Hoy hace 85 años: Así fue el “pucherazo” de la izquierda que le dio el poder al Frente Popular en 1936. Por Julio Merino

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Los profesores y catedráticos Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García descubren en su libro “1936: Fraude y Violencia” la trampa que hizo la Izquierda para conseguir los 50 diputados más que le dieron el triunfo.

El relato del recuento de las últimas Elecciones Generales anteriores a la Guerra Civil es la demostración clara y rotunda de la ilegalidad del Gobierno del Frente Popular

Hoy hace 85 años (o sea, el 16 de febrero de 1936) se celebraron las últimas Elecciones de antes de la Guerra Civil. Las que le dieron el triunfo al Frente Popular. Fueron unas elecciones de guerra, porque durante la campaña electoral de 20 días hubo 41 muertos y 80 heridos de gravedad. La violencia se instaló en las calles y los comicios adquirieron un carácter plebiscitario en un ambiente viciado, radicalizado, polarizado y caníbal. En realidad, fueron unos comicios en pie de guerra en los que parecía ventilarse el futuro de la República. Como lo demuestran las declaraciones de unos y otros:

Largo Caballero: “Si triunfan las Derechas tendremos que ir forzosamente a la Guerra Civil y no se hagan ilusiones las Derechas, ni digan que esto son amenazas, pues ellos ya saben que nosotros no decimos las cosas por decirlas” (Alicante, 25 de enero)

Calvo Sotelo: “Una gran parte del pueblo español, desdichadamente una grandísima parte, piensa en la fuerza para implantar el Imperio de la barbarie y de la anarquía. Pues bien si quieren guerra, tendrán guerra” (Madrid, 12 de enero)

José Antonio Primo de Rivera: “La Falange no acatará el resultado electoral. Si el resultado de los escrutinios es contrario, peligrosamente contrario a los eternos destinos de España, la Falange renegará con sus fuerzas las actas del escrutinio al último lugar del menosprecio” (Madrid, 2 de febrero)

Bien, pues para recordar a los lectores de hoy lo que fueron aquellas elecciones me voy a limitar a reproducir dos textos que lo dicen todo:

El informe que escribió Javier Redondo en “El Mundo” el 12 de marzo de 2017 y 2. Lo que yo mismo escribí en el capítulo 4.2 de mi libro “El otro Franco”. Ustedes juzguen.

Desgraciadamente, las elecciones del domingo en Cataluña, aunque no se puedan comparar al detalle, nos hacen pensar que la Historia puede repetirse.

EL “PUCHERAZO” DEL 36

Javier Redondo

(Publicado en Diario El Mundo, 12/03/2017)

Actas con raspaduras y dígitos cambiados para añadir más votos que los reales a los candidatos del Frente Popular en Jaén, donde hubo urnas con más votos que votantes; recuento adulterado gravemente en La Coruña; fraude en Cáceres, Valencia -con escrutinios a puerta cerrada sin testigos- o Santa Cruz de Tenerife, donde «la victoria oficiosa del centro-derecha se convirtió en un corto triunfo del FP, que se anotó los cuatro escaños de las mayorías; desvíos de votos en Berlanga, Don Benito y Llerena para perjudicar a la CEDA… Al menos el 10% del total de los escaños repartidos (lo que supone más de 50) no fue fruto de una competencia electoral en libertad, sostienen Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, los autores de ‘1936: Fraude y Violencia’. El libro supone, según el historiador Stanley G. Payne, «el fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX». «España se ha vuelto Coruña», dejó escrito Niceto Alcalá-Zamora para referir cómo se generalizó lo ocurrido en La Coruña, que para el ex presidente de la República ejemplificaba «esas póstumas y vergonzosas rectificaciones» acontecidas con las actas electorales. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno.

Tras un meticuloso empeño detectivesco, consultar y desempolvar los archivos y actas, una a una, de cada provincia, además de otras fuentes primarias -memorias y prensa-, los prestigiosos historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han reconstruido, casi minuto a minuto, el relato del recuento de las últimas elecciones generales anteriores a la Guerra Civil. Y publican, por primera vez, tras consultar todas las actas, los resultados oficiales de las elecciones del 16 de febrero de 1936, que pasaron a la historia como las de la gran victoria del Frente Popular y situaron a Manuel Azaña al frente del Gobierno de la II República. No sólo confirman que la derecha se impuso por 700.000 votos en el conjunto de España, sino que explican los casos más escandalosos de fraude.

