mala fortuna. Suárez dijo que cuando se había elaborado la Constitución se había previsto la vía del artículo 151 para las comunidades históricas. Esta cuestión, calificada de sorprendente, crispó aparentemente al andalucista Rojas Marcos, quien, sin bridas en su caballo jerezano, quiso despachar a catalanistas y al resto de las fuerzas políticas que han luchado y luchan por conseguir la autonomía plena para Andalucía y quedarse sólo como «andaluz puro». Claro está que al señor Rojas le fallaron las extremidades para poner los estribos y se autorrevolcó tontamente.
Suárez, por su parte, dijo que «el más grave riesgo de las autonomías es la confusión que la emotividad incontrolada pueda producir. La aspiración —dijo— de crear espacios económicos propios, sometidos a unos principios de ordenación distintos a los generales del Estado, es un dislate político». Después de insistir en la unidad del espacio económico —que nadie duda— se refirió a los agravios comparativos y a los supuestos de confrontación con el Estado.
De nuevo en esta ocasión Suárez aludía a algo ya mencionado con cierta anterioridad a la fecha del debate. «Parece impensable —explicaba Alfonso Guerra a EL SOCIALISTA— que un presidente del Gobierno tenga la ceguera de decir que las comunidades autónomas no tienen que luchar contra el Estado. No es que las autonomías vayan a luchar o no contra el Estado, es que son Estado».
El jefe de la Moncloa, desde una perspectiva puramente restrictiva, reafirmó la ley del embudo por una sola vía, mientras, para conformar verbalmente a los pueblos injuriados, anunció literalmente: «Si las regiones que van a acceder ahora a la autonomía plena por el artículo ciento cuarenta y tres desean realmente dotarse de un esquema organizativo, paralelo al previsto para las regiones de restitución histórica, nada hay que lo impida».
A renglón seguido, y refiriéndose a las competencias de las comunidades autónomas, Suárez dijo que las leyes sectoriales (?) u horizontales delimitarán la igualdad para todos, para lo que sugirió, además, una lectura paralela de los Estatutos ya aprobados, lo que claramente significa una amenaza de reducir sus techos competenciales.
Así las cosas, una vez más el presidente del Gobierno demostró no sólo la carencia de un proyecto de Estado de las Autonomías, sino el carácter centralista de su supuesto proyecto.
Por su parte, Felipe González trazó las coordenadas del desarrollo autonómico en relación con la reforma de la Administración del Estado. Sin embargo, la cosmología impuesta al debate le impidió una más extensa exposición.
LUIS DIEZ
Autor
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Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.
Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.
Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.
En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.
En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.
Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.
Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.
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