Zoilo y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero, dos de los seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, están siendo acusados por estafa en el «caso Nueva Rumasa». En el marco del juicio que se está llevando a cabo en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), ambos hermanos declararon el martes y atribuyeron toda la responsabilidad en la empresa a su difunto padre, fallecido en 2015. Declaraciones que chocan frontalmente contra la memoria de un padre que siempre dio la cara por su familia.
Durante la segunda jornada del juicio, Álvaro fue el primero de los hermanos en declarar, negando tener conocimiento sobre la emisión de pagarés realizada por Nueva Rumasa entre 2009 y 2011. Esta emisión presuntamente permitió al grupo llevar a cabo un sistema «piramidal» que habría captado más de 337 millones de euros provenientes de al menos 4.110 particulares.
La acusación sostiene que la empresa nunca reveló a los inversores la delicada situación financiera del grupo al publicitar los pagarés. De la cantidad recaudada, se dejaron sin devolver 289 millones, según la Fiscalía.
En sus declaraciones, los hermanos Ruiz-Mateos Rivero intentaron desvincularse de las actividades financieras de Nueva Rumasa, señalando a su padre como el responsable único de las decisiones empresariales. El desarrollo del juicio continuará hasta el jueves, y las decisiones finales recaerán en el tribunal encargado del caso.
Álvaro Ruiz-Mateos Rivero declaró que su padre era el único responsable de las decisiones y ejecución en Nueva Rumasa, afirmando que jamás fue consultado sobre la emisión de pagarés. También señaló que, a pesar de ser administrador de dos empresas del grupo, Clesa y Dhul, no era consejero ni tenía responsabilidades ejecutivas. El fiscal le mostró documentos con supuestas operaciones de estas empresas que llevaban su firma, pero Álvaro negó conocer la grafía en todos los casos.
Por su parte, Zoilo Ruiz-Mateos Rivero también declaró que su padre era el dueño de las empresas y quien decidió la emisión de pagarés, afirmando que nunca fue consultado y que no tenía participación en ese tema.
Tanto Álvaro como Zoilo se desvincularon de las decisiones financieras y de emisión de pagarés, atribuyendo toda la responsabilidad a su difunto padre. Los seis hermanos Ruiz-Mateos Rivero están acusados por la Fiscalía por estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, con una solicitud total de 16 años de prisión. El juicio continuará hasta el jueves, y se espera que el tribunal tome una decisión final sobre el caso.
También se encuentran acusados por los mismos delitos Zoilo Pazos Jiménez y Alfonso Barón Rivero, miembros de la familia, para quienes la Fiscalía solicita 15 años de prisión. Además, los trabajadores y colaboradores de Nueva Rumasa, Manuel Sánchez Marín y José Ramón Romero, también enfrentan acusaciones de estafa y blanqueo de capitales, este último además por un delito contra la Hacienda Pública. Asimismo, Rufino Romero de la Rosa y Ricardo Álvarez Castaño están acusados por estafa.
Por otro lado, Anticorrupción también imputa un delito de alzamiento de bienes a Ángel de Cabo Sanz, Fernando Juan Lavernia e Iván Manuel Losada.
La Fiscalía argumenta que Nueva Rumasa estaba formada por un complejo conglomerado de sociedades que, a pesar de participar en una gestión común con un mismo objetivo, no constituían un grupo consolidado según la definición establecida en la legislación mercantil. Estos señalamientos reflejan la amplitud y complejidad del caso, así como el alcance de las acusaciones relacionadas con estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y otros delitos presentados contra los involucrados en el entramado empresarial de Nueva Rumasa. El entramado empresarial de Nueva Rumasa comprendía una variedad de sociedades, algunas dedicadas a actividades productivas en el sector agroalimentario y hotelero, mientras que otras eran consideradas sociedades instrumentales o meramente patrimoniales, muchas de las cuales tenían su sede en Belice, según lo señalado por el Ministerio Fiscal.
El listado presentado incluye 58 empresas relacionadas con Nueva Rumasa, entre las que se destacan Carnes y Conservas Españolas, grupo Dhul, Clesa, Bodegas Teresa Rivero y Cacaolat.
A pesar de que los acusados trabajaban bajo la dirección final de José María Ruiz-Mateos, cada uno ejercía un poder de decisión propio en sus respectivos ámbitos de actuación, cuyas consecuencias eran mutuamente aceptadas por todos, según la Fiscalía. La Fiscalía sostiene que los fondos captados fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid, de la cual disponían los acusados conforme a las necesidades del grupo. Además, señala que con este dinero se sufragaban cuantiosos gastos personales del clan familiar.
Adicionalmente, se destaca que hasta el momento «se desconoce el destino último de 82 millones que los acusados retiraron en efectivo de las cuentas bancarias.»
Estos detalles revelan la complejidad y la magnitud de las operaciones financieras relacionadas con Nueva Rumasa, así como la presunta utilización de los fondos recaudados para cubrir gastos personales del grupo familiar.
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