Vuelcos increíbles y recuentos de papeletas interrumpidas. Papeletas que aparecen a última hora, en bloque y a veces en sobres abiertos, para decantar el resultado en una mesa. Otras con tachaduras, borrones y raspaduras… En La Coruña, Orense, Cáceres, Málaga, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Granada o Cuenca ocurrieron cosas muy raras. Todas influidas por una circunstancia sabida pero que ha pasado relativamente desapercibida: en mitad del recuento -que ocupaba varios días- dimitió el Gobierno de Portela -a quien los autores responsabilizan en gran parte del desaguisado-. El nuevo Gobierno, «sólo de Azaña», como diría el presidente de la República, Alcalá Zamora, para subrayar que lo integraban figuras secundarias de la Izquierda Republicana y Unión Republicana, condicionó las horas decisivas del escrutinio.

Las elecciones de febrero de 1936 fueron limpias; la campaña, muy sucia. Se cerró, precisan los autores, con 41 muertos y 80 heridos de gravedad. La violencia se instaló en las calles y los comicios adquirieron un carácter plebiscitario en un ambiente viciado, radicalizado, polarizado y caníbal. Fueron unos comicios en pie de guerra en los que parecía ventilarse el futuro de la República.

Ahora el libro de los historiadores y expertos en el periodo Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, que recogen en la obra 1936. Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa), descubre la verdad de lo ocurrido. Se trata de una mastodóntica y absolutamente novedosa investigación que, como subraya el hispanista Stanley Payne, pone fin a uno de los «grandes mitos políticos del siglo XX».

Porque los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (Álvarez imparte allí Historia del Pensamiento Político y Villa, Historia Política) desmontan leyendas construidas en torno a la victoria de las izquierdas. Lo que sucedió durante los días posteriores a la votación no fueron manifestaciones de entusiasmo, celebración y alborozo de simpatizantes del Frente Popular, sino prácticas coactivas y de intimidación organizadas e instigadas por las autoridades interinas provinciales, que aprovecharon el cambio repentino de Gobierno el día 19. Se extendieron por todo el país, generaron un clima de inseguridad jurídica en torno al recuento e influyeron en los resultados finalmente admitidos.

Los autores, además de publicar por vez primera los resultados oficiales de aquellas elecciones, identifican los casos de fraude, falseamiento y manipulación. Detallan caso a caso, vuelcos inexplicables y recuentos interrumpidos; papeletas que aparecen a última hora, en bloque, para decantar el resultado en una mesa y otras con tachaduras, borrones y raspaduras. Demuestran que algo más del 10% del total de escaños de esas nuevas Cortes, más de 50, no fue fruto de una libre competencia electoral.

Nunca hubo un acta única con los resultados oficiales. Las Juntas Provinciales informaban del recuento a la Central, que lo trasladaba al Congreso. El cómputo final debía aparecer en los anuarios estadísticos del año siguiente. No fue así. Hasta el momento, los historiadores hacían proyecciones sobre la base de la relación entre las cifras publicadas en prensa y la asignación final de escaños.

El fraude fue directamente promovido o pasivamente respaldado por las autoridades provinciales interinas del Frente Popular, que obraron con total impunidad y pudieron hacerse con la documentación electoral tras el cambio de Ejecutivo, hecho que propició la dimisión de los gobernadores civiles y presidentes de Diputación o simplemente su expulsión o detención -en algunos casos para preservar «su seguridad»-. Por supuesto, la ola de violencia desatada entre los días 16 y 19 precipitó los acontecimientos. En algunos lugares los alborotadores obligaron a las autoridades de un hospital de leprosos a dejar marchar a los enfermos.

Las elecciones se falsearon fundamentalmente en mesas de Málaga y Santa Cruz de Tenerife, donde hubo de repetirse la votación. Aunque sin la fiscalización y presencia de apoderados de centristas y representantes de las derechas. Fueron, según se desprende del nuevo libro, una auténtica farsa.

