Los Abogados no somos El Defensor del Pueblo. Por Ramiro Grau Morancho

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Siempre he pensado que los escritores y personas públicas en general, que no contestan a las cartas, correos electrónicos de personas desconocidas, etc., son unos maleducados, pero los hechos me están haciendo cambiar de opinión.

Reiteradamente soy “asaltado”, por personas, a Dios gracias solo por vía informática, empeñados en “hacerme el favor de mi vida”, encomendándome un pleito que les interesa mucho, normalmente de tipo ideológico, político, religioso, etc., eso sí, sin soltar un euro, ni siquiera apoderarme, como es preceptivo.

Deben de pensar que yo vivo del aire, al igual que los 150.000 abogados que ejercen en España, que tengo un procurador en el bolsillