Dictadura covidiana: destruyen la inviolabilidad del domicilio. Por José Miguel Pérez

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¡Que el Estado se quiere meter en nuestros hogares! Al regazo de la infecta “nueva normalidad”, el Estado de derecho cada vez más de desecho, manifiesta su voluntad de entrometerse en el techo, las paredes y la intimidad de los ciudadanos. La Comunidad autónoma valenciana acaba de decretar la “prohibición de reuniones” domiciliarias con no convivientes.

El plan de secuestro ciudadano, supresión de libertades personales y monitorización social impone con descaro el terrorismo informativo para eclipsar, con el pretexto de la pandemia, aberraciones antijurídicas y anticonstitucionales como la impulsada en Valencia y que pretende liquidar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

Las Fuerzas de orden público y la Administración no tienen cobertura de la Constitución ni del Código penal para meterse, sin una orden judicial y sin en el contexto de la comisión de un delito, en el hogar de nadie. Pero ahora se arrogan la potestad de hacerlo. Saben que ello es un abuso exorbitante que rebasa incluso la arbitrariedad de la famosa “ley Corcuera” con la que el PSOE liquidaba la inviolabilidad del domicilio y que fue invalidada por el Tribunal Constitucional en buena parte.

Artículo 18, apartado 2 de la Constitución española: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. El pronunciamiento es claro y taxativo. Pero a los poderes corruptos, psicópatas y matonistas esto les da igual. En la práctica, el Tribunal Constitucional se ha transformado en mamporrero de las corruptelas al validar, por la vía del silencio y la callada, al ominosamente despótico “Estado de alarma”.

La Vicepresidenta valenciana Mónica Oltra ha remachado, con su verborrea sensiblera y manipuladora, que “reunirnos con nuestros seres queridos o familiares nos puede matar”. La infumable perorata que la dirigente catalanista ha soltado es más extensa, pero el resumen es ése.

Ya conocen el santo y seña de la clase política covidiana: los españoles somos los culpables, asesinos en potencia de nuestros congéneres.

La nueva normativa valenciana que aspira a poner Policías en cada acera y en cada portal domiciliario ha sido mercadeada como pan de gloria por Mónica Oltra, quién impidió durante meses, en 2016, que la acción de la Justicia cayera sobre un pederasta, su entonces marido que abusó de una niña de 13 años.

Así pues, el domicilio podrá ser violado a placer por el gobierno, pero también por los okupas. Como sabrá el lector de El Correo de España, uno de los últimos Decretos del gobierno, anunciado para “proteger a los consumidores vulnerables”, garantiza la no expulsión de todos aquellos usurpadores de bienes inmuebles no habitados que hayan irrumpido en ellos sin “violencia e intimidación” sobre las personas.

Nuestra intimidad, nuestro Patrimonio y nuestro honor, ya son vejados a discreción con marcos normativos que no resistirían el BOE en Nación seria alguna. Pero sí en una República bananera, aunque esté coronada. Pero sí en un protectorado del Nuevo orden mundial cuya Agenda de acción ideológica, llamada “Agenda 2030”, codifica el fin de la propiedad privada.

La ingeniería social de la vasta empresa de transformación que estamos viviendo lleva la marca de una Dictadura que jamás antes padecimos en nuestra Historia, salvo en el periodo de gobierno de 1931-1936, donde Estados de alarma abusivos y una “ley de defensa de la República” antidemocrática sumieron al pueblo español en un infierno liberticida, al que se asemeja el actual. Sólo que entonces las formas despóticas de la izquierda eran tal vez más agrestes y ahora son más sibilinas y vienen recargadas, además, por las grandes plutocracias internacionales interesadas en el ensayo de sumisión global que tapa nuestros rostros, secuestra nuestros hogares y aplasta nuestra libertad.