El día 20 debían abrirse de nuevo 57 colegios de la capital malacitana. Se disputaban nada menos que 29.000 votos. Los resultados del día 16 favorecieron con holgura al FP. Por eso resulta un misterio que la coalición cambiara de candidato (práctica legal), el socialista Luis Dorado, que tenía que sacar 13.000 votos de diferencia respecto del cedista para asegurar su escaño. Militantes del FP ocuparon en la víspera la sede del Gobierno Civil y sustituyeron al gobernador por un concejal afín. Lo mismo hicieron en el Ayuntamiento y la Diputación. El nuevo gobernador clausuró las sedes de la CEDA y Falange y detuvo a varios afiliados. Finalmente, el cedista Emilio Hermida retiró su candidatura (lo que no impedía que fuera votado). Hubo disturbios y tiroteos, pero votó todo el mundo: unos 29.000 censados. Casi 28.000, al socialista Dorado.

En Santa Cruz de Tenerife el triunfo parecía asegurado para el representante de centro-derecha, que llevaba, según el Gobierno Civil y a falta de abrir los últimos colegios, una ventaja de 11.000 votos. El centrista Félix Benítez de Lugo, dándose por vencedor, pidió el voto por las candidaturas republicanas para frenar a socialistas y comunistas (el sistema electoral era de lista y mayoritario en circunscripciones plurinominales).

El día 19 se produjo un giro inesperado: candidatos del FP invitaron al gobernador a dejar su puesto. La razón era sencilla: no tenía sentido que siguiera en él si su Gobierno había dimitido. Ugetistas, cenetistas y miembros del FP exigieron a Azaña en varias ciudades la apertura de cárceles para liberar a los «presos sociales» y la entrega a las izquierdas de los ayuntamientos, esto último para impedir que la derecha alterase los resultados. El día 20 se declaró el estado de guerra en la ciudad. El candidato radical se retiró. Proclamada una huelga general, las elecciones no se celebraron. No obstante, en ocho de nueve colegios aparecieron las papeletas del FP: 3.700 votos fantasma que contribuyeron, junto con otras manipulaciones de las actas, a dar un vuelco al resultado de la provincia.

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También tenían que votar el día 20 los electores del pueblo jienense de Alcaudete. Acudieron a las urnas mientras la Junta Provincial procedía al escrutinio. Total, que las izquierdas se impusieron en ese feudo de tradición conservadora por 599 a 0. En Linares aparecieron urnas sin precintar y en cinco de la provincia había más votos que votantes censados. Asimismo, en Valencia, La Coruña o Cáceres se rompieron o interceptaron urnas.

En Valencia las fuerzas estaban igualadas. El cambio de Gobierno precipitó un aparatoso recuento de 21 municipios: las izquierdas ganaron por 400 votos, los suficientes. La Junta Provincial se negó a un recuento oficial, porque «ya se había hecho a puerta cerrada».

En La Coruña el cómputo se prolongó hasta el día 24: los resultados de 188 actas no se correspondían con las certificaciones de las mesas. «España se ha vuelto Coruña», escribió Alcalá Zamora. Allí las autoridades interinas exigieron la presentación inmediata de las actas de 56 colegios y amenazaron con una huelga general si no se encontraba una solución «satisfactoria para las izquierdas». Los candidatos de las derechas fueron arrestados por un día acusados de fraude.

Y en siete municipios de Cáceres la documentación llegó a la Junta Provincial con el lacrado roto y los sobres abiertos. En cinco mesas desapareció el acta de la votación. Los investigadores ilustran con muchos ejemplos de maniobras similares que el cambio de autoridades modificó el reparto final de escaños. Interrumpieron el recuento donde la contienda estaba más ajustada.

El día 20, cuando se reunían las Juntas Provinciales, el procedimiento para introducir confusión fue parecido en muchos sitios: las izquierdas denunciaban a las derechas por manipulación y fraude, impugnaban los resultados e incluso detenían a sus representantes. Hasta ese momento, la mayoría del FP sólo se daba «por supuesta».

