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El Tribunal Supremo se ha superado en su línea, totalitaria y decadente, de permitir el uso de las instituciones para el enriquecimiento personal.
El beneficiado esta vez ha sido el ministro José Luís Ábalos Meco y otros altos cargos del PSOE.
Ramiro Grau Morancho -ex juez, fiscal y abogado- interpuso una querella contra esta banda, a la que acusaba de cometer varios delitos de corrupción para enriquecerse.
La Sentencia es completamente irracional y antijuridica.
En el único fundamento de derecho se dice: “Lo anteriormente señalado no es obstáculo para que la imputación delictiva a que se refiere la denuncia, por las adquisiciones fallidas o fraudulentas realizadas en el tiempo del estado de alarma, puedan ser objeto de investigación ante órganos de la jurisdicción penal en el que dilucidar la acomodación a la legislación excepcional y urgente que regula esta contratación en tiempos de pandemia”; sin embargo, los cinco magistrados se contradicen porque acuerdan inadmitir la querella, impidiendo la investigación.
En el antecedente de hecho tercero del Auto, se recoge que el Ministerio Fiscal informó que: “…respecto del resto de los denunciados, al no ser competente esta Sala, su tramitación habrá de continuar en los órganos competentes, deduciéndose testimonio de particulares al respecto”, pero los magistrados también les encubre a todos porque no remite la querella a los juzgados competentes, como establece la ley y les recuerda el fiscal.
Estos dos asuntos son autoritarios porque son antijurídicos y son totalitarios se incumple la legalidad para permitir que las instituciones sean utilizadas para enriquecerse delictivamente.
Pero el totalitarismo de la Sala de lo Penal del Tribunanal Supremo no acaba ahí.
¡Condenan en costas al querellante!, como ya hicieron con Manos Limpias en el caso de la Infanta. El artículo 240.3º. Establece que los querellantes serán condenados al pago de las costas sólo cuando “han obrado con temeridad o mala fe”. En el auto se reconoce que Ábalos no había cumplido varias leyes y estaba acreditado que había pagado el material comprado antes de recibirlo.
Es evidente que los magistrados han obrado de mala fe y que el querellante no ha sido temerario ni ha obrado de mala fe.
En 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por condenar a un abogado por calumniar a una corrupta jueza. En la condena se decía que de esa forma se intimidaba a todos los abogados, como se hace en este caso a todos los abogados y a todos los denunciantes contra el Gobierno.
Pero el asunto es mucho más grave aún, porque en el propio Auto se refieren los delitos imputados, resumiéndolos con un “en definitiva, delitos de corrupción”. Las norma de la Unión Europea y de Naciones Unidas prohíben las represalias por denunciar corrupción, como es el caso, porque son medidas totalitarias propias de regímenes donde el negocio de la corrupción está protegido por los gobiernos y los jueces.
Según la propia Unión Europea, la corrupción en España suponía casi el 8% del PIB en 2018, siendo más rentable que todo el sistema financiero, la construcción y el sector de la energía juntos.
El Auto lleva fecha del 3 de marzo y ha sido dictado en la Causa Especial 20775/2020, siendo ponente Andrés Martínez Arrieta, acompañado por los magistrados Manuel Marchena Gómez (Presidente de la Sala de lo Penal), Andrés Palomo del Arco, Aña María Ferrer García y Eduardo de Porres Ortiz de Urbina.
Los otros denunciados son Francisco Toledo Lobo, Isabel Pardo de Vera Posada y José Ángel Escorial Senante, Presidentes de Puertos del Estado, de RENFE y administrador único de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S. L., de Zaragoza, empresa beneficiaria con la adjudicación de la compra de trece millones de mascarillas a precios muy superiores a los del mercado, concretamente a más de tres euros por unidad, IVA incluido.
Además, esta empresa se ha beneficiario de fabulosos contratos del Ministerio del Interior y los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, administraciones todas ellas gobernadas por el PSOE.
Este asunto, junto con otros muchos, algunos también de esta banda de Marchena, serán añadidos a denuncias abiertas ante la Unión Europea y ante Naciones Unidas, así como ante el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).
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