España ante el Separatismo, ¿qué hacer? Por Enrique Miguel Sánchez Motos

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La idea de España está indisolublemente vinculada a dos conceptos, Unidad y Solidaridad. En la Constitución vigente de 1978 el artículo 1 establece que “La soberanía nacional reside en el pueblo español”, no en el pueblo murciano, catalán o cántabro. Asimismo, el artículo 2, establece que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española” lo que viene a decir que al margen de esa unidad la Constitución no cabe y que habría que replanteársela totalmente y a fondo.

Asimismo, señala que “reconoce y garantiza… la solidaridad entre todas (las nacionalidades y regiones) lo que viene a decir que impedirá toda pretensión de que “cada uno se apañe con lo suyo”. El artículo 3 establece que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, lo cual obviamente no cuadra con pretender excluirla de la enseñanza como lengua vehicular. Es evidente que en la España de hoy no se ve, casi por ningún lado, la Solidaridad interterritorial que es un rotundo principio constitucional.

Por su parte la Constitución de la República de 1931 daba un refuerzo especial a la lengua común en su artículo 4 al establecer que “Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional”

Respecto al conflictivo tema de la educación, el art 50 de esa Constitución establecía que “Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Artículo y en los dos anteriores”

Vista la conflictiva y penosa situación que se sigue agravando en las comunidades que tienen otra lengua además de la lengua común, no habría estado de más que ese artículo se hubiese copiado literalmente en la Constitución de 1978. Por lo demás, la Constitución de 1931 se quedó muy corta. No utilizó los términos unidad ni solidaridad o equivalentes.

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¿A dónde hemos llegado en el momento actual? Cada vez más personas que votamos la Constitución en 1978 decimos que no es esto lo que creíamos que íbamos a crear. Cataluña es el ejemplo más grave y sangrante. El separatismo rechaza la unidad constitucional, quiere claramente la independencia, ha ido arrancando competencias adicionales para su propio interés y al margen de todo criterio solidario, tienen sus propias “embajadas” en creciente número por todo el mundo, ejercen un control totalitario de los medios mediante el uso masivo de dinero público, orientado a promover una imagen independiente y unas informaciones que tergiversan la historia de España y que corroen su presente. Fingen estar dispuestos a que España sea un Estado Federal pero no para sentirse españoles y no tener necesidad de “embajadas propias” sino para conseguir que se les asignen más fondos por habitante de los que correspondería si se les aplicara la media nacional, porque ellos son un territorio más rico. Por tanto, no engañen, no pretenden ser una nueva Texas, pues ¿qué texano renunciaría a la bandera de barras y estrellas y a su himno nacional?

En su camino hacia independencia multan por el uso del español, discriminan a los profesores en todos los niveles de la enseñanza, financian todo ese proceso con abundante dinero público, subvencionan todo tipo de chiringuitos antiespañoles y realizan una política expansionista, que está calando en los otros “países catalanes” que llegarían hasta Murcia, e incluiría las Baleares. Ya dieron un golpe de Estado contra la República en octubre de 1934 declarando el Estat Catalá. Lo han vuelto a dar de nuevo en octubre de 2017 contra la España de la Transición y lo volverán a dar en cuanto sientan que tienen fuerzas suficientes para ello, o porque las circunstancias se lo permitan. Mientras tanto siguen dedicando ingentes recursos en el exterior, no para atraer inversiones sino para engañar sobre sus fundamentos históricos, incluso hasta en las series de televisión.

Los nacionalistas, en los años 1977, 1979 y 1982, no llegaban ni al 30% de los votantes catalanes. No obstante, han ido creciendo. En las últimas autonómicas han captado el 50% del voto, si bien con un bajo porcentaje de participación de apenas el 51%. Diversos gobiernos del PSOE y PP, cuando se hallaban en minoría, mendigaron el apoyo de los secesionistas para poder gobernar y a cambio fueron cediendo competencias y posibilitaron que se apoderaran de las instituciones públicas territoriales.

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Hay que enderezar esto o España desaparecerá. ¿Cuál es la solución? No queda más remedio que aplicar, por el tiempo que sea necesario, un 155 contundente a la Generalitat, para obligarla a cumplir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el 25% y todas las demás pendientes. Hay que suprimir las embajadas catalanas; evitar toda discriminación en la enseñanza; hacer que su Administración e instituciones públicas utilicen ambas lenguas, sin discriminación alguna; que se respeten los símbolos de España; controlar a TV3 y afines para que actúen como instituciones públicas españolas y catalanas que son; derogar la norma que permite multar a quien rotula solo en español, pero no al que lo hace sólo en catalán, etc.

Además, hay que desarrollar leyes de armonización del artículo 150.3 de la Constitución que eviten que las discriminaciones se puedan seguir produciendo en el futuro en todos los ámbitos: enseñanza, unidad de mercado, seguridad social, solidaridad con los recursos hídricos, etc. Su objetivo debe ser claro: una España unidad y solidaria donde todos los ciudadanos nos sintamos hermanos.

Todo esto tiene una guinda final. La Constitución de 1931 fracasó, la de 1978 también va por mal camino. Habrá que plantearse, por aquello de que a la tercera va la vencida, una nueva Constitución que afirme de manera indudable y bien estructurada esos principios ya reiterados de Unidad y Solidaridad que permitan que una nueva España, de concordia democrática, pueda llegar a ser un referente mundial en el siglo XXI.