La Organización Mundial de la Salud al servicio de su majestad Bill Gates. Por Rafael García Alonso

La Organización Mundial de la Salud (OMS), fundada en 1948 y con sede en Ginebra, es el organismo de la ONU encargado de la gestión de las políticas sanitarias orientadas a mejorar la salud de la población mundial. La OMS se financia gracias a las contribuciones obligatorias de sus 194 Estados miembros y a las donaciones procedentes del sector privado. En los últimos años se ha producido un notable incremento de las aportaciones privadas, hasta el punto de constituir actualmente una parte fundamental del presupuesto de la OMS. Así, el principal contribuyente a día de hoy es el Gobierno de los Estados Unidos, seguido por la Fundación Bill y Melinda Gates, el Reino Unido y La Alianza para la Vacunación GAVI, cuyo principal promotor, como no podía ser de otra forma, es B. Gates, que se convierte así en el principal financiador de la OMS. Ante esta situación, han sido numerosas las voces procedentes del ámbito de la salud que han alertado sobre el peligro que conlleva la creciente importancia del sector privado en la financiación de la OMS, ya que ello inevitablemente conlleva el que determinadas asociaciones no gubernamentales estén en disposición de condicionar la planificación sanitaria en el mundo entero.

En relación con pandemia provocada por el SARS-CoV-2 resulta obvio, a tenor de sus continuas declaraciones, el entusiasta apoyo de B. Gates a la vacunación del conjunto de la población, independientemente de la edad y del estado de salud individual. A este respecto es necesario señalar determinados asuntos relacionados con el magnate norteamericano que invitan al menos a cuestionar la rectitud de sus intenciones. Así, la Fundación Gates donó a la empresa biotecnológica alemana BioNTech 50 millones de dólares y por ello recibió como gratificación más de 3 millones de acciones de la compañía. Posteriormente la empresa alemana salió a bolsa y se unió con la farmacéutica norteamericana Pfizer para la producción y comercialización de una vacuna contra el coronavirus. Como consecuencia de todo ello el valor de las acciones subió vertiginosamente, de tal forma que B. Gates ha visto multiplicada su inversión en apenas un año. Asimismo, la Fundación Gates, según los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, tiene más de 250 millones de dólares invertidos en empresas que trabajan en la fabricación de vacunas, entre ellas la farmacéutica inglesa AstraZeneca, otra de las compañías que ha desarrollado una vacuna contra la Covid-19. A todo ello se suma la falta de transparencia y rendición de cuentas de la Fundación Gates, tal y como han denunciado Kate Elder, asesora en políticas de vacunas de Médicos sin Fronteras, y James Love, director de Knowledge Ecology International. De hecho, aunque la Fundación Gates dice ser una organización filantrópica y sin ánimo de lucro, lo cierto es que en los últimos 5 años ha ingresado más dinero del que ha donado, generando así miles de millones de dólares de beneficio. Una de las últimas aportaciones recibidas por la Fundación Gates ha sido de 100 millones de euros procedentes del Gobierno español en un momento en el que en España hay alrededor de 5 millones de personas en situación de pobreza y, según los datos del INE, casi un 30% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo cual viene a demostrar una vez más que la indecencia de Pedro Sánchez no tiene límites. En definitiva, en plena recesión económica mundial como consecuencia de la pandemia, resulta que, según los cálculos de la revista Forbes, el patrimonio de Bill Gates ha aumentado en más de 10.000 millones de dólares, lo cual para un filántropo de su talla imaginamos que debe resultar particularmente doloroso.

