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España se encamina, y a gran velocidad, hacia un gobierno comunista, bolivariano, donde el que manda, manda…, aunque mande mal.
Y se actúa de forma totalitaria, en la mejor tradición marxista leninista, y hasta estalinista, pretendiendo controlar la totalidad de la sociedad, sobre todo los resortes del poder.
Una buena muestra de ello es la “invasión” de la administración de justicia por el gobierno, como si no tuvieran ya bastante con lo que son incapaces de prever, controlar, organizar, etc.
En efecto, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma (que en realidad es de excepción, o incluso de sitio, por la intervención del Ejército) “para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, crea en su artículo 4 un cuadrunvirato para la gestión de la crisis, “bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno”, por lo que ya sabemos quiénes son los responsables máximos de este desastre:
El (todavía) presidente del gobierno.
La ministra de defensa.
El ministro de transportes, movilidad y agenda urbana, y
El ministro de sanidad.
Aprovechando la situación, y dentro de esa deriva totalitaria que los españoles estamos padeciendo, y de la que la mayoría de la población no es consciente, intervienen la administración de justicia, pues al fin y al cabo, el poder judicial es el único que puede oponerse a su ocupación del poder, por la vía jurídica de los reales decretos-leyes, dentro de este golpe de estado que sufrimos.
Esta intervención se materializa por la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo (BOE del 20), “para la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos e funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”, normativa que es dictada ¡por el ministro de sanidad!, ese señor con pintas de lelo, que pasa a ser la cabeza de la justicia, a virtud del art. 4, 2, in fine del Real Decreto 463/2020:
“Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los Ministros indicados en los párrafos a), b), o c), será autoridad competente delegada el Ministro de Sanidad”.
Es decir, que un profesor de filosofía, absolutamente lego –y lelo, repito-, en temas sanitarios, pasa a ser la máxima autoridad en asuntos de justicia, pues es un primus inter pares, pasando a ser el segundo responsable máximo de todo el desastre en el que estamos sumidos.
(El primero es el todavía presidente del gobierno, y conviene no olvidarlo, para cuando haya que pedirle cuentas, que espero sea pronto).
Es incapaz de solucionar su negociado, pero, encima, pasa a controlar la administración de justicia…
Estas cosas solo pasan en España. ¡Siempre digo que Kafka debería haber sido español!
Ahora ya solo falta que el ministro de justicia, o lo que queda de él, pase a dirigir el ministerio de sanidad…
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