Pero… ¿quiénes han elaborado la ley de Memoria Democrática o la han ideado? Por José Piñeiro Maceiras

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Dudo mucho que los miembros del actual Gobierno tengan los conocimientos históricos apropiados para saber lo que sucedió en nuestro país hace casi la friolera de noventa años; y menos aún, los letrados del Estado que han articulado la norma referida ut supra. Que yo sepa ninguno de ellos posee estudios superiores al respecto ni han publicado monografías ni trabajos específicos. Por ende, las hipótesis y sospechas sobre su autoría pueden ser variadas.

En cualquier caso, como parece que el rehén Primo de Rivera se les ha escapado, el Gobierno ha optado por jugar la baza político-propagandística de exhumar los restos del general Queipo de Llano. Muy pronto, el señor Bolaños, ha remitido carta al Hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, ordenándoles que procedan a la exhumación del cadáver[1].

No voy a poner en duda, obviamente, la represión conducida por el general mencionado, bastante conocida; aunque sí formular algunos peros y objeciones colaterales, perfectamente constatables desde una perspectiva histórico-jurídica. Lo primero, que el general susodicho era un militar de honda ideología republicana, hasta el punto de conspirar contra la monarquía y de enfrentarse en público con el citado José Antonio; y lo segundo, que dicho general tenía una gran preocupación por los más necesitados[2], por mor de sus creencias religiosas, a diferencia de bastantes autoridades que en la actualidad nos gobiernan.

En tercer lugar: nadie se ha atrevido a comentar en alta voz que hubiera pasado en Andalucía si las tropas regulares e irregulares del Frente Popular se hubieran impuesto bélicamente a las huestes armadas de Queipo. Y lo digo porque la represión efectuada por la izquierda andaluza, allí donde pudo actuar y expandirse a sus anchas, se caracterizó por un atroz salvajismo que aún estremece el recordarlo. Por ello, voy a trasladar al lector un documento de procedencia portuguesa y que fue analizado por la Comisión sobre la Ilegitimidad de los Poderes Actuantes, creada por orden ministerial de 21 de diciembre de 1938, debiendo elevar el resultado de sus actuaciones al Ministerio del Interior[3].

El documento en sí fue publicado en la prensa de Lisboa[4], como protesta por las injerencias soviéticas, tras ser elaborado por el Gobierno portugués para el Comité de No Intervención de Londres, en el otoño de 1936. Pues bien, he aquí algunas de sus revelaciones:

Rusia preparaba metódicamente la revolución. Fueron sus primeras manifestaciones violentas las que provocaron la reacción nacionalista; y Moscú no ocultaba sus intenciones. Allí –en Rusia- existe desde hace tiempo una sala especial de museo consagrada a la futura revolución española. Creó en el país, con paciencia incansable, una extensa organización dotada con ricos medios de propaganda y de acción (…) En el sur de España, en cada pueblo, existía al menos una célula bien armada y municionada, con instrucciones pormenorizadamente detalladas para el día de la revolución, con un plano, estudiado por técnicos competentes, sobre las destrucciones a realizar por medio de dinamita o el fuego, con indicación de los puntos de ataque o de los de defensa y hasta existían largas listas con personas a quienes asesinar. Es curioso notar que a la cabeza de estas listas figuraba con frecuencia el médico del lugar (…) En España comenzaron a entrar armas rusas en abundancia. A principios de marzo, por ejemplo, el vapor ruso “Neva” desembarcó en Sevilla docenas de cajas con material de guerra y productos químicos destinados al envenenamiento de la población, así como productos alimenticios. Y el barco ruso “Jerek” desembarcó por la misma época en Algeciras un abundante cargamento de armas y municiones. Todo este material fue distribuido por los elementos comunistas más activos de Cádiz, Sevilla, Badajoz, Córdoba, Cáceres y Jaén. Faltaba por realizar el último de los números indicados; pero las provocaciones contra Portugal empezarían, como ya se ve; todo estaba preparado desde lejos; todo fue ejecutado con método. El desarrollo del plan continuaba. Después de esto ¿habrá quién ponga en duda que la victoria del comunismo en España representaba una seria amenaza de guerra para Portugal, a tenor de cómo estaba planeado? La reacción del Ejército y del pueblo español fue enérgica e hizo fracasar en parte los planes de los Soviets; pero estos tenían preparada la revolución y no quieren darse por vencidos (…)

