Las poderosas reformas laborales del franquismo contra las mentiras pijo progres de Yolanda Díaz. Por José Miguel Pérez

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El gobierno socialcomunista monta el teatrillo. El trampantojo de la “derogación” de la Reforma laboral del año 2012 le sirve para mercadear con la mentira, el tapadillo y la voluntad ilusa de muchos trabajadores engañados.

El gobierno izquierdista de España no piensa redimir a los trabajadores de la precariedad laboral ni de los contratos basura.

PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, han montado un circo cuya intención es aparentar ser los más obreristas y descamisados cuando en realidad ambos son mamporreros y cómplices de las élites empresariales más inmundas, que se apiñan en torno a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales – CEOE-. Una institución presidida por Antonio Garamendi, el ínclito personaje que hace unos meses dio su apoyo al indulto a los presos golpistas catalanes.

Las reflexiones que debemos hacernos son claras. La izquierda española metida hasta el tuétano en los grandes cenáculos capitalistas como el Foro de Davos o el Club Bilderberg, ¿va a suprimir la Reforma laboral? ¿La izquierda española defensora –como el resto de partidos parlamentarios, salvo Vox- de la aplicación de la Agenda 2030 y su acatamiento de los dictados de las grandes multinacionales, va a derogar la Reforma laboral?

¿Alguien con sentido común puede tragarse la mentira de que quienes imponen la digitalización económica forzosa, el fin del sector primario y el desmantelamiento industrial, van a eliminar la Reforma laboral?

Tal vez la eliminen, sí. Pero para sustituirla por otra peor y más perversa que la de 2012 o para efectuar ciertos maquillajes de medio pelo que para nada resarcirán a los trabajadores de los ataques que a sus derechos laborales y sociales se llevan efectuando desde 1978, y a los cuales ha colaborado la izquierda. Sí, la izquierda. La sempiterna estafadora de los obreros.

¿Sabe, lector de El Correo de España, quién impulsó las Reformas laborales más benefactoras para los obreros de España en un ambiente donde las clases trabajadoras no pagaban Impuesto de Renta, ni IVA, ni tributación confiscatoria por heredar ni Impuesto de Plusvalía atracador por vender o donar? ¡Bingo!

Las impulsó el régimen franquista.

El Fuero del Trabajo dictado en 1938 ya había marcado el espíritu social y obrerista de toda la política que desarrollaría el régimen, estimando el trabajo como un derecho inalienable del hombre basado en la dignidad y no en la mercantilización ni en la especulación propias de los sistemas económicos llamados “liberales”.

En “La libertad del hombre. Meta de la Revolución Social Española”, el que fuera Ministro de Trabajo durante 16 años (de 1941 a 1957) llamado José Antonio Girón de Velasco, relató el sentido de su política respecto a los trabajadores de España y el significado de la “libertad” anhelado por el ideal falangista: “libertad del hombre para aclamar y amar a su Patria, para mandar en su hogar, para arrojar de él las pestes que le infectaban, libertad para trabajar sin el agobio del despido injusto y para percibir para sí y para su familia un salario decente. Libertad de ponerse enfermo, libertad de envejecer, libertad de tener hijos, libertad de participar en la Reglamentación de su trabajo, libertad de defenderse ante Tribunales independientes y, finalmente, señores, libertad de ser útiles a la Patria y libertad de adquirir nuevos derechos y con ellos nuevos deberes y libertad también de poseer el inefable goce de poder cumplirlos. Libertad de responsabilidad; es decir, libertad de poder llegar a tener sobre los hombros la máxima responsabilidad del país, la del mando y libertad por tanto de saber ejercerla».

Con ese espíritu de protección laboral, en virtud de un decreto de 26 de octubre de 1956 se estableció la figura del “despido improcedente”, hasta entonces inexistente como tal en el ordenamiento jurídico español. El obrero despedido injustamente, es decir al ver quebrantados sus derechos reconocidos en el Fuero del Trabajo o en su Contrato o Convenio Colectivo, tendría derecho a la readmisión en la empresa o a un año de indemnización. El trabajador damnificado tenía derecho a elegir entre la readmisión o la indemnización. Además, corría a cargo del empresario el pago al obrero de todos los salarios correspondientes al tiempo de tramitación del expediente de despido, que se debían abonar con total diligencia.

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Con la salida de Girón de Velasco del Ministerio de Trabajo, el espíritu protector de las leyes laborales no decayó.

