El referéndum que podría venir. Primera Parte. Por José Sierra Pama

He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,

Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.

No constituye especial objetivo de este artículo analizar cómo el sistema de partidos políticos implantado en España desde la transición política, va a acabar no tanto con un régimen político  preestablecido (la monarquía constitucional) sino con toda la nación histórica preexistente al dotarse de un sistema de representación política que busca su exterminio.

No se trata de un funcionamiento anómalo que pudiera ser subsanado. El sistema de partidos políticos dispone de un comportamiento inherente a su propia estructura eficiente e independiente que permite desestructurar permanentemente el diseño precario del Estado constitucional:

-Se han aupado a la cima de los partidos una auténtica oligarquía despiadada (ley de hierro de las oligarquías) que busca algo más que un sistema de corrupción para enriquecerse ellos y sus adláteres: la satisfacción de eso denominado deseo de la erótica del poder o, más sencillamente, la conversión del político simple e inculto en autócrata y tirano.

-El sistema de partidos políticos permite vehicular propuestas que permiten ‘transformar’ la estructura individual y social con la aplicación de ideologías decimonónicas (fracasadas todas ellas en el instante en que surgen, en el siglo XIX, parecen estar dispuestas a vengarse con su materialización anacrónica en el siglo XXI).

-Por último, el sistema de partidos es único (aunque haya pasado desde una dualidad perfecta -bipartidismo-, mediante mayorías absolutas, hacia una situación de dualidad imperfecta -multipartidismo- que precisa de partidos complementarios a los principales) y no existen diferencias sustanciales en las propuestas, en los programas o en las alternativas.

Se dotan de colores, de himnos, de recuerdos personales y discursos de enésima categoría falso-históricos para atraer cada uno de ellos a una parte de la población, a aquella parte de los adeptos primitivos de las ideologías decimonónicas cuyos ascendientes se enfrentaron en la guerra civil. De modo que la legitimación del actual sistema  de partidos no procede de su capacidad de ‘representación’ sino que se alcanza mediante la organización de un servo mecanismo de reforzamiento de los signos externos de identidad subliminales de esos partidos captadores del voto (así se forma en los elementos constituyentes de la población una personalidad precaria y paranoica, un individualismo silente, un derroche de complejos inaguantables de incultos y, sobre todo, se moldea el prototipo de un ser autosuficiente vitalmente insatisfecho).

Pero vayamos a la cuestión nuclear que motiva este artículo: ¿el resultado electoral del 23 de julio podría conducir a consultas populares vía referéndums para alcanzar la autodeterminación de Cataluña y Vascongadas?No cabe la menor duda.

¿Es la actual coyuntura la más apropiada para afrontar ese reto de la autodeterminación?

Tal vez podría aplazarse un tiempo más, no sé, una década o dos cuando el desarrollo y la intensificación derivada de la materialización de las pulsiones digitales y técnicas que propenden a mitigar el orden analógico (de donde proceden esas ideologías decimonónicas) haya convertido el activismo nacionalista en una reliquia insignificante por racista, arcaica e inútil.

Pero eso sería tanto como dejar que sean las condiciones externas que genera la tecnología la solución de los conflictos vivos, endógenos, en que una sociedad aturdida se encuentra sometida desde, prácticamente, 1977: el conflicto territorial auspiciado por un nacionalismo virulento y su permanente chantaje en todos los órdenes que tiene su origen en ideologías rancias de una minoría sectaria, tiránica, racista y acomplejada tanto a nivel de sus dirigentes como de sus propios seguidores.

Para empezar tenemos que acudir al art. 92 CE y, en lo que lo desarrolla, a la Ley Orgánica 2/1980 y a algunas referencias legales adicionales y colaterales más. En síntesis tenemos el siguiente panorama:

El Gobierno de la Nación puede proponer un referéndum consultivo (no vinculante) para País Vasco y Cataluña, que se aprobaría por mayoría absoluta de las Cortes (bastan 176 diputados).

Toda la legislatura, en el plano político, va a quedar reducida a la escena de cómo se satisfacen las contraprestaciones que conducirán a la reelección del actual presidente de Gobierno (y que se reduce, en el fondo, a la satisfacción de esa mentalidad antiespañola, autosuficiente, ilustrada, de creerse los mejores). A esto conduce el sistema parlamentario basado en un sistema de partidos políticos decimonónicos ‘ideologizados’.

Por tanto, será perfectamente viable que se organicen dos referéndums para atender las pretensiones estratégicas de los partidos tribales de Cataluña y Vascongadas. No entramos ni podemos en más cuestiones. Nos limitamos, pues, a esbozar el procedimiento legal, en lo mínimo, para ver el resultado máximo de dichos planteamientos.

