La reapertura de colegios: otra ocasión perdida. Por Santiago Molina García

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Desde que cerraron las escuelas el pasado mes de marzo he publicado en diferentes medios de comunicación artículos cuyo único objetivo consistía en ofrecer medidas pedagógicas (siempre basadas en investigaciones rigurosas) para llevar a cabo una reforma posibilista de nuestras escuelas con un doble propósito: compensar el terrible daño causado a los niños y adolescentes como consecuencia del aprobado general que irresponsablemente concedió el gobierno al finalizar el curso pasado, y planificar el año escolar 2020-21 de tal forma que todos los alumnos se beneficiaran de una enseñanza presencial de mejor calidad que la tradicional, minimizando al máximo la posibilidad de la infección vírica, combinada con una enseñanza online de calidad. Además, a finales del mes de junio publiqué el libro titulado “la escuela en tiempos de pandemia”, en el que ampliaba los planteamientos pedagógicos contenidos en esos artículos. Viendo los protocolos de actuación aprobados por los responsables políticos de nuestro país, se comprueba que ni una sola de mis recomendaciones ha sido tenida en cuenta. Mi primera intención fue dedicar este artículo a comentar las alternativas pedagógicas aprobadas por las autoridades políticas para el nuevo curso escolar, pero me resulta imposible hacerlo porque en este ámbito han decidido que todo siga como hasta ahora, tal y como lo demuestra el hecho de que no hayan anunciado ni una sola reforma innovadora pedagógicamente hablando. Por desgracia, a la vista del proyecto presentado por el gobierno para la aprobación de una nueva ley de educación, tampoco cabe esperar que tenga la intención de mejorar la baja calidad de nuestro sistema educativo en un futuro próximo.

En la situación tan excepcional en que nos encontramos hubiera sido imprescindible implementar medidas tan necesarias como éstas: modificación del actual currículum oficial para permitir una mayor globalización, transversalidad e individualización en la aplicación del mismo; contratación de un número suficiente de expertos en psicopedagogía y en el tratamiento de los problemas del lenguaje, con el fin de recuperar al alumnado que no superó los objetivos curriculares mínimos en el curso pasado y de atender debidamente a los alumnos con algún tipo de discapacidad (estos niños son los grandes olvidados, tanto en lo que respecta a las medidas aprobadas para el inicio de este curso escolar, como en la nueva ley de educación proyectada); contratación de un número de profesores ayudantes, equivalente al del profesorado titular, para rebajar significativamente el número de alumnos por cada profesor y poder implementar la enseñanza colaborativa, también denominada enseñanza en equipo; firma de un protocolo de colaboración con los gabinetes y clínicas privadas para reforzar la atención psicológica y rehabilitadora que dejaron de recibir los niños con discapacidad durante el cierre obligado de los colegios de educación especial; contratación, como mínimo, de un profesional sanitario en cada colegio, no solo para responsabilizarse de las medias a tomar en caso de contagio, sino también para reforzar en el alumnado los hábitos de protección de la salud; formación intensiva del profesorado para afrontar con éxito los nuevos retos tecnológicos; adecuación y transformación de los espacios para una organización pedagógica mucho más flexible e individualizada; potenciar y facilitar la enseñanza en casa (home schoolling), que nada tiene que ver con tener encerrados en casa a los niños, recibiendo exclusivamente enseñanza por parte de algún profesor particular o de algún familiar, sino en organizar potentes redes telemáticas de apoyo pedagógico, psicológico y social, junto con acciones educativas presenciales en museos, naturaleza o en otros contextos productivos; y, sobre todo, diseñar un plan alternativo de formación online para que, en el supuesto de que haya que cerrar otra vez todos los colegios, el profesorado no se limite a mandar actividades a los alumnos o a copiar de acá y de allá los materiales informáticos que proporcionan las editoriales, sino que garantice que todos los alumnos logren, como mínimo, los mismos estándares de calidad y de desarrollo intelectual que con la enseñanza presencial.

Como indica el sentido común, esas soluciones tenían que haberse tomado a lo largo de abril, mayo y junio, con la participación de todos los agentes educativos implicados (expertos, profesorado, sindicatos, patronal y familias), con el fin de haber aprovechado el verano para planificarlas de forma sosegada. Según las declaraciones de la ministra y de los responsables regionales de la educación, los meses del verano los han dedicado a estudiar alternativas de tipo sanitario, con el objetivo de minimizar al máximo las posibilidades de contagio masivo al coronavirus. Personalmente, dudo de que eso sea cierto, pues de haberlo sido las veintinueve medidas que, según la ministra de educación, consensuaron las autoridades regionales y la central, hubieran sido mucho más racionales y lógicas que las contradictorias ocurrencias que han diseñado para que después cada gobierno regional las aplique como le venga en gana. Si se leen esas medidas dejando de lado todo tipo de sectarismo, da la impresión de que lo único que pretenden es transformar las escuelas en sanatorios infantiles, regidos por profesores y no por personal sanitario como sería lógico. Por eso, me resulta muy difícil entender cómo el profesorado ha aceptado esa responsabilidad sin protestar. La única explicación que se me ocurre es que esa aceptación es el pago por haber regalado el gobierno a los profesores uno de los logros más ansiados por los sindicatos del sector: que todo el profesorado trabaje en jornada laboral continua.

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Obviamente, no soy experto en temas de salud pública y, por tanto, no voy a alabar ni a criticar esas medidas. Ahora bien, no me parece que haya que ser un profesional sanitario para darse cuenta de que algunas de las ocurrencias aprobadas no tienen ni pies ni cabeza. No creo que haya ningún dato científico que demuestre que por las mañanas hay menos posibilidades de contagiarse que por las tardes. Por ello, no tiene ninguna justificación sanitaria concentrar todas las clases por las mañanas. Tampoco creo que alguien pueda encontrar un solo argumento científico que demuestre que los estudiantes se contagian menos asistiendo a los institutos solo en días alternos. Por eso, lo lógico es que todos los alumnos de secundaria asistan al instituto diariamente: la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Por supuesto, esto implicaría reducir algunas horas de clases presenciales a la semana, con el consiguiente peligro de afectar negativamente a los estudiantes más retrasados. Sin embargo, ese problema quedaría perfectamente resuelto mediante la atención psicopedagógica individualizada de ese alumnado, bien de forma presencial, bien de manera online.

A la vista de esas ocurrencias sin base científica y teniendo en cuenta las continuas y enormes contradicciones en que han caído las autoridades educativas desde marzo hasta hoy, no es de extrañar que muchas familias estén asustadas y que, por lo tanto, se nieguen a mandar a sus hijos a la escuela, optando por contratar canguros y profesores particulares para que atiendan a los niños en el domicilio, o por quedarse en casa alguno de los progenitores a costa de contar con menos ingresos familiares. Como dije anteriormente, esta opción debería ser facilitada por parte de los gobiernos regionales y del central, al menos hasta que haya alguna vacuna eficaz. En cambio, todos los gobernantes, independientemente del partido político al que pertenezcan, están tratando de amenazar a las familias, aun siendo conscientes de que no tienen ninguna credibilidad social ni ética, ya que han sido los responsables directos de que España ocupe los últimos lugares en lo que se refiere a la gestión de esta pandemia. Al parecer, ya se ha creado una asociación de familias, dispuestas a defenderse de las sanciones que les puedan caer encima, de lo cual me congratulo. Ahora hace falta que surjan gabinetes de abogados que estén dispuestos a defender a esas familias ante los tribunales de justicia cobrándoles lo mínimo posible.

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