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En los países civilizados, sólo llegan al servicio público personas que han triunfado en su vida privada, y tienen una situación consolidada, profesionalmente hablando.
En España, es al revés: la mayoría no tienen oficio ni beneficio, y más en los últimos tiempos, con la incorporación del lumpen a la política, y no me refiero a ningún partido en concreto…
Ello supone que esos políticos “profesionalizados”, que no profesionales, tienen un gran temor a perder su canonjía u obispado –de los de antes-, pues ello les supondría volver al desempleo…, del que me temo que muchos de ellos nunca debieron salir.
Aunque los diputados, tanto estatales como autonómicos, tienen derecho a la protección social correspondiente, es decir, cotizaciones a la seguridad social, la verdad es que el INEM, ahora el SEPE, siempre se han opuesto a que pudieran percibir el desempleo, pues se ha entendido que un cargo público representativo no es propiamente un trabajo, normal y corriente, y que cuándo están personas cesen, por expiración de su mandato, no haber vuelto a salir elegidos o, simplemente, no figurar en las listas correspondientes, lo que deben hacer es volver a sus trabajos y ocupaciones ordinarias…
¿Pero que pasa cuándo esas personas no tienen nada que hacer, pues no hacían nada –nada de provecho, quiero decir-, antes de conseguir ser diputados?
Pues ninguno problema, faltaría más, que el “burro” pueblo español, y en este caso aragonés, tiene las espaldas muy anchas, y lo aguanta todo…
Primero por Acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces, de 7 de junio de 2011, siendo presidente don Francisco Pina Cuenca, del PSOE Aragón, se aprobó una “normativa sobre el régimen económico del trabajo parlamentario”, en cuyo art. 5 se creaba una “Indemnización por cese”:
“Quienes hayan sido miembros de las Cortes de Aragón en régimen de dedicación exclusiva y tras la constitución de la Cámara no obtengan nuevo mandato en ella, tendrán derecho (a cualquier cosa se llama “tener derecho!) a una indemnización por cese…
La cuantía de la indemnización por cese será el equivalente a una mensualidad de la asignación mensual básica… por cada año de mandato parlamentario o fracción superior a seis meses, hasta un límite máximo de dieciocho mensualidades.
Esta indemnización se abonará mensualmente”.
(Casualmente, en 2011 dejó de ser presidente, y diputado raso, don Francisco Pina Cuenca, -que lo era desde 1983, sin solución de continuidad, durante 28 años-, y es muy posible que haya sido uno de los beneficiaros de esa normativa, aprobada durante su presidencia, repito).
Este, podríamos decir chollo, premio de consolidación o finiquito, no fue publicado ni en el Boletín Oficial de Aragón, BOA, ni en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, puesto que “la normativa interna de la Cámara aprobada por Mesa y Portavoces no es en general objeto de publicación en boletines oficiales…”. (Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, y todo se queda en “casa”).
La normativa continuó en vigor durante las presidencias del PAR, Podemos y PSOE de Aragón, es decir, los mismos “perros”, pero con distintos collares.
Posteriormente se modificó el Reglamento de las Cortes de Aragón, el 28 de junio de 2017, estableciéndose la regulación en su art. 28, apartado 7, que dice lo siguiente:
“Hasta que en el convenio especial con la administración de la Seguridad Social se contemple la contingencia de desempleo, los Diputados, al perder la condición de tales por extinción del mandato, podrán percibir una asignación económica de carácter temporal para su adaptación a la vida laboral o profesional…, que será incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso económico, retributivo o asimilado…”.
Es decir, se les paga, excuso decirles que con cargo a nuestro dinero, una especie de “desempleo”, por haber dejado de ser diputados.
¡Acojonante!
No tengo palabras.
La Letrada Mayor de las Cortes de Aragón, una brillante profesional jurídica, por otra parte, hace una elucubración jurídica para no facilitarme el listado de los beneficiarios de ese dinero público, repito, diciendo en su contestación de 27 de mayo de 2021, que:
“…A diferencia de otros conceptos retributivos, en el caso de las percepciones económicas por cese, por su propia definición, las cuantías son percibidas por personas que no han obtenido nuevo mandato en la Cámara y que por tanto ya no son cargo público…”.
Siguiendo el dictamen del Delegado de Protección de Datos (DPD) de las Cortes de Aragón, en tres consultas previas (supongo será un diputado, o un alto funcionario de la Cámara):
“Para la publicación de información de este tipo referida a legislaturas anteriores o referente a personas que ya no son cargo público, que es el caso…, recomienda proceder a una seudonimización de la información, de forma que se proporcione la información pública prevista en las leyes de transparencia sin identificar explícitamente a la persona que ya no ostenta actualmente ese cargo público como diputado”.
En definitiva, y hablando en cristiano: se niegan a facilitar el listado nominal, con nombre y apellidos, de todos los “padres de Aragón”, que tanto se han “sacrificado” por todos nosotros…, y únicamente nos han facilitado los datos globales, que son los siguientes:
VII Legislatura, 2007 a 2011:
10 diputados beneficiarios, total: 177.562,74 euros.
VIII Legislatura, 2011 a 2015:
7 diputados beneficiarios, total: 157.196,41 euros.
IX Legislatura:, 2015 a 2016:
16 diputados beneficiarios, total 262.978,26 euros.
Total percibido hasta la fecha, s. e. u o:
597.737,41 euros.
Cifra que irá en aumento en las próximas elecciones, ante la desaparición de algunos partidos del arco parlamentario, la reducción de escaños de otros, y el “ridiculum vitae” de una buena parte de los diputados respectivos…
El presupuesto de las Cortes de Aragón para el año en curso es de 26.412.590,92 euros.
¿De verdad los aragoneses tenemos que cargar sobre nuestras espaldas la falta de trabajo, profesión u oficio, de estos ex diputados…?
Yo creo que no.
En todo caso, no es nuestro problema, sino el suyo.
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