El propio Portela, cuyo escaño por Pontevedra estaba en el aire, rehusó avanzar resultados antes del día 20. Algunas embajadas adelantaban el día 18 un empate, lo cual convertía en decisiva la segunda vuelta, que a la postre fue irrelevante, a pesar de tener que realizarse en un buen número de provincias. Las izquierdas pusieron en marcha su aparato propagandístico: el FP «no se dejaría arrebatar la victoria»; «¿Tienen el mismo valor, políticamente, el medio millón de sufragios logrados en Madrid y Barcelona que los 50.000 arrancados a los campesinos palentinos por el caciquismo?». Las consignas del PCE iban dirigidas al nuevo Gobierno, cuyo deber era ajustar las Cortes, «desembarazadas de impurezas», a las preferencias electorales, que nada tenían que ver con las de «un capitán de industria como March».

Las izquierdas no estaban dispuestas a admitir un escrutinio que no les otorgara la victoria. Según el estado de opinión que se creó, partiendo con la ventaja adquirida, cualquier vuelco durante el escrutinio era fraudulento. El FP se impondría en número de escaños, pero estaba en juego la mayoría parlamentaria suficiente: 240 asientos.

¡Bingo!, obtuvieron más de 50 escaños de manera dudosa. Los números salieron tras el cambio de Gobierno, pues antes de esa fecha y en los dos primeros días de recuento, los datos de Alcalá Zamora, Azaña y el embajador británico coincidían: entre 216 y 217 diputados para el FP. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno. En total había 473 escaños en liza.

El Gobierno de Azaña era legal y legítimo, pues correspondía al presidente disolver y nombrar otro, pero su «inteligencia política» no sale bien parada. Este libro precisa todo lo que ocurre en esos cuatro días. El 19 lo cambió todo. Tras la «huida» de Portela, el FP se hizo con el poder local, hecho decisivo para condicionar el recuento y crear una atmósfera intimidatoria. Los desórdenes no se produjeron como reacción a los rumores de golpe sino para asegurar una mayoría parlamentaria al FP. El Estado de Derecho quedó de facto suspendido.

La tarea que han hecho Tardío y Villa es prodigiosa. Para demostrar el fraude han seguido un escrupuloso método de verificación de los aspectos legales y formales de las elecciones. Después han comparado votos escrutados en las mesas y los resultados proclamados por las juntas -aquí está la madre del cordero del falseamiento-. Y por último, han analizado la justificación de las impugnaciones.

Han sido más de cinco años de investigación. No recurren a documentos secretos. Todos son públicos. Había que expurgarlos, ordenarlos y construir el puzle. La mayoría de los papeles no habían sido consultados antes. Los autores han recorrido España y han escudriñados los archivos del Foreign Office, el Quai d’Orsay y el archivo del Vaticano para contar desde distintos ángulos seis meses decisivos en la historia de España, desde diciembre de 1935 hasta la primavera del 36.

Los autores testan la calidad democrática de la República y sostienen que la CEDA resistió electoralmente. Demuestran que había una sólida base sociológica para construir una República inclusiva. Por desgracia, sostienen en conversación con Crónica, «la estrategia del Frente Popular en la discusión de las actas en el Congreso y el hecho de que la izquierda republicana, con Azaña a la cabeza, no se plantara ante el radicalismo socialista, fue lo que una vez más dinamitó los puentes de diálogo con la oposición conservadora. Eso constituyó un duro golpe para la consolidación de la joven democracia republicana«. En todo caso, no dan pábulo a las tesis revisionistas que proyectan determinados acontecimientos sobre el Golpe del 36. Cuentan hechos desnudos, con máximo rigor y sin prejuicios. Muy pocas veces se puede decir de un libro que es definitivo. 1936. Fraude y Violencia lo es.

ANTE EL ABANDONO Y LA HUIDA DEL GOBIERNO

Y llegaron las elecciones de febrero de 1936… si es que aquello fue un acto electoral. Porque cantado estaba que cualquiera que fuese el resultado de las urnas, la Guerra Civil era inevitable.

