Claudiu Târziu: “El pasaporte Covid es un nuevo intento de establecer una dictadura”. Por Álvaro Peñas

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En general, los grandes medios de comunicación están haciendo todo lo posible por ocultar las masivas protestas contra la imposición del pasaporte Covid que están teniendo lugar en toda Europa. Sin embargo, a través de las redes sociales y de algunos medios libres, estos últimos días hemos podido ver manifestaciones en España, Bélgica, Italia o Rumanía. Esta última sí ha merecido la atención de algunos medios, que han utilizado los actos violentos de un grupo minoritario para entonar los cantos de sirena habituales de la “extrema derecha”, los titulares de “asalto al Parlamento” (muy de moda desde Trump) y para relacionar la violencia con las protestas contra el pasaporte Covid.

La manifestación, que tuvo lugar el pasado martes 21 de diciembre en Bucarest frente al Parlamento rumano, estaba cargada de simbolismo, puesto que ese mismo día se cumplían 32 años de las manifestaciones masivas en la capital que provocaron el fin de la dictadura del Partido Comunista Rumano de Nicolae Ceaușescu. La protesta contra la introducción del pasaporte Covid, que el gobierno rumano pretende imponer de forma obligatoria para poder acceder a los centros de trabajo, fue organizada por el partido AUR y por algunas organizaciones cívicas ortodoxas y patrióticas.

El partido AUR (Alianza para la Unión de los Rumanos) fue la gran sorpresa en las elecciones generales celebradas en diciembre del año pasado y obtuvo más del 11% de los votos, convirtiéndose en la cuarta fuerza política del país. Liderado por los copresidentes George Simion, economista e historiador, y Claudiu Târziu, periodista, AUR se define como un partido nacional-conservador y soberanista, y pertenece al grupo europeo ECR (Conservadores y Reformistas).

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Varios millares de manifestantes, cuatro mil según algunos medios, se concentraron desde primera hora de la mañana en las proximidades del Parlamento y se dirigieron hacia el edificio enarbolando banderas nacionales y con gritos de “Libertad”, “Libertad sin pasaportes” o “No a la dictadura”. La multitud bloqueó el tráfico delante y alrededor del edificio del Parlamento, pero no se produjo ningún incidente. Sin embargo, alrededor de las 11:30 horas, un grupo de entre 200 y 300 personas consiguieron acceder a las puertas del Parlamento e intentaron entrar por la fuerza, siendo rechazados por las fuerzas del orden.

Claudiu Târziu durante la protesta

Para evitar incidentes, Claudiu Târziu se dirigió a los manifestantes y pidió a todos los partidarios de AUR que se retiraran. “AUR no apoya la violencia”, exclamó el copresidente de AUR a la multitud. Su petición tuvo un efecto inmediato y más de un 80% de los presentes comenzaron a retirarse, sólo se quedaron unas pocas docenas de personas alborotadas que seguían gritando para entrar en el Parlamento. La protesta terminó pacíficamente, aunque varios manifestantes se desplazaron frente al edificio del gobierno rumano y siguieron gritando contra la imposición del “pasaporte Covid”. Los “incidentes” se saldaron sin heridos, con dos detenidos y con la imposición de multas a algunos manifestantes por hacer pintadas con spray.

Finalizada la protesta, Târziu recordó la caída del régimen comunista: “Hace 32 años, los rumanos defendieron su libertad con sangre. Esperemos que no tengamos que volver a hacerlo. El pasaporte Covid es un nuevo intento de establecer una dictadura”. Respecto a los incidentes, el dirigente de AUR fue tajante: “Forzar la entrada en el Parlamento ha sido una maniobra de provocadores que querían comprometer una protesta pacífica”. Por su parte, George Simion, calificó el pasaporte Covid de “inconstitucional” y animó a la población a “ponerse del lado de AUR, ponerse del lado de la gente que tiene razón, que quiere justicia”.

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Por el momento, la aprobación del “pasaporte Covid” está pendiente en el Parlamento debido a la fuerte resistencia de la sociedad civil. Rumanía presenta unos índices de vacunación muy bajos, un 40% de la población rumana ha recibido (las primeras) dos dosis de la vacuna y poco más de un 10% ha recibido la tercera dosis de refuerzo. El gobierno ya aumentó las restricciones en octubre, imponiendo un toque de queda para los no vacunados los fines de semana, es decir para el 60% de la población, y la aparición de la nueva variante “Ómicron” ha impulsado este proyecto de ley que pretende hacer obligatorio el “pasaporte Covid” en los centros de trabajo. Una medida dirigida imponer la vacunación y que enfrenta una fuerte oposición en el Parlamento y en las calles.