Y estos planes dantescos no solo fueron hallados por los servicios de información portugueses que operaban en territorio nacional sino también por las primeras unidades militares que se hicieron con el control en el mediodía peninsular[5]. Y es que las tropas de Queipo no llegaron a tiempo en muchas partes de Andalucía, y ello propició que una ola de primitivismo criminal asolara los territorios que quedaron bajo dominio republicano. De hecho, las cifras de asesinatos, violaciones, tormentos, incendios y demás depravaciones resultan pavorosas, hasta el punto que las autoridades sublevadas vieron oportuno el imprimir unos folletos divulgativos sobre tales enormidades: los famosos avances del Informe oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios y demás depredaciones y violencias cometidos en algunos pueblos del mediodía de España por las hordas marxistas al servicio del llamado Gobierno de Madrid… impresos en la capital hispalense. Por su parte, el obispado de Jaén redactaría un informe, recién concluida la contienda, en el que se indicaba que los asesinados por los rojos rondaban las doce mil muertes; el obispado de Córdoba mencionaba tres mil asesinados; y la provincia de Málaga contabiliza más de 3400 defunciones violentas de personas de orden… entre las cuales se observaron casos de canibalismo y crucifixiones. Incluso, en aquellas provincias que fueron inmediatamente liberadas de enemigos por las tropas blancas, el número de barbaridades no deja de asombrarnos: Huelva, 117 muertos; Cádiz, 107; Sevilla, 542 asesinados… Dichos homicidios fueron acompañados habitualmente de mutilaciones, quemaduras horribles y de todo tipo de torturas contra los pobres infelices y víctimas, entre los cuales se contaron mujeres, ancianos y hasta niños indefensos. Como es conocido, en la zona más oriental de la región, estuvo en funcionamiento un primigenio campo de exterminio (el de Turón) y en la comarca almeriense de Tabernas se lanzaban los presos vivos o muertos a pozos abandonados y solitarios.

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Por lo demás, los latrocinios, saqueos y destrucciones cometidos por las hordas izquierdistas fueron incontables. En la provincia malagueña, por ejemplo, fue destruida toda su imaginería sacra, necesitándose tras la cesación de las hostilidades el reconstruir todo el patrimonio artístico atacado. Las diócesis de Málaga y Jaén, por su parte, soportaron la pérdida de todo su ajuar litúrgico; y las de Almería, Guadix, Córdoba y Granada, de casi todo… Fueron destruidas 288 iglesias en Córdoba, 118 en la diócesis de Guadix y casi todas en la de Jaén… La diócesis de Sevilla contabilizó 24 sacerdotes asesinados, la de Jaén, 124 masacrados; la de Málaga, 115 mártires; la de Córdoba, 84 homicidios; la de Granada, 43 muertos; la de Guadix, 22; y la de Almería, 65 víctimas mortales. En fin, un desastre absoluto.

A título de ejemplo, mencionemos solo dos casos del proceder aniquilador con que actuaban bandas de frentepopulistas. El monasterio de la Rábida, en los primeros compases de la guerra, fue asaltado por malhechores republicanos, quienes profanaron el lugar y destruyeron el famoso Cristo de la Rábida, maravilla del siglo XV[6]. Y, en la ciudad de Sevilla, los patibularios incendiaron el 18 de julio de 1936 el templo de San Gil, donde se guardaba la imagen de la Virgen de la Macarena, arrasándolo por completo. La venerada imagen había sido escondida para evitar que fuese destruida por la furia iconoclasta; ordenando el general Queipo de Llano su protección, durante el transcurso de la guerra, mientras se levantaba la actual capilla que la cobija[7]… Paradójicamente, por mor de la Memoria Democrática, los restos de su benefactor van a ser excluidos de tal recinto sagrado… Es decir: la justicia presumiblemente reparadora, con que se adorna esta norma, permite exactamente lo contrario, en contradicción con el decoro público y la concordia … No en vano, sólo en la provincia de Sevilla, la persecución izquierdista incendió noventa y tres iglesias y destruyó aproximadamente dos mil obras de arte religioso, y de ellas cerca de seiscientas en la capital…[8]

Lo expuesto –que quede claro para mal pensados y gentes de igual jaez- solo tiene por finalidad constatar la existencia de un documento diplomático extranjero, que algunos escritores de ideología progresista han considerado durante décadas como inexistente o acaso dudaban de su exactitud. Pues bien: el mencionado documento fue elaborado en octubre de 1936 por el Gobierno portugués, participando en su confección Armindo Monteiro, a la sazón ministro luso de asuntos exteriores.