El Frente Popular lo había dicho muy claro por boca del líder socialista Largo Caballero: «Si triunfan las derechas no habrá más remisión: tendremos que ir forzosamente a la guerra civil declarada. No se hagan ilusiones las derechas, ni digan que esto son amenazas; son advertencias… y ya saben que nosotros no decimos las cosas por decirlas» (Alicante, 25 de enero).

El Bloque Nacional, igual, por boca del líder derechista Calvo Sotelo: «Se predica por algunos la obediencia a la legalidad republicana; más cuando la legalidad se emplea contrala Patria y es conculcada en las alturas, no es que sobre la obediencia, es que se impone la desobediencia, conforme nuestra doctrina católica desde santo Tomás al padre Mariana. No faltará quien sorprenda en estas palabras una invocación indirecta a la fuerza. Pues bien, sí, la hay… Una gran parte del pueblo español, desdichadamente una grandísima parte, piensa en la fuerza para implantar el imperio de la barbarie y de la anarquía… Pues bien, para que la sociedad realice una defensa eficaz, necesita también apelar a la fuerza. ¿A cuál? A la orgánica; a la fuerza militar puesta al servicio del Estado… » (Madrid, 12 de enero).

Y José Antonio Primo de Rivera, todavía más claro: «La Falange no acatará el resultado electoral. Si el resultado de los escrutinios es contrario, peligrosamente contrario a los eternos destinos de España, la Falange relegará, con sus fuerzas, las actas del escrutinio al último lugar del menosprecio» (Madrid, 2 de febrero).

Bueno, el hecho es que el domingo 16 de febrero las urnas dieron la mayoría al Frente Popular, aunque muchos de los votantes -como dijera Unamuno- se arrepintiesen nada más hacerlo. El hecho es que España, o mejor dicho las dos Españas, iniciaban la recta final hacia la Guerra Civil…

***

Sin embargo, y antes de que Alcalá Zamora le entregase el poder a don Manuel Azaña, aquellos tres días fueron decisivos y vitales para la República y la legalidad vigente. Aunque ¿quién se acordó en aquellos momentos estelares de la legalidad o dónde estuvo la legalidad desde la noche del 16 a la tarde del día 19?… Porque ¿fue legal al escrutinio de los votos y el posterior reparto de diputados?, ¿fue legal el comportamiento del presidente del Gobierno, señor Portela, abandonando su puesto casi por la puerta trasera?, ¿fue legal toda la actuación del presidente de la República, don Niceto?

***

Pero, veamos, aunque sea muy de pasada, la película de los hechos.

Todo comenzó, naturalmente, en cuanto comenzaron a llegar los resultados electorales y se vio que podría ganar la izquierda revolucionaria. En la madrugada del domingo al lunes Gil Robles saca de la cama al presidente del Gobierno para decirle, entre otras cosas, esto: «Aún es tiempo, Portela, aún es tiempo… Tiene usted en sus manos los principales resortes del mando… Esos teléfonos bastan… Ellos le ponen en comunicación con las Capitanías Generales y con los Gobiernos Civiles de toda España… Prepárese a cualquier eventualidad, y empiece por declarar inmediatamente el estado de guerra.» Minutos más tarde el presidente del Gobierno despierta al presidente de la República, quien sólo autoriza el Estado de alarma. Gil Robles despierta a Franco. Franco despierta al ministro de la Guerra, general Molero. El ministro no sabe qué hacer («¿Y qué cree usted que puedo hacer?»). Franco habla con el general Pozas, inspeetor general de la Guardia Civil, para orquestar la defensa del orden y la legalidad…

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Según cuenta el historiador Joaquín Arrarás, que cita como fuente el relato que le hizo el propio general Franco, entre ambos generales se produce el siguiente diálogo:

***

FRANCO: -Te supongo enterado de lo que sucede.

POZAS: -No creo que pase nada…

FRANCO: -Por eso te llamo para informarte de que las masas están en las calles, y en orden a la revolución, unas consecuencias que no están implícitas, ni mucho menos, en el resultado, y me temo que aquí y en provincias van a comenzar los desmanes, si es que no han comenzado ya…

POZAS: -Pero creo que tus temores son exagerados.