¿Nos sirven como referente los resultados electorales de los últimos comicios? Es cierto que suele producirse un desvío en los resultados electorales entre las convocatorias autonómicas, en que el voto nacionalista sube, y los resultados de las generales, en el que el voto nacionalista desciende. Pero partamos de esos datos, no como una referencia absoluta pero sí relativa al ser la más reciente que tenemos y que proyectaremos al resultado futuro de un referéndum en las citadas regiones.

-Con los resultados electorales de Cataluña, si se mantuvieran en el instante en que se celebre la consulta, el referéndum que propusiera la autodeterminación no tendrá aprobación (habría más noes que síes). Pero soy consciente que un porcentaje bastante apreciable de votantes actuales del PSC y de Sumar, sin duda, votarían a favor. Esto sería una consideración a tener en cuenta y valorar.

-En Vascongadas, sin paliativos, es todo lo contrario: saldría aprobado el referéndum para la autodeterminación.

Después de lanzar ese reto y asumirlo debemos ser consciente de un dato: que, en cualquier caso, ese referéndum no dejaría de ser ‘consultivo’. Se puede quitar el caramelo de la boca al niño después de habérselo ofrecido a cambio de una determinada conducta. Pero no es tan fácil. El problema sería doble. Primero el precedente que se establecería si la autodeterminación sale confirmada. Y segundo, el efecto político (ya no solo emocional, psicológico, sentimental) que produciría un refuerzo convulso y, en su caso, violento, para llegar hasta el final.

Podemos exponer un conjunto de problemas y de dificultades en el panorama que se abriría con esos referéndums. Existen, sin duda, escollos insalvables por el contenido mismo de la pregunta sobre la autodeterminación que conlleva una fragmentación de la soberanía. El artículo 2 CE habla de la indisoluble unidad de España y, creo, no puede someterse a referéndum una pregunta que implique, de modo tanevidente, su derogación tácita. O sí. Es la magia canalla de la política práctica.

La etapa intermedia hacia la desmembración: El ingenio de los políticos ya habría establecido la solución al problema, incluso antes de que aparezca en el horizonte de lo posible. Por tanto, la consulta vía referéndum presentará un objetivo con una finalidad menos radical, menos extrema o de máximos que impida, inmediatamente, saltar el sistema constitucional por los aires: se propondrá un nuevo estatuto ‘nacional’ para Cataluña y País Vasco.

Empezaría una etapa nueva del Estado concebido como sistema centrífugo. Se les asignarán a los nuevos Estados, por la vía de los hechos, en exclusiva prácticamente casi todas las competencias estatales; ¿modificación del marco de competencias estatales del art. 149 CE? No sería necesario puesto que se permite su cesión a las autonomías).

Esos estatutos de soberanía nacional limitada (cuasi constituyente, con tendencia a su consumación total en el tiempo como constituyente) representarán el instrumento político central de la etapa de transición hacia la soberanía propia y absoluta.

Desde la arquitectura administrativa resultante se produciría una situación que pondría de manifiesto un despropósito imposible que exigirá tiempo y muchas modificaciones de leyes orgánicas, básicas y ordinarias para asentarse y consolidarse. No habrá tiempo ni se pretende.

Las competencias que pierde el Estado matriz (recordemos que Vascongadas ya tiene las tributarías cedidas mediante el cupo), pienso, serán todas menos defensa, política y representación exterior (seguramente con matizaciones en todo aquello que pueda afectar las competencias de los nuevos entes territoriales ‘soberanos’, activando una especie de órgano coparticipado) y legislación general (todas las relativas a moneda, medidas financieras, etcétera ya están cedidas en su mayoría a la UE). La competencia de justicia, la relativa a la seguridad social … se fragmenta territorialmente.

Viviremos, probablemente, dos o tres décadas más acarreando un monstruo institucional de dimensiones incontrolables, definiendo el diseño de ese dédalo neo constitucional. Finalmente, por una situación impredecible que carecería entonces por completo de importancia, se rompan los escasos vínculos que queden. Entonces todo se vendrá abajo… si antes una guerra, una pandemia u otra situación catastrófica, exterior o interior, no impide la exterminación de una nación de más de 500 años provocada por el activismo decimonónico de unas minorías muy activas que parecen tener más ‘derechos colectivos’ que el conjunto del resto de la nación a la que odian y desprecian.

¿Estamos dispuestos o no a afrontar ese reto?

En la segunda parte desgranaremos, brevemente, una propuesta política para neutralizar la posibilidad o la tentación de convocar referéndums de autodeterminación.

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REDACCIÓN

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