A propósito de la expatriación de D. Juan Carlos. Por el Tte Coronel Area Sacristán

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Según conclusiones de Francisco Reveles Vázquez, lejos de ser bien vista por los ciudadanos, la democracia es cuestionada por el comportamiento de quienes han accedido al poder gracias al voto mayoritario relativo, en contiendas mas o menos equitativas realizadas periódicamente. Lo peor sucede cuando el representante elegido se olvida de su programa de campaña e impone uno diferente o incluso hasta contradictorio como el de Pedro Sánchez (los mandatos por sorpresa, como diría Stokes, 2001). En muchos países como el nuestro, los gobernantes no han ganado legitimidad en el ejercicio del poder, dejando muchas asignaturas pendientes y muchos problemas sin resolver, como en el espacio latinoamericano, que Pedro Sánchez toma de ejemplo, donde varios de los gobiernos llamados democráticos por las izquierdas han hecho poco por superar las condiciones de marginación social de la mayoría de sus pobladores. El comportamiento de algunos incluso ha socavado las bases de la democracia, poniendo en duda su esencia como forma de gobierno en beneficio de la mayoría, a favor del pueblo. Lo que encontramos son nuevas élites políticas (como los sandinistas en Nicaragua o la familia Kirchner en Argentina), oligarquías partidistas (como la de tres partidos en México) o liderazgos personalistas (populistas y no populistas en América Latina, como Fujimori en Perú, Uribe en Colombia, Maduro en Venezuela o López Obrador en Mexico), que autoproclamándose representantes genuinos de los intereses del pueblo, no han hecho sino satisfacer intereses específicos, no han mejorado la condición de vida de los ciudadanos, ni tampoco prometen un futuro libre de inequidad social o de control político. Con ello se ha puesto en cuestión el hecho de que exista una auténtica representación política en la forma de gobierno democrático.

Si bien la democracia es indispensable, no es suficiente para garantizar el ejercicio del poder en beneficio de todos. De manera adicional, hay que considerar el compromiso del gobierno para con los principios de libertad y de igualdad, independientemente de su orientación ideológica. Sin ir más lejos, dejando en segundo plano el tema de si la democracia debiera garantizar la igualdad social, los gobernantes españoles actuales han evidenciado severas dificultades para representar los intereses de todos los ciudadanos. Es ahí donde se inscribe la necesidad de introducir, ampliar y practicar los mecanismos de democracia participativa, herederos de la democracia antigua, caracterizada por una participación menos indirecta de los ciudadanos en la cosa pública.

Aunque no es posible conformar un gobierno de asamblea en la actualidad, sí es plausible experimentar con procedimientos como el referéndum o el plebiscito para una participación lo más directa posible de los ciudadanos en la toma de decisiones. Procedimientos con los cuales se pongan a debate temas relevantes de la agenda política nacional (sean de gobierno o del ámbito legislativo), donde haya deliberación y amplia participación ciudadana. Las consultas contribuyen a trasparentar procesos de la «caja negra» de un sistema político (Easton dixit), obligando a la exposición de criterios, motivos o fines de los gobernantes, lo cual incluso les da la oportunidad de ganar aceptación social, de sumar apoyos y, en el último de los casos, obtener la obediencia de los gobernados hoy cuestionada por una fatal gestión de los problemas que acucian a España de índole sanitaria, económica y social que son, algunos, reflejo exacto de la corrupción imperante.

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Asimismo, las consultas son un recurso sin igual para difundir información, y en el mejor de los casos, para la socialización de valores de la fuerza política gobernante (o los de sus adversarios) en un lapso corto (lo que dure el proceso de definición de una política o de una ley). Naturalmente, la opción ganadora no sólo definirá un tema, sino la propagación de valores potencialmente más allá de un periodo de gobierno. Todo depende de las estrategias de comunicación que las fuerzas triunfantes utilicen para aprovechar el proceso participativo en su propio beneficio, y también para responder mejor a las demandas o estados de ánimo de los ciudadanos en el mejor de los casos.

La difusión de información veraz sobre causas y consecuencias que pueden acarrear decisiones trascendentales puestas a consulta también es una forma de educar políticamente a las masas. Los sujetos no están dispuestos a la participación en todo momento, ni mucho menos conocen todos los elementos consustanciales para tomar una decisión gubernamental. Pero una continua exposición al debate público los hará más informados y probablemente más interesados para actuar. Asimismo, no habría que descartar la posibilidad de que los individuos ganen confianza en sí mismos y en las instituciones, y en adelante cuestionen, propongan o participen de algún modo en distintos espacios y momentos del ejercicio de gobierno. De ese modo, también habrá una contribución a la cohesión social, al sentido de pertenencia de los integrantes de una comunidad española, hoy puesta en entredicho por las fuerzas progresistas de izquierda y nacionalistas.

Vale resaltar que ciudadanos bien informados y comprometidos con su comunidad son condición sine qua non para aquellos procedimientos mediante los cuales se vota la permanencia o sustitución de los gobernantes carentes de vínculos fuertes con la sociedad, incapaces de continuar al frente del gobierno o irresponsables políticamente frente a la mayoría de los ciudadanos.

A las consultas populares se suman otros mecanismos parecidos como la iniciativa legislativa popular o las candidaturas independientes. Mediante la primera, cualquier ciudadano interesado en la propuesta de una ley tiene la atribución al menos de hacer propuestas, de participar en su debate y finalmente de pugnar por su aprobación. Ciertamente, el trámite legal le impone restricciones, pero no le impide intervenir en la deliberación, contribuyendo a transparentarlo y a evitar decisiones que pasen por encima del interés nacional. Cuando son de capital importancia, incluso se utiliza otro recurso participativo (el del referéndum) para que puedan ser aprobadas. De modo que su pertinencia siempre debe ser discutida y aprobada por diversas instancias. En suma, es un mecanismo que no evade las leyes, sino que las asume para generar otras.

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Las candidaturas no partidistas, independientes, tienen como finalidad estimular la participación ciudadana en procesos que en las últimas décadas han quedado en manos de los partidos. Recientemente, y al menos en algunos países de América Latina, ya los ciudadanos tienen la opción de la auto postulación, además de que movimientos sociales y políticos también pueden competir con sus propios abanderados. Sin ser forzosamente mejores, como la de Teruel existe, este tipo de candidaturas al menos rompen con el monopolio que antaño tenían los partidos y abren la posibilidad de airear las contiendas electorales, siempre y cuando sean efectivamente independientes y honestas.

Ya sea por decisión legal, por su relativa fortaleza o por el simple desarrollo histórico de cada país, los partidos son actores protagonistas de las democracias representativas de hoy. Pero en los últimos años, el monopolio de las candidaturas, el frecuentemente generoso financiamiento público y la acumulación en sus manos de diversas atribuciones legales, les han otorgado un poder que progresivamente ha pasado por encima de las instituciones políticas. Su papel protagonista ha provocado que estén más preocupados por salvaguardar sus intereses que por la representación de los intereses sociales. Y ello ha acarreado una crisis de representación política de la democracia difícil de superar.

Los mecanismos legales e institucionales de democracia participativa no resuelven todos los problemas que la crisis de representación política vía partidos y elecciones genera. Sin embargo, son recursos que ayudan a resarcir los daños y, sobre todo, que abren espacio para la acción social en la política, como una manera de darle mayor consistencia a la democracia. Una forma de gobierno que de cualquier manera requiere de cambios para superar falsas expectativas, promesas no cumplidas y problemas no resueltos o evadidos durante ya varias décadas.

‘VIVA LA REPÚBLICA¡ ¡VIVA EL REY¡