FRANCO: -Ojalá suceda así, mas por si no lo son TE RECUERDO QUE VIVIMOS EN UNA LEGALIDAD CONSTITUIDA QUE YO ACEPTO, Y QUE NOS OBLIGA, AUNQUE PARTICULARMENTE SEA CONTRARIO A ESTE SISTEMA, A ACEPTAR EL RESULTADO DE LAS URNAS. Mas todo lo que sea rebasar el resultado un solo milímetro, ya es inaceptable por virtud del mismo sistema electoral y democrático.

POZAS: -No será rebasado, te lo juro.

FRANCO: -Creo que prometes lo que no podrás cumplir. Mas eficaz sería que las personas de responsabilidad y las que ocupamos determinados puestos al servicio del Estado y del sistema constituido, estableciéramos el contacto debido para que la masa no se rebase…

POZAS: -Vuelvo a decirte que la cosa no tiene la importancia que le concedes. A mi parecer lo que ocurre es sólo una legítima expansión de alegría republicana. No creo que haya fundamento para temer nada grave…

(Reproducido de Las Memorias de Gil Robles).

***

Es decir, que Franco se aferra a la legalidad constituida, aunque particularmente sea contrario a ella y al sistema.

Como ocurrió en diciembre cuando el hecho ya relatado de Gil Robles y Alcalá Zamora… ¡ni está con unos ni está con otros!

Al día siguiente, 17 de febrero, efectivamente los simpatizantes del Frente Popular se echaron a la calle y provocaron los primeros enfrentamientos (sobre todo por la reapertura de las Casas del Pueblo y la puesta en libertad de los presos Wenceslao Carrillo, de Francisco y Hernández Zancajo)… Madrid era una olla a punto de estallar.

Aquella misma mañana se acordó en Consejo de Ministros la proclamación del Estado de alarma en toda España y Portela quedó autorizado por Alcalá Zamora para declarar el Estado de guerra donde considerase y fuese necesario.

Fue entonces, al terminar el Consejo, cuando Portela comunicó a Franco lo acordado y le autorizó para hablar con los capitanes generales de las divisiones orgánicas y, según las circunstancias, tomar decisiones… El «Estado de guerra fue proclamado en Zaragoza, Valencia, Oviedo y Alicante para reprimir -son palabras de Gil Robles- la locura colectiva de las masas, que incluso liberaron a los leprosos de Fontilles».

Sin embargo, el presidente de la República dio marcha atrás y Portela y Franco tuvieron que dejar la situación en Estado de alarma… Claro que Franco, entonces, se fue a ver al presidente del Gobierno, señor Portela, para hacerle ver la gravedad de los acontecimientos… Fue en esta entrevista, al parecer, donde se cruzaron estas palabras:

***

– Ya no soy jefe de Gobierno. Acabo de dimitir -dijo Portela.

Franco sorprendido por aquella revelación, exclamó con energía:

– ¡Nos ha engañado, señor presidente! Ayer sus propósitos eran otros.

-Le puedo jurar -replicó Portela- que no les he engañado. Yo soy republicano pero no comunista y he servido lealmente a las instituciones en los gobiernos de que he formado parte o presidido. No soy un traidor. Yo le propuse al presidente de la República la solución; ha sido Alcalá Zamora quien se ha opuesto a que se declarase el Estado de guerra.

– Pues, a pesar de todo, y como está usted en el deber de no consentir que la anarquía y el comunismo se adueñen del país, aún tiene tiempo y medios para hacer lo que debe. Mientras ocupe esa mesa y tenga a mano esos teléfonos…

Portela interrumpió:

– Detrás de esta mesa no hay nada.

