Justificar el asesinato político por Decreto. Por Mateo Requesens

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Los comunistas autotitularon los regímenes políticos que implantaban en los países que caían bajo su dominio como Democracias Populares, las democracias más avanzadas del mundo, contaba su propaganda. Según Carmen Calvo, la nueva Ley de memoria democrática permitirá «homologar» la democracia española a las más avanzadas del mundo. No nos cabe la menor duda. La norma es digna de la República Popular Democrática de Corea, ese tipo de democracias populares que sirve de modelo a este gobierno ultraizquierdista.

Entre las medidas que incluye la nueva legislación para la “reparación de las víctimas del franquismo”, incluye la anulación de todos los juicios celebrados sin garantías y por motivos políticos durante el franquismo. Imagínense la pretensión de anular los juicios de Nuremberg. Declarar que los nazis fueron injustamente condenados, lo que equivaldría a reparar su memoria. Pues eso persigue esta nueva ley, que justificará los crímenes contra la humanidad del marxismo durante la guerra civil y del terrorismo comunista y separatista, al anular las condenas pronunciadas por los tribunales franquistas contra sus autores.

El Congreso y el Gobierno de Pedro Sánchez ya dio rienda suelta a su afán retrojusticiero con el rechazo de la condena a Luis Companys y Jover, que en octubre de 1934 proclamó la independencia de Cataluña, y que durante la Guerra Civil fue responsable de la represión en Cataluña que no solo no desconocía y permitía, sino que apoyó con sus medidas legislativas y de gobierno. El 23 de julio de 1936 promulga un decreto por el que “1º Se crean las milicias ciudadanas para la defensa de la República y la lucha contra el fascismo y la reacción … 2º En toda Cataluña se constituirán los Comités locales de defensa que deberán obrar de acuerdo con el Comité Central”. La actuación de esos comités y milicias, tuvo como resultado el asesinato en Cataluña de 8.000 personas sólo durante 1936, según estimaciones del propio Companys y el destacado miembro de ERC, Jaime Miravitlles. Companys firmo personalmente la autorización para aplicar decenas de penas de muerte, fue condenado por sus gravísimos crímenes el 14 de octubre de 1940. Una condena que se decretará nula por la infame Ley de memoria democrática.

García Atadell: tipógrafo, militante socialista, ladrón, violador y asesino, creó la conocida “Brigada del Amanecer”, instalada en el confiscado palacio de los condes de Rincón en Madrid, con el beneplácito de las autoridades gubernamentales y teóricamente bajo el control de la Brigada Criminal, al igual que el resto de las checas instaladas en la capital de España. Atadell fue responsable en los primeros meses de la guerra civil de cerca de 800 detenciones, pero a la represión política unió su afán de lucro. Se dedicó a robar a sus víctimas, seleccionando hogares burgueses, que asaltaba con el pretexto de que sus moradores eran derechistas, fascistas o simplemente iban a misa. Robaban los efectos de valor en la casa, violaban a las mujeres, torturaban para averiguar el escondite de joyas u efectivo o secuestraban a alguno de sus miembros que se llevaban a sus dependencias hasta que sus allegados entregaban el correspondiente rescate. Atadell y sus secuaces reunieron un considerable botín, con el que huyó a Francia a finales de octubre de 1936, ya que sus fechorías habían transcendido internacionalmente e incluso era acusado de traidor por la prensa frentepopulista, porque al parecer habría transcendido que había puesto en libertad a detenidos facciosos a cambio de dinero. Buñuel cuenta que los de Atadell “se llevaban a los hombres “de paseo”, violaban a las mujeres y robaban cuanto caía al alcance de su mano. García, a quien los fascistas buscaban ávidamente, era una de las vergüenzas de la República”. Las autoridades republicanas, alertadas por Buñuel, sabedoras de la presencia del criminal en Francia solicitaron su extradición, la petición llegó demasiado tarde, cuando este ya había embarcado en un barco rumbo a América. El gobierno republicano autorizó al embajador en Paris, el también socialista Araquistáin, para que avisara a las autoridades del bando nacional de la presencia de García Atadell en un barco que debía hacer escala en Vigo y en Las Canarias, siendo detenido en Las Palmas. Tras ser juzgado por un tribunal franquista, fue condenado a muerte y ejecutado en julio de 1937.

