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El tiempo suele hacer justicia y colocar a cada uno en su sitio. También aclara, a veces, sobre ciertos comportamientos inexplicable ante los retos a los que se enfrenta nuestra Nación. Ya no es secreto que la masonería dirigió, desde la transición, el convertir la justicia en la “razón última de la política”. Hay quien sostiene que la política y la configuración del Estado democrático han evolucionado al servicio del pueblo. Juzguen ustedes mismos.
En el siglo XVI se administraba la justicia en el nombre del Rey: “La justicia del Príncipe”, lo que convenía al Monarca, lo dictaban los tribunales. Hoy a toda la cúpula judicial y en todos sus órganos, además del de gestión, promoción y control, el Consejo General del Poder Judicial, lo elige el Parlamento (el Gobierno de turno con mayor o menor consenso) por el criterio de conveniencia, no de idoneidad. “Juez que ha sido delincuente, ¡qué fácilmente perdona!” sostenía Calderón de la Barca.
Eso lo sabemos todos y lo denunciamos algunos, la novedad reside en las reveladoras palabras que el ex ministro de Justicia Fernando Ledesma (1982-1989), período en que comienza a cimentarse el control político de los jueces y la ruptura de la división de poderes, pronuncia en el Casino de Madrid, hace unos años, en homenaje a Pascual Sala, conocido en los ámbitos judiciales como “Don Pascualone”. Presidente del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Supremo y magistrado del Constitucional (2004-2013), presidente desde 2011 hasta el 13. Ante un selecto grupo de comprometidos y algún despistado de relleno, Ledesma, en su largo discurso destacó las cosas que le unían a Sala, entre las que citó: su común afición a los toros y la pertenencia de ambos a la masonería”.
Además, en aquel acto en el Casino de Madrid, también se recordó que durante décadas los presidentes del Supremo han sido masones. Pascual Sala no negó en ningún momento su pertenencia a la masonería. Falta la negativa de los anteriores. Una vez más tenemos que convenir que Franco tenía razón; uno de los enemigos de la civilización cristiana y de España como nación evangelizadora, es la masonería, caldo de cultivo donde crecen los otros males que nos afligen desde hace cuatro siglos.
Con tal aseveración, y dadas las singularidades jurídicas perpetradas por “Don Pascualone” a la “obediencia debida” en los distintos órganos jurisdiccionales donde ejerció su función: Sentencia revocatoria a la del T.S. por la ilegalización de Sortu (Bildu) como partido político; revocación gravísima pues colocaba al Tribunal Constitucional como una segunda instancia casacional. O la Sentencia favorable al matrimonio homosexual que rompe todos los moldes semánticos, naturales y jurídicos.
Y corolario de su vida al servicio de la logia, viene la Sentencia 132/2013, donde casa, antes de irse y después de once años de interpuesto el recurso, con seis votos discrepantes, el recurso de inconstitucionalidad núm. 1725-2002, promovido por sesenta y cuatro Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, ocho del Grupo Federal de Izquierda Unida y seis del Grupo Mixto-separatistas-, todos ellos Diputados; mediante la cual las Universidades establecidas por la Iglesia Católica en la enseñanza y asuntos culturales, desde el Concordato de 3 de Enero de 1979, quedan sometidas a la necesidad de una Ley de reconocimiento. En definitiva, en el futuro se prohibirá la gestión, promoción y autorización de las Universidades privadas a la Iglesia Católica.
“Para mi es muy difícil, casi imposible, que exista un delito de rebelión y muy problemático, por no decir que tampoco, el de sedición” Pascual Sala dixit. Así continúa su andadura judicial el progresismo “debido”, con buena remuneración jubilar desde 2015, consultor externo en el despacho que el separatismo tiene en Madrid con Miguel Roca Junyent, y los mejores contactos en el ámbito político judicial.
Ante tales evidencias de “influencias”, sería muy importante investigar la incidencia masónica en la promulgación de la Constitución; en el Estado Autonómico del que recientemente se ufanaba Clavero Arévalo; en el desmantelamiento del Ejercito iniciado por Gutiérrez Mellado y culminado por Chacón, con ininterrumpida obstinación en todos los gobiernos; en el desmantelamiento y entrega de los empresarios y trabajadores a la burocracia inútil y el sindicalismo corruptor de tinte mafioso; en la enseñanza pública laica y antinacional; en el control de la economía improductiva y venta a las multinacionales de las productivas, estratégicas y esenciales para el desarrollo y soberanía de la Nación; en el control de los medios de comunicación y de sus contenidos; en el fomento del separatismo con anuencia política, nula reacción y plena tolerancia de quienes están llamados, por razón del cargo, a impedirlo; y en la enseñanza publica y laica, cuyos contenidos y evaluaciones distan mucho de los saberes convenientes al desarrollo humano.
La ley de Memoria Histórica, pronto sustituida por otra con nombre más enmascarado, pero igual de perniciosa, es de inspiración claramente masónica, como acredita la transversalidad de sus promotores y consentidores. Con total impudicia, la derecha que gobernaba mayoritariamente renegó públicamente, en 2003, de sus padres y abuelos en la anti-histórica aseveración de que Las Brigadas Internacionales fueran defensoras de la libertad, concediéndoles la nacionalidad española en premio. Aquellos polvos… trajeron estos lodos. Resulta inexplicable como no fue recurrido al Constitucional el Real Decreto de la profanación de la tumba de Franco por parte del PP, cuando lo había prometido. O la razón por la que Rajoy no deroga la referida Ley, cuando gobernó 8 años con mayoría absoluta.
En fin, el que quiera ver que vea; el quiera oír que oiga; el que quiera callar que otorgue, pero no se queje, pues la cobardía y el apaciguamiento, si comporta renuncia al imperio de la ley en un estado de derecho, a principios inalienables e imprescriptibles puestos por Dios en el ADN humano, desde su crucifixión, sólo nos quedará el sufrimiento, la miseria, la arbitrariedad, la injusticia, la indignidad y la muerte, aunque sea metafórica y en vida.
Es imposible que una sociedad avance sin virtud, sin el conocimiento de los fundamentos de su pasado, que han hecho posible el presente y viable el futuro, como enseñanza de lo que puede o, no, hacerse.
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