Puntos “calientes” de la Reforma de la Ley Mordaza. Por Miguel Hedilla

Getting your Trinity Audio player ready...

PSOE y Unidas Podemos han pactado reformar la Ley Organiza 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, apelativo que le viene por considerarse en su día por parte de la izquierda y el centro (UPyD) que podría ser limitativa de la libertad individual.

Ya al poco de su aprobación en 2015, el PSOE, Izquierda Unida y el ya desaparecido UPyD, presentaron recurso de inconstitucionalidad contra esta, sin embargo el Tribunal Constitucional en sentencia 172/2020 de fecha 19 de noviembre, declaró la constitucionalidad de la ley matizando lo relativo a las grabaciones no autorizadas a las fuerzas de seguridad.

En ese sentido el elemento clave de su constitucionalidad o no, vendría dado no tanto por la captación de imágenes sino por su uso, es decir por la difusión de estas en relación con la vida privada y familiar de las personas grabadas, bienes jurídicos tutelados por la carta magna, así como por su distribución o difusión ilícita. A lo que hay que unir la puesta en peligro cierta de la seguridad ciudadana, justificada solo por amenazas concretas y no en abstracto, así como al derecho a la información, que no es un derecho absoluto y que ha de ser ponderado, proporcional y de relevancia pública, no vulnerando otros derechos fundamentales – honor, intimidad, imagen – de especial protección de acuerdo con los requisitos establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Ahora con la reforma que se propone se pretende cambiar totalmente la Ley. Para mi todo lo que sea cambiar para mejorar me parece bien, y hay mucho por variar en la Constitución, especialmente lo relativo a las autonomías y sus competencias, sin embargo si es a peor, como es en este caso, me posiciono en contra.

En general lo que suele plantear Unidas Podemos, que casi siempre apoyan separatistas vascos y catalanes – hay que esperar a ver la postura que toman con esta reforma – suele llevar un tufillo de antiespañolismo y una carga de profundidad, irracional y demagógica, contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

El PSOE, que perdió los papeles y su posición institucional desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, teniendo antecedentes en Zapatero, está a verlas venir, pues su preocupación responde a como mantenerse en el poder al precio que sea, y poco más.

Unidas Podemos quiere derogar las “devoluciones en caliente” de inmigrantes ilegales, sin embargo El PSOE, de momento, pretende que esto se reforme en la Ley de Extranjería.

Proponen también que la retención de personas que se niegan a identificarse cuando así se les requiere no dure más de dos horas, actualmente son seis y en comisaría, teniendo además la policía que devolverlos al lugar en donde se les solicitó inicialmente la identificación.

Así mimo quieren limitar el uso de material antidisturbios, especialmente de las pelotas de goma, así como de los cacheos, declarados constitucionales en su día, siempre que fuesen externos, superficiales y con indicios racionales que permitan el hallazgo de objetos que sean relevantes en la indagación y prevención de delitos.

Pretenden también que la celebración de reuniones y manifestaciones públicas no necesiten de comunicación previa a la autoridad.

LEER MÁS: Mensaje para don Alberto Núñez Feijóo: vuelve la censura de Azaña del 31 y usted ni se entera (o no quiere enterarse). Por Julio Merino

Igualmente quieren variar la presunción de veracidad de los atestados policiales, exigiéndose para ello no solo lo que ya recoge la Ley de Procedimiento Administrativo (39/2015 de 1 de octubre) en su artículo 77.5 – Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario – sino también el que el relato de los hechos que contenga el atestado sea coherente, lógico y razonable.

Las devoluciones en caliente de inmigrantes ilegales, guardando el debido respeto y trato digno que se merece todo ser humano, me parecen de sentido común. Estoy a favor de la inmigración que sea necesaria, pero siempre legal y ordenada. El estar contra esa devolución es tanto como estar en contra de la ley y de la realidad. Otra cosa es la referida a los MENA – menores no acompañados – cuya devolución está prohibida por los tribunales europeos a no ser que se les proporcione una familia en su lugar de origen, ya sea la propia o ajena.

