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De la gran catástrofe volcánica de la Palma estamos extrayendo, una vez más, la lección de que el gobierno socialcomunista no tiene escrúpulos, ni un plan contra emergencias humanitarias para los españoles (hacia los extranjeros invasores de nuestras fronteras sí lo tiene).

Hace unos días nos desayunábamos con la noticia de que el gobierno resarciría con 15.000 euros a aquellos que vieran fenecer, bajo el magma, su hacienda y el fruto de su trabajo. Todo un canto a la burla y más cuando sabemos que el “condicionado” para la recepción de estos “aguinaldos de miseria” –así merecen ser llamados- será imposible de cumplir para una mayoría de damnificados por la erupción.

Los inmigrantes alojados en hoteles canarios de cuatro estrellas a razón de 300.000 euros por día durante meses, en una crisis de pateras que sigue su rumbo a día de hoy, corrieron mejor suerte que los españoles canarios arrasados por la lava. También son mimadas, con aportes sinuosos, las causas más “necesarias” para el bien de España: 1 millón de euros para “traducciones en el Senado”, dado el reconocimiento de lenguas locales; 30 milloncejos para la “transición ecológica” de los chiringuitos anticaza y antidiesel; 123 millones para publicidad institucional sobre “talleres de inclusividad y coño-cimiento sexual” u otras lindezas; o el aumento de más de un 100 por cien en el gasto político para sufragar los 1200 asesores de Pedro Sánchez.

Los españoles zaheridos: a la cuneta.

Realmente esta ha sido la desgraciada tónica durante 40 años de régimen democrático: ante grandes catástrofes naturales y humanas, la acción del Estado ha sido desalmada, falta de humanidad, tardía, cicatera e injusta. Basta recordar cómo fueron tratados los damnificados por el “accidente sanitario” del aceite de colza, arrinconados por el poder; o los valencianos sacudidos por el desbordamiento del pantano de Tous en 1982 que se buscaron la vida sin ayuda pública directa y justa. ¿Y las orondas ayudas que se prometían por el terremoto de Lorca en 2011 y que muchos no han recibido enjaulados en un enjambre burocrático?

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Esta situación de ninguneo y vejación contra los españoles por los gobiernos de la democracia contrasta con la manera cómo el régimen franquista implementaba socorro, ayuda social e infraestructuras cuando grandes catástrofes naturales sacudieron a España. Pondré el ejemplo de la más grande tragedia humanitaria y natural sucedida en mi tierra, Valencia.

La última gran crecida del río Turia, que inundó la ciudad de Valencia y la anegó en fango se produjo en octubre de 1957. La capital del río Turia, dada la propensión mediterránea a la lluvia torrencial otoñal y por su proximidad al río, había sufrido grandes inundaciones anteriores como la de 1897 u otras en los años 20 del siglo XX motivadas por las intensísimas lluvias en breve intervalo calificadas como “gota fría”. Pero la riada del 13 y 14 de octubre de 1957 fue la más potente y destructiva de cuantas se recuerdan. Miles de valencianos perdieron sus negocios destruidos en un mar de tierra y agua. Tantos otros, las viviendas.

El Gobierno franquista prometió actuar con celo. Aprobó en 1958 un plan ambicioso para ayudar a los valencianos, rescatar a Valencia de nuevas catástrofes meteorológicas y gracias al cual jamás Valencia ha vuelto a inundarse desde entonces.

Una de las partes de ese plan de rescate, que fue de infraestructura hidráulica, fue el conocido como ‘Plan Sur’, consistente en levantar 11 kilómetros de trazado de un nuevo cauce de Río en la periferia de la ciudad que sirviera para recoger las aguas pluviales, liberar al viejo cauce del río Turia que atraviesa la ciudad, distribuir las aguas a las acequias y la sobrante al mar, evitando inundaciones. 

4 años intensos de trabajo (1965- 1969) culminaron la colosal obra de hacer…un nuevo río. 

A ello se le acompañó de la enorme construcción de viviendas sociales impulsadas por el Ministerio de la Vivienda y en régimen de preferencia para los valencianos damnificados de la Riada del 57 y un nuevo trazado urbano para evitar más catástrofes pluviales.

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Además, el gobierno de Franco quiso enfatizar la imagen cultural de la historia valenciana: para potenciar la imagen de Valencia, honrar al Rey Jaime I el Conquistador y ayudar a la financiación del Plan Sur, el régimen franquista puso en circulación sellos postales de 0,25 céntimos de peseta para todo envío por correo desde Valencia. En una España de pocos impuestos y de una clase media en formación, semejante pequeño esfuerzo fue bien recibido por la ciudadanía para remar todos, y al unísono, en favor del mayor sistema de obra pública de socorro y prevención que se ha hecho en la ciudad de Valencia en todo el siglo XX -y lo que va de XXI, por cierto-.

Así pues, en los años 50, sin Autonomías, sin enchufados, sin gobiernos ‘regionales’ y sin hacer a los españoles pagar impuestos de IRPF ni IVA, el régimen franquista protegió la ciudad de Valencia, resarció a los valencianos de la catástrofe y nos permitió seguir sintiéndonos orgullosos de la madre Patria española como dice nuestro Himno regional: ‘…per a ofrenar noves glories a España…’. 

Franco hizo sin cobrarnos apenas impuestos, sin déficit público y sin demagogias lo que Pedro Sánchez ni ningún otro presidente de la democracia han hecho ni harán ante el volcán de La Palma, ante la Gota Fría ni ante nada: verdadera justicia social. 

Franco ganó la batalla a la gota fría, protegió a su pueblo. Ganó el corazón de los valencianos durante muchos años, hasta que los “demócratas” comenzaron la labor ardua e incansable de borrar su memoria y mentir sobre la Historia.