En el año 1973 se aprobó un texto refundido de la Ley del Procedimiento Laboral que recogía la misma regulación para el despido improcedente antes mencionada y que deba preeminencia al trabajador, pero donde se establecía, para la fijación de la indemnización por despido, una cuantía mínima de 60 días por año trabajado, con un mínimo de seis meses a abonar y un máximo de sesenta meses en caso de que el trabajador eligiera recibir la indemnización en vez de ser reintegrado en la empresa. El empresario abonaba los salarios de tramitación generados durante el tiempo de gestión del expediente de despido.

Con la llegada de la democracia, cambió drásticamente la situación. En 1980 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores. En caso de despido improcedente, el empresario tenía la facultad de elegir entre la readmisión o la indemnización al trabajador. La indemnización, además, descendía de los 60 días estipulados por las leyes franquistas a 45 días por año y el máximo de tiempo a indemnizar (se eliminaba el mínimo) se rebajaba también de 60 a 42 mensualidades.

A ello cabe sumar que la Reforma laboral socialista de 1984 parida por Felipe González y defendida como la “forma de hacer competitiva” a nuestra economía para liberarla del “lastre proteccionista del franquismo”, instauró 17 formatos de contratos temporales. El mismo Felipe González levantó, en 1994, las “Empresas de Trabajo Temporal”. Todo ello se hacía, según nos decían, para desmontar las trabas “paternalistas” del franquismo contra nuestras empresas.

Semejante cuento chino destinado a blanquear los recortes laborales así como el proceso de depredación sobre nuestra industria llamado “reconversión”, no podía ser más atrevido y cínico. Si en 1975 la industria española representaba un 37 por cien del PIB, a finales de los 80 ya había descendido a un 16 por cien del PIB.

Por todos es conocido cómo a la muerte de Franco existía pleno empleo y cómo cuando Felipe González dejó el poder en 1996, España gozaba de un 22 por cien de desempleo. Esta era “la modernidad laboral y competitiva” que prometía el socialismo.

Los recortes laborales continuaron con los otros gobiernos sucesivos. En el año 1997, y pactada por el gobierno de José María Aznar, los Sindicatos del langostino y la Patronal de los meapilas, se estableció una nueva rebaja a las indemnizaciones por despido: el despido improcedente descendió a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades para fijar la cuantía indemnizatoria. Se eliminaba, además, la obligatoriedad del pago de los salarios de tramitación por parte del empresario. Ante la declaración de despido improcedente era el empresario el que optaba por la readmisión del empleado o por abonarle la indemnización.

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En otra vuelta de rosca más, la Reforma laboral del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010, fue la que dio alas al despido a 20 días de indemnización “por razones económicas”. Los empresarios podrían despedir, acogiéndose a esta figura, no sólo cuando las compañías tuvieran pérdidas sino también cuando previeran tenerlas o ante una persistente caída de ingresos. La Reforma laboral perpetrada por Mariano Rajoy en el año 2012 fue la que permitió la generalización de esta modalidad de despido.

Muy atrás quedaban el puesto de trabajo fijo blindado por las las leyes franquistas, las “Magistraturas del Trabajo” del Estado franquista, los “enlaces sindicales” elegidos por votación en el seno de las empresas y las garantías sindicales para asegurar una protección adecuada de los trabajadores.

Muy atrás quedaba, en definitiva, el armazón legal y sindicalista que hasta 1975 había hecho posible que pagando pocos impuestos y sin la existencia de 17 Autonomías ni de 400.000 cargos políticos, los obreros tuviesen amplia protección de un Estado que hizo posible el nacimiento de la clase media: el mayor legado que el Generalísimo proporcionaba a la posteridad y que desde 1978 está en fase de desmantelamiento.

Que el gobierno pijo progre de Pedro Sánchez, con su flamante ministra vestida de Louis Vuitton y llamada Yolanda Díaz, se disfrace de obrerista y de redentor de las clases trabajadoras, es un insulto a la inteligencia y una estafa a los obreros de España.

Los sindicatos UGT y CCOO pueden estar tranquilos: las facturas falsas de la corrupción de Andalucía, así como los Rolex y el langostino seguirán siendo sus abrevaderos. El coche oficial con el que Cándido Méndez y otros líderes “sindicales” eran paseados, seguirá funcionando.

Pueden estar tranquilos los sindicatos de clase y la patronal empresarial de Garamendi; todos ellos defensores de la Agenda 2030 y del parasitarismo al pueblo español. Mediante la mentira, el paripé y el enredo sobre la Reforma laboral, el gobierno pijo progre mantendrá al pueblo español anestesiado y con debates absurdos mientras ellos continúan robando las rentas y los salarios; creando un “precariado” sobre los restos de la poderosa clase media que el General Franco había creado y que hoy desaparece.