Únicamente, una curiosidad, más: los hombres que formaron esa comisión de juristas españoles de 1938, que inspeccionó las irregularidades e ilegitimidades atribuidas al Frente Popular, eran personalidades conocidas y algunas hasta sabias en sus quehaceres académicos. A saber: Idelfonso Bellón Gómez, magistrado del Tribunal Supremo; Adolfo Pons y Humbert, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, así como académico de la Real de Ciencias Morales y Políticas, de la Real Sevillana de Buenas Letras, de la Real Hispanoamericana de Ciencias, Artes y letras de Cádiz y de la Real de Buenas Letras de Barcelona, ex diputada Cortes; Joaquín Fernández Prida, catedrático de Derecho Internacional, ex ministro; Antonio Goicoechea y Coscuyuela, Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ex ministro, ex diputado y oficial letrado del Consejo de Estado; Adolfo Rodríguez Jurado, presidente fundador de la Unión Nacional de Abogados, ex diputado, miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla; Federico Castejón y González de Arizala, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, magistrado del Tribunal Supremo; Álvaro de Figueroa y Torres, Presidente de la Real Academia de Bellas Artes, ex Presidente del Gobierno, del Congreso y del Senado, ex ministro, ex diputado; Abilio Calderón Rojo, ex ministro de Fomento, ex diputado; José María Trías de Bes, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona, ex diputado; Manuel Torres López, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca; Salvador Bermúdez de Castro, ex ministro, ex diputado, académico de la Real de Ciencias Morales y Políticas; José Manuel Pedregal, ex ministro, ex diputado; José María Cid Ruiz-Zorrilla, ex ministro, ex diputado, abogado del Estado; Wenceslao González Oliveros, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Salamanca; Rafael Aizpún Santafé, ex ministro, ex diputado; José Gascón y Marín, ex ministro, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ex diputado; Eduardo Aunós Pérez, ex ministro; Romualdo de Toledo y Robles, ex diputado; Santiago Fuentes Pila, ex diputado; Rafael Matilla Entrena, Delegado de Justicia y Derecho de la provincia de Madrid; Rafael Garcerán Sánchez, Secretario del Servicio Nacional de Justicia y Derecho; José Luis Palau y Martí Alay, capitán del Cuerpo Jurídico Militar.

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Una parte considerable de estos juristas y hombres de Estado fueron ministros y prohombres del reinado de Alfonso XIII, bisabuelo del actual Monarca que acaba de sancionar la ley de marras. Por lo tanto, cabría formular respetuosamente las siguientes preguntas: ¿Quiénes han sido los verdaderos personajes que han redactado la actual Ley de Memoria Democrática, que versa sobre la ilegitimidad retroactiva del régimen del 18 de Julio? ¿Qué títulos académicos y honoríficos ostentan los redactores y asesores, y si alguno de ellos se favoreció de alguna forma del régimen anterior o ha sido subvencionado por fondos de dudoso origen? Y es que sería conveniente el conocer tales extremos, para corroborar que las comisiones fantasmas de expertos fueron anormalidades que solo acontecieron en la pasada pandemia; aunque me temo que, por ahora, tal deseo será difícil de cumplirse.

Fuentes: Causa General; archivos y registros particulares; Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936 y Apéndice I.

Nota final: el autor, , historiador y letrado ejerciente, ha redactado el presente prontuario, con pleno respeto por la normativa en vigor, con el ánimo de no ofender, a nadie; pero reservándose todo tipo de acciones en defensa de sus derechos.

[1] “El Gobierno ordena exhumar ‘a la mayor brevedad’ los restos de Queipo de Llano”, (24.10.2022), fuente: https:// www.libertaddigital.com

[2] Ramón-Laca de, J. (1939): Cómo fue gobernada Andalucía; bajo la férula de Queipo, Diario FE, Sevilla, pp. 153-466.

[3] BOE de 22 de 1938, núm. 175.

[4] Cf. “A resposta do Governo portugués”, Diário de Lisboa, (29.10.1936), p. 4. En España, la nota fue publicada por ABC de Sevilla, en fecha 30 de octubre, pp. 14 y 15.

[5] Cuando los planes para una revolución comunista aparecieron cerca de Sevilla, yo era jefe de la Oficina Militar de Prensa en esa ciudad (…) y el plan comunista descubierto cerca de Sevilla fue puesto en práctica (…). Cf. Bolín, L. (1967): Los Años Vitales, Espasa Calpe S.A., Madrid, p. 363.

[6] “El martirio de la Rábida”. Cf. Siurot, M.: (1937): Mis Charlas en el Micrófono del General, tomo I, Establecimientos Cerón, Cádiz, p. 15 y ss.

[7] Bolín, L. (1967): Los Años Vitales, … p. 122.

[8] Salas, N. (2006): La Otra Memoria Histórica, Editorial Almuzara, Córdoba, p. 240.