No obstante y a pesar de entender el enorme merito de un inmigrante que lo deja todo – familia, amigos, entorno, cultura – y emigra para ganarse el pan y llevar una vida digna, no veo por ninguna parte qué papel en ese sentido llevan a cabo los MENA que suelen ser chavales de entre 14 y 17 años que vienen solos. ¿A que vienen? Que cada cual saque sus propias conclusiones.

Respecto a la identificación de un manifestante máxime cuando su comportamiento en ese contexto haya sido más que dudoso, o insultante, o agresivo, y por lo tanto sancionable, es lo normal y lógico, siempre dentro de un tiempo prudencial, y seis horas me lo parecen, dos son como imposibles para el fin que se pretende. Lo que me parece una tomadura de pelo es que además la policía pase a ser también un servicio de taxi o Cabify.

Como ha dejado sentenciado el Tribunal Constitucional referido a la grabación de imágenes de policías – y si la reforma de la ley lo cambia nos encontraremos con su presunta inconstitucionalidad – se puede hacer, pero siempre que no se vulneren los derechos a la privacidad e intimidad de los agentes mediante la distribución ilícita de las imágenes. Sin embargo no se podrá hacerlo si esa grabación supone un riesgo verdadero para la seguridad ciudadana y colisiona con otros derechos especialmente protegidos.

La compulsión contra las personas, o lo que es lo mismo el uso de la fuerza por la policía con los medios que para ello disponga incluida las pelotas de goma, llevado a cabo limitada y proporcionalmente, es necesaria para el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. Nadie que vaya a una manifestación con intenciones no pacificas debería de poner en duda los riesgos físicos que para él pueden implicar. Quieren llegar a una situación en la que además de agredir, incendiar coches y romper mobiliario urbano, es decir delinquir, quieren tener ventajas frente a la policía. Vamos, como dicen en Valencia “per pixar y no fer gota”.

Me gustaría que alguien me explicase que tiene que hacer la policía cuando se ve atacada por energúmenos con la intención de causarles el mayor daño posible, o cuando en el cumplimiento de sus obligaciones tienen que proteger a personas, propiedades y disolver manifestaciones violentas ¿mirar para otro lado? ¿poner la otra mejilla?

LEER MÁS: Luz Belinda Rodríguez, diputada: “Mi objetivo es cerrar el Parlamento de Andalucía”

Estamos hablando de la policía no de una ONG. Y de una policía democrática, no la de una dictadura como por ejemplo la cubana o venezolana que tanto admiran en el PSOE y en Unidas Podemos. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado son los encargados, cada uno de ellos en el ámbito de sus competencias, de velar por la la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, así como de la prevención del delito y el mantenimiento del orden público.

Me parece un disparate el que no haya que comunicar a la autoridad la celebración de manifestaciones, entre otras causas porque estas suelen afectar a muchas más personas – residentes, comerciantes, viandantes, turistas, conductores -. Ello no implica que no se vayan a celebrar sino mas bien conlleva la preparación de dispositivos que garanticen su seguridad y la del resto de ciudadanos frente a las minorías que traten de convertirlas en violentas. Esa comunicación no atenta contra el derecho de reunión y manifestación que queda garantizado siempre que se lleven a cabo dentro del cumplimiento de los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional.

La presunción de veracidad de un atestado policial, que en todo caso siempre admite prueba en contrario, existe en función del principio de seguridad jurídica encontrándose limitado por la interdicción (prohibición) de la arbitrariedad de los poderes públicos, tal y como establece la Constitución en su artículo 9.3 – La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos –

El introducir como quieren PSOE y Unidas Podemos la coletilla de un relato de los hechos coherente, lógico y razonable, me parece una artimaña para burlar esa presunción de veracidad, ya que todo quedaría entonces a la consideración subjetiva del relato, originando precisamente inseguridad jurídica y arbitrariedad.

La verdad es que el gobierno se encuentra en el camino de esa reforma, ya veremos el resultado. Esta gente lo está poniendo todo patas arriba sin tener en cuenta el interés general, sino solo el suyo, de mantenerse en el poder y alterar el orden constitucional vigente, de lo cual como ya he dicho más arriba hay mucho que cambiar, pero no precisamente esta mal llamada Ley Mordaza.