Mientras esto ocurría, la OMS protagonizaba una serie de episodios que invitan a la reflexión. Así, las vacunas tradicionalmente se han basado en la inoculación de virus atenuados o inactivados para provocar una respuesta inmunitaria frente al patógeno en cuestión. Sin embargo, en el caso de la Covid-19 lo que se ha inoculado ha sido un ARN mensajero que contiene las instrucciones necesarias para producir un antígeno característico del coronavirus y así desencadenar la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, en sentido estricto estamos ante una terapia génica, algo que no se ha explicado convenientemente a la población, sin duda para facilitar su aceptación social. Por otra parte, para asegurar la seguridad y eficacia de un fármaco deben realizarse ensayos clínicos estructurados en fases, algo que no se ha producido de la forma habitual en el caso de la llamada vacuna de ARNm, hasta el punto de que fue aprobada en tan solo 10 meses de ensayos clínicos, mientras que en el caso de la vacuna del sarampión, la más rápidamente aprobada, el periodo fue de 10 años. Evidentemente en el caso de la pandemia por coronavirus concurría la situación de emergencia sanitaria, lo cual podría explicar la premura, pero se debía haber informado a la población del desconocimiento de sus efectos secundarios a medio y largo plazo, para que así los ciudadanos conocieran el riesgo que estaban asumiendo al vacunarse. Por lo que respecta a la llamada “Inmunidad de grupo” (la cual aparece cuando en el seno de una población hay el suficiente número de individuos inmunizados frente a un determinado patógeno para evitar su propagación masiva) resulta que la OMS conforme se desarrollaba la pandemia no solo aumentó para su consecución el porcentaje de individuos que debían estar inmunizados de un 40% a un 70%, sino que modificó la propia definición, de tal forma que solo contribuían a la inmunidad colectiva frente al coronavirus los sujetos con inmunidad adquirida mediante vacunación, excluyendo a todos aquellos que tenían inmunidad natural por haber padecido la enfermedad; de esta forma los Gobiernos de todos los países del mundo se vieron empujados a desarrollar campañas de vacunación de toda la población, incluidos los niños mayores de 5 años, cuando resulta que la mortalidad infantil por la Covid-19 es inferior al 1%. Por último, con la aquiescencia de la OMS, se obligó a la población a obtener el llamado “Pasaporte Covid” para poder moverse libremente, cuando se había demostrado que la vacuna génica no impedía la transmisión del virus, razón por la cual la política de vacunación debería haberse enmarcado en el ámbito individual al no generar la ausencia de vacunación un problema específico de salud pública. De esta forma dicho pasaporte se convirtió en un instrumento de control de la población por parte de los Gobiernos, con la consiguiente merma de derechos y libertades individuales.

Actualmente, con la variante Ómicron predominante en todo el mundo, estamos asistiendo, como señala el Dr. Francisco Tejerina, especialista en Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, a una progresiva gripalización de la Covid-19, siendo en esta última ola excepcionales los casos con neumonía primaria, algo muy frecuente en las primeras olas de la pandemia, razón por la cual a día de hoy las tasas de hospitalización y de mortalidad por coronavirus son ligeramente superiores a las de la gripe. Según la OMS ello se debe a la vacunación masiva, sin tomar en consideración que el SARS-CoV-2 ha evolucionado, como cabría esperar, hacia una mayor transmisibilidad y una menor patogenicidad, desvirtuando ésta limitada perspectiva de la OMS la pertinente explicación de la situación actual de la pandemia; en cualquier caso, si la OMS acertara plenamente en su exposición no habría motivos para vacunar por cuarta vez a toda la población, debiendo recomendarse a lo sumo la vacunación a las personas mayores de 65 años, a personas con patologías graves subyacentes y a trabajadores sanitarios, sin excluir a todo aquel que voluntariamente lo demande.

Por otra parte, la comparecencia en octubre de 2022 de la directiva de Pfizer Janine Small ante el Comité Especial Covid-19 del Parlamento Europeo no solo fue decepcionante sino también lamentable. Así, ante una pregunta específica del europarlamentario Robert Ross relativa a si se había testado la capacidad de la vacuna para impedir la transmisión del coronavirus la respuesta de J. Small fue simple y llanamente que “no”, confirmando la falta de escrúpulos de la compañía al no dar a conocer previamente este dato; a su vez el contrato presentado por Pfizer relativo a la venta de vacunas presentaba numerosos párrafos tachados, dando muestras de una opacidad inadmisible, sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Europea compró 4.600 millones de dosis de la vacuna -siendo Pfizer uno de los principales suministradores- cuando la población europea es de tan solo 447 millones de habitantes, lo cual, como señaló en El Correo de España la Dra. Martínez Albarracín, “es un despilfarro en toda regla, como lo demuestra el hecho de que millones de dosis de la vacuna estén ya caducadas”. El resultado final de este cúmulo de irregularidades es que en el año 2020 Pfizer obtuvo unos beneficios de 41.900 millones de dólares, mientras que en el año 2021 ascendieron a 81.300 millones de dólares, es decir, la compañía estadounidense duplicó sus ganancias en solo un año.

Dado que todo lo expuesto no coincide con el pensamiento políticamente correcto, se alzarán voces para acusarme de negacionista (algo que no soy ya que no niego la existencia del coronavirus) y conspiranoico (lo cual rechazo por basar mis opiniones en datos objetivos), así que, evocando al dramaturgo alemán Bertolt Brecht, me limitaré a contestar de antemano diciendo que “Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad”.

Autor

Rafael García Alonso

Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.

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