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¿Sera nulo el juicio y condena de este criminal, del que hasta sus propios correligionarios se escandalizaban?

Santiago Aliques Bermúdez, pintor, miembro de la checa anarquista del Cinema Europa, en Bravo Murillo, que dirigía Felipe Sandoval, más conocido como “Doctor Muñiz”. Se le atribuyen cientos de asesinatos. Participó en la saca de la cárcel de Ventas, que terminó con los asesinatos del cementerio de Aravaca. Participó en el asalto a la Cárcel Modelo del 22 de agosto de 1936, en el que fueron asesinados, entre otros, tres ex ministros de la Segunda República: Melquiades Álvarez, José Martínez Velasco y Manuel Rico Avelló, además de tres dirigentes de la oposición al Frente Popular en los meses previos al Alzamiento: Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio, José María Albiñana y el aviador falangista Julio Ruiz de Alda. Maximino de Frutos Llorente, también responsable de los asesinatos del cementerio de Aravaca. Pedro Luis de Gálvez López, considerado responsable del asesinato del escritor Pedro Muñoz Seca. Felipe Marcos García-Redondo, jefe de los piquetes de ejecución de Paracuellos. Julián Sevilla Sáez, conocido con el apodo de “Mataobispos”, tras haber asesinado al obispo de Jaén, Manuel Basulto Jiménez y a su hermana. Enrique Merino del Ojo, chófer, acusado de asesinar al obispo de Sigüenza. Lucio González García, alias “el sereno»”, Agustín González Dovar, alias “el gallego”, Gregorio García Sánchez, alias “Goyo”, partícipes en la matanza del tren de Jaén. Interceptado por los milicianos a la altura del barrio madrileño de Vallecas, hicieron bajar a los pasajeros y asesinaron a 191. Antonio Prieto Blázquez, que participó en el asesinato del bibliotecario Florián Ruiz Egea y el Barón de Bochgrave. Juan Tomás Estelrich, que estaba al frente de la banda Los linces de la República, otra brigada del amanecer estilo a la de Atadell. Maximino de Frutos Llorente, quien, según las crónicas de 1939, se jactó de haber rematado a golpes de pala a 80 víctimas. Todos ellos condenados por los tribunales franquistas.

Según Salas Larrazabal, se cifra en 23.000 las condenas a muerte dictadas por los tribunales del bando nacional que enjuiciaron los crímenes contra la humanidad cometidos por el Frente Popular, responsables materiales, chequistas y milicianos, junto a responsables políticos que participaron en le represión en retaguardia fueron los principales encausados. Aproximadamente a la mitad de los condenados se les conmutó la pena capital por la de reclusión. Entre estos últimos Marcos Ana, conocido actualmente entre los círculos ultraizquierdistas como poeta. Afiliado con 16 años a las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas) y condenado por su participación en el asesinato de un cura, Marcial Plaza Delgado, muerto de un tiro en la nuca en presencia de su madre y otros familiares. Marcos Ana asesinaba, también de un tiro en la nuca, a José Plaza Torres, padre del sacerdote a quien acababa de disparar. También asesinó a Amadeo Martín Acuña un pobre cartero y al labriego Agustín Rosado, al parecer por ir a misa y simpatizar con las derechas. Condenado a muerte, se le conmuta la pena por su juventud en el momento de cometer los crímenes y es liberado en 1961.

Todos ellos y miles más de los milicianos con las manos manchadas de sangre de víctimas indefensas, todos, serán “reparados”, porque según la nueva Ley de memoria Democrática fueron injustamente condenados. Cierto que fueron juzgados bajo las leyes y tribunales de los vencedores, pero nadie cuestiona por falta de garantias los juicios de Nuremberg, donde los nazis también fueron juzgados bajo las leyes y tribunales de los vencedores. Nadie lo cuestiona porque supondría justificar sus atrocidades y masacrar de nuevo a sus víctimas.

Julián Grimau, jefe de grupo de la Brigada Criminal de Madrid durante los primeros meses de la represión frente populista en la capital, conocía, toleraba y colaboraba con las actividades de las checas madrileñas. Es trasladado a Valencia donde se le asciende a Secretario General de Investigación Criminal. Responsable directo de la detención de 63 personas que fueron fusiladas posteriormente en Barcelona. Participó activamente en los interrogatorios que se llevaban a cabo en la checa de la Plaza de Berneguer el Grande y en las torturas a detenidos. Igualmente tomó parte en la represión estalinista contra el POUM, colaborando con la NKVD y GPU soviéticas, las organizaciones equivalentes a la Gestapo y SS comunistas. Huye tras la guerra civil a Cuba y posteriormente, en 1957, es miembro del Comité Central del PCE, intentando organizar cedulas clandestinas en España bajo las directrices de Moscú, con el fin de desestabilizar el régimen. Fue detenido en Madrid el 7 de noviembre de 1962, condenado a muerte, su ejecución levanto una intensa campaña izquierdista en toda Europa contra Franco. Siendo un emblema para el comunismo, la anulación de su condena será celebrada por toda la ultraizquierda.

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Tras más de 80 años de aquellas atrocidades y carnicerías, el dolor de los familiares de las víctimas, al ver como los verdugos de sus abuelos son “reparados” y transformados de asesinos en luchadores por la libertad, no será el mismo que sufran los familiares de las victimas del terrorismo comunista y separatista, cuyos enjuiciamientos también están en el punto de mira de la agenda de anulaciones de condenas que maneja la ultraizquierda española.

Salvador Puig Antich, ajusticiado el 2 de marzo de 1974. miembro del grupo terrorista Movimiento Ibérico de Liberación, fue condenado por el homicidio del subinspector del Cuerpo General de Policía en Barcelona, brigada anti-atracos, Francisco Anguas Barragán, de 24 años. También condenas a terroristas del FRAP y ETA, en especial los llamados Procesos de Burgos, serán objeto de revisión. La condena a 16 etarras acusados, entre otros delitos, por el asesinato del jefe de la Policía Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político Social de San Sebastián, así como del guardia civil de Tráfico José Pardines y del taxista Fermín Monasterio. Las de José Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegui Etxebarria, ambos de ETA político-militar, por el asesinato del cabo del Servicio de Información de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón, en Azpeitia. La condena a Juan Paredes Manot, Txiki, de ETA político-militar, condenado por el asesinato durante un atraco a una sucursal del Banco de Santander de la calle Caspe de Barcelona, del cabo primero de la Policía Armada Ovidio Díaz López. Las condenas a los miembros del FRAP Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar y José Humberto Baena Alonso por el asesinato del policía armada Lucio Rodríguez, en la madrileña calle de Alenza. La condena a José Luis Sánchez-Bravo Solla y Ramón García Sanz, también del FRAP, por el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, en el barrio madrileño de Carabanchel. De las penas de muerte dictadas tan sólo se ejecutaron 5, las de los terroristas del FRAP José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz y la de los etarras Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui. También aquí con una enorme campaña de la izquierda europea en contra de las ejecuciones.

Solo faltaría añadir a la lista a Rodrigo Lanza, el ultraizquierdista recién condenado por asesinar a Víctor Laínez. Al fin y a la postre su delito ha sido reventarle la cabeza a un facha, la misma conducta heroica de los condenados por el franquismo por asesinar facciosos indefensos, violar monjas, torturar curas o pegarle un tiro por la espalda a un policía armada o guardia Ccvil. Sin duda hacía falta una ley de memoria historica que reparase la represión del franquismo y reconociese esta gran labor de los injustamente condenados como asesinos en favor de la libertad y la democracia.