Paralizadas cautelarmente las exhumaciones del Valle de los Caídos. Por Fígaro

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid suspende cautelarmente las obras iniciadas en el Valle de los Caídos para exhumar los restos de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. La jueza Eva María Bru Peral ha atendido las demandas de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que recurrió ante los tribunales la licencia de obras concedida el pasado 24 de junio por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial a Patrimonio Nacional.

Así quedó bloqueado el gusto morboso de la izquierda por violar tumbas, escarbar huesos y percibir -eso sí- cuantiosas cantidades de dinero público. Las medidas adoptadas por el juzgado suponen la paralización temporal del proceso hasta que se resuelva el recurso.

Tras aprobarse en un Consejo de Ministros el pasado mes de marzo la concesión de una subvención de 665.000 euros para la financiación de estos trabajos a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el Gobierno solicitó la licencia. En junio, cuando el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial se la concedió, Carmen Calvo, entonces vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, anunció que los trabajos comenzarían «próximamente».

Imposibles galimatías de resolver, sólo válidos para repartir dinero público entre los adictos a él, y que no se hartan por más que acaparan. Las obras para las exhumaciones y rehabilitación de las criptas de la Basílica del Valle de los Caídos han quedado suspendidas cautelarmente, como queda dicho. El real decreto por el que se aprobaron las ayudas de 665.000 euros, indica que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos debía llevar a cabo una serie de actuaciones como determinar dónde poner los puntos de acceso a las criptas. También tiene que encargarse de establecer las medidas de seguridad necesarias para la inspección interior de los niveles subterráneos, ya que se desconoce la configuración interna de la mayoría de ellos. Además, debía asegurar la presencia e intervención de especialistas forenses y antropólogos para los desplazamientos de restos humanos que se encuentran durante la ejecución de las obras según los protocolos correspondientes, con los informes del Consejo Médico Forense del Ministerio de Justicia emitidos en relación con este asunto. Por este motivo, el Gobierno aprobó la creación de una comisión específica para el asesoramiento forense, cuyas labores se iban a centrar en las actuaciones de localización, identificación y exhumación de restos de las víctimas y sobre las medidas de conservación y dignificación de los osarios y restos, como se detalla en el convenio. Y un largo etc., donde se puede inferir el tamaño de esta locura, además asignada a las víctimas a las que convierte en verdugos, es decir, a los pobres frailes de la comunidad benedictina encargados de cuidar todo aquello. Pues la subvención de 665.000 euros es para la financiación de estos trabajos a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Pedro Sánchez pretende eliminar esta fundación, para lograr su propósito de acabar con todo lo que es el Valle de los Caídos.

En este lugar hay enterrados de los dos bandos, 33.833 personas. De sus familiares solo una ínfima parte es la que revuelve todo, sin contar con el resto que no quieren que se toque eso, ni que los huesos de sus familiares anden rodando en manos de esta gente. Ya sabemos lo que le importan los demás, cómo respetan las leyes…

Sólo hay que ver, por ejemplo, quién es el comunista Enrique Santiago, o el calvorota Odón Elorza, o Ada Colau, que de hada no tiene nada, o cualquier espécimen de esta inmunda colada de volcán. Recordemos a la «santa» Margarita Robles que firmó la comisión de la verdad por la cual irá a prisión cualquiera que se le ocurra pensar distinto a como le mande el gobierno de coalición socialista/comunista. En su enfermedad de cambiar las palabras la izquierda llama ahora a la fatídica ley: Memoria democrática. Algo avanzó semánticamente con la llamada, Memoria histórica, como si la memoria no fuera historia y la historia, memoria. La ley en el fondo es la misma, aunque peor. Aún retuerce más sus disparatados despropósitos, y pretende barrer todo lo que es nuestra historia.

Loada sea esta nueva asociación «Reconciliación y Verdad Histórica» que consiguió parar las obras del disparate, y pararle los pies al demonio, aunque no sea más que de momento. En este mismo periódico se publicó el 7 de septiembre de 2021, el siguiente titular: «Se presenta la Asociación para la Reconciliación y Verdad Histórica», y se daban los principios o razones de la Asociación: la lucha contra el totalitarismo antidemocrático de imponer un único relato sectario de la historia que dictará al estilo soviético, cuál es la verdad oficial, prohibiendo y castigando toda disidencia, con multas y penas de cárcel. La destrucción del Patrimonio Histórico y Artístico de todos los españoles. La prohibición de libros, estudios, etc., y todo lo que es Libertad de Expresión.

La sectaria ley de pensamiento único contempla silenciar y humillar la mitad de las víctimas de uno de los bandos enfrentados en la guerra. Reabre las heridas innecesariamente que ya estaban cerradas, y atenta contra la convivencia democrática. Pasa de largo sobre la transición y todas las leyes anteriores de reconciliación y amnistía, atentando contra nuestras libertades y derechos. Nos vuelve al oscuro tiempo previo a la guerra civil, cual es su deseo. Con la izquierda en el poder no amanece nunca.