Los aberrantes malabares de Pedro Sánchez con el terrorismo chocan contra la Unión Europea

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Pedro Sánchez es un pelele consentido de la Unión Europea, pero hace demasiados méritos como para llegar a plantearse si merece la pena proteger sus desvaríos y componendas criminales para mantenerse en el poder por siete miserables votos.

La directiva del Parlamento Europeo abarca toda una serie de avisos a los Estados sobre la necesidad de perseguir los delitos de terrorismo -mediante la investigación, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la labor judicial- y proteger a las víctimas, recordando que «la Unión se basa en los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales» y «se fundamenta en los principios de la democracia y el Estado de Derecho, que son comunes a los Estados miembros».

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, rechazó este martes que el Gobierno haya cruzado una línea roja sobre la consideración del delito de terrorismo porque a su juicio el terrorismo sigue exceptuado «cuando haya una violación grave de derechos humanos». «Esa era nuestra línea roja», aseveró.

Asimismo, se determinan los «fines» de dichos actos terroristas, como son «intimidar gravemente a una población», «obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo» y «desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional».

Igualmente, la directiva fija con claridad qué actos deben ser calificados como terrorismo, más allá de que conlleven muerte o tortura, como delimitan el PSOE y sus socios. Entre esos actos terroristas se consideran, por ejemplo, los atentados contra la integridad física de una persona, las destrucciones masivas de instalaciones estatales o públicas o sistemas de transporte (…) que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico o la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de explosivos o armas de fuego. Conductas todas ellas que aparecen reflejadas en la exposición razonada que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, elevó al Tribunal Supremo en el marco de la investigación sobre Tsunami Democràtic.

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Derechos humanos

Esas palabras han provocado la polémica, al insinuar la existencia de un terrorismo que no supondría una «violación grave de derechos humanos», algo que es incompatible con la propia naturaleza de ese delito. Según Moncloa, la enmienda pactada con sus socios separatistas «garantiza la seguridad jurídica» del texto y se adapta «a los mejores estándares europeos», es decir, la Directiva europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, algo que desmienten los textos europeos.

Por otro lado, la Ley de Amnistía choca también con el Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo, que subraya que los delitos terroristas «sean quienes fueren sus autores, no son en ningún caso justificables con consideraciones de naturaleza política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa o de cualquier otra naturaleza similar». Asimismo, se recuerda a los Estados «la obligación de prevenir tales actos y, en su defecto, de perseguirlos y asegurarse de su castigo con penas que tengan en cuenta su gravedad».

El pago del chantaje de Puigdemont traspasa las líneas rojas del Estado de Derecho y de toda decencia política. Lo más aberrante de estos acuerdos es la permisividad y resignación de los responsables constitucionales que asisten pasivamente a este cambalache criminal que pone en peligro la propia democracia, con los enemigos de España en un poder corrupto a la medida del psicópata de La Moncloa.

A partir de ahora los ciudadanos habrán de tragar con la disquisición de un terrorismo bueno y otro menos bueno. No se comprende cómo estos gobernantes no se encuentra entre las rejas de un manicomio especial para delincuentes políticos.

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