– Están la Guardia Civil y las Fuerzas de Asalto…

– No hay nada -replicó Portela-. Ayer noche estuvo aquí Martínez Barrio. Durante la entrevista penetraron los generales Pozas y Núñez del Prado, para decirme que usted y Goded preparaban una insurrección militar. Les respondí que yo tenía más motivos que nadie para saber que aquello no era cierto. Martínez Barrio me pidió que me mantuviese como fuera durante ocho días en el Gobierno. Querían, sin duda, que la represión de los desórdenes la hiciera yo. También me dijo Pozas, que el inspector general de la Guardia Civil y el jefe de las Fuerzas de Asalto se habían ofrecido al Gobierno del Frente Popular que se formase. ¿Ve usted -concluyó Portela- cómo detrás de esta mesa no hay nada?[1]

***

O sea, que Franco primero tiene que recordarle al Jefe del Gobierno cuál es su deber y luego rechazar, otra vez, la sugerencia del golpe de Estado. ¿Qué habría sucedido si en ese momento Franco acepta y se decide por el golpe que le sugiere el mismísimo presidente del Gobierno?… Pero, el hecho cierto es que Franco no cayó en la trampa y, contra sus sentimientos, acató la última decisión de Portela…

¿Y qué le dijo la almohada aquella noche al señor Portela? ¿Qué sucedía en España mientras el Gobierno dormía plácidamente?…

La situación de España, mientras tanto -escribe Gil Robles- empeoraba por momentos. Aquella misma mañana (la del día 18) se habían promovido serios incidentes en el penal de San Miguel de los Reyes. Los detenidos, tras desarmar a los vigilantes de la prisión, hicieron frente con sus pistolas a la Guardia Civil. Igualmente grave fue la situación que se produjo algo más tarde en el interior del Dueso, donde los soldados, al repeler a los agresores, ocasionaron tres muertos. También los reclusos de Cartagena, al difundirse la noticia del triunfo de las izquierdas, desarmaron a los guardianes y sostuvieron un vivo tiroteo con las fuerzas del ejército que vigilaban el exterior del edificio. Los presos comunes de Burgos se hicieron dueños al día siguiente electoral de la cárcel, custodiada por unidades del ejército y la Guardia Civil, detuvieron al director y hubieran conseguido escapar, de no impedirlo una sección motorizada de asalto.

Y la almohada habló, claro que habló. Portela despertó la mañana del día 18 dispuesto a entregar el poder sin pérdida de tiempo a las izquierdas, quizás por indicación de su mentor el señor Alcalá Zamora o lo más seguro por miedo…, pues lleno de miedo estuvo siempre, durante aquellos tres días, el Jefe del Gobierno centrista.

Así que llamó a Martínez Barrio, como interlocutor válido del Frente Popular, y le dijo -tarde del día 18- que «no debo seguir aquí ni un minuto más. Háganse ustedes cargo del poder rápidamente, porque yo no puedo responder de nada». Bueno, pues todavía Franco va a verle a última hora del día 19 con dos objetivos: convencerle de que no dimita o se vaya y asegurarle que está con la legalidad y en su puesto («vengo a ver al señor presidente para decirle que estoy entregado exclusivamente a mis deberes profesionales y completamente alejado de toda actividad política»). Por eso, no sorprende que Portela dijera, al abandonar su despacho poco después en rueda de prensa: «Me ha visitado el general Franco. El general Franco no se mete en nada[2]… y es mentira que él u otro general se hayan extralimitado en el cumplimiento de su deber.»

Y, en fin, los centristas de Portela y Alcalá Zamora huyen sin más, casi con nocturnidad y alevosía, y don Manuel Azaña asume, otra vez, la Jefatura del Gobierno. Sucedió la tarde del día 19 de febrero de 1936.

Pero ¿cuál había sido, cuál fue, el comportamiento de Franco, todavía jefe del Estado Mayor Central del ejército?

Bien claro está por todo lo dicho. Franco fue, quizás, el único que en ningún momento perdió los nervios ni se apartó de la legalidad. Frenó a unos, frenó a otros e insistió ante el jefe del Gobierno para que éste cumpliese con su deber y tomase las medidas que la ley y su cargo le autorizaban.

Exactamente igual que en 1932, igual que en 1934, igual que en 1935…

[1] Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República.

[2] Ese día se estaba hablando de que Franco preparaba un golpe y no era verdad. Por·eso lo resalta el mismo jefe de Gobierno.

Autor

Julio Merino: Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.

Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.

Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.

En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.

En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.

Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.

Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.