Adoquines contra VOX a cuenta de los MENAS. Por Mateo Requesens

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La campaña de VOX “un MENA 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión al mes”, ha abierto la veda para tildar de nazis, fascistas y la habitual lista de improperios contra la formación verde.

Los MENAS son los menores extranjeros no acompañados, que en su absoluta mayoría han entrado ilegalmente en España. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, en 2019 ingresaron en Centros de Menores 9.727 que habían entrado ilegalmente, a los que habría que añadir otros 2.573 a los que se había concedido permiso de residencia. De todos ellos, solo se había logrado repatriar a 2. Estos datos evidencian que la realidad es que desde la administración no se hace absolutamente ningún esfuerzo para su devolución a su país de origen junto a sus familias o a los servicios de protección de menores correspondientes. Es decir, la política oficial de España consiste en asumir a cualquier precio la llegada ilegal de los MENAS, su presencia y manutención a costa del erario público en los Centros de Menores, la concesión de ayudas y posteriormente la concesión de permiso de residencia. VOX no ha dicho que se entreguen 4.700 euros al mes a los MENAS, ya sería el colmo de la estupidez, lo que ha dicho es que cuestan esa cantidad a los contribuyentes españoles.

También es innegable que presentan un alto grado de conflictividad social. Decir que, en el año 2019, los menores extranjeros fueron encontrados responsables por los tribunales españoles de la comisión de 5.910 delitos, no tiene nada que ver con el racismo. Debemos tener en cuenta que, según los datos estadísticos del INE, la población en España de menores de 19 años en 2019 era de 9.180.150 personas, de las cuales eran extranjeros 935.822, es decir el 10, 1 % del total de la población menor de 19 años, incluidos MENAS. Sin embargo, su tasa de criminalidad es notablemente superior a la de adultos extranjeros, siendo, cuando hablamos de delitos violentos, entre 5 y 6 veces superior al índice de criminalidad entre menores de 19 años nacionales. Decir la verdad en este asunto no es criminalizar a todos los MENAS, no señor, es poner de manifiesto un problema, negar el mismo o cerrar los ojos es lo propio de adoquines intelectuales y morales.

Conforme a la legislación internacional, la protección de los vínculos familiares del menor, tanto por mor del art. 8 Convenio Europeo de Derechos Humanos como por aplicación del superior interés del menor, (art. 3.1 Convención sobre los Derechos del Niño), es lo que debe primar en las políticas de extranjería respecto a los MENAS y ello, por supuesto, no significa que deban permanecer a toda costa en España como sostiene la ultraizquierda, incluido PSOE, e incluso sostiene Ayuso, que cree que lo que hay que hacer con todos es “integrarlos” en la sociedad española. Lo prioritario es su devolución a su entorno familiar y en su defecto a la sociedad de donde proceden y con la que mantienen todos sus vínculos de arraigo, garantizando su protección a través de los servicios tutelares de menores de sus países de origen.

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Pero la realidad es que esa repatriación junto a sus familias no se produce porque, en primer lugar, el MENA impide su adecuada identificación y documentación y pone todos los obstáculos posibles para localizar a sus familias (otro gallo cantará cuando ya cuente con residencia legal permanente en España y pueda invocar la reagrupación familiar). En segundo lugar, las autoridades de su país de origen tampoco colaboran de manera alguna para facilitar el retorno, y en tercer lugar, no existe ninguna voluntad seria y persistente en la administración española. Si además añadimos la hipócrita postura de Occidente sobre los países, como Marruecos, que son considerados muy soberanos para mantener relaciones bilaterales de tú a tú, pero luego se cambia de criterio cuando se trata de sus servicios de protección de menores, que en ningún caso se hacen cargo de los MENAS, la consecuencia es que el número de repatriaciones de menores de edad extranjeros no acompañados es prácticamente nula.

Denunciar que el dinero de los contribuyentes españoles se emplee, única y exclusivamente, en mantener a toda costa en España a estos MENAS y no en repatriarlos con sus familias o ponerlos bajo la custodia de los servicios de menores de sus países de origen, no es racista, ni xenófobo, ni nazi, ni cosa parecida, es de sentido común y además es lo que, conforme a la legislación internacional, se debería hacer, por el bien de los menores y también por el interés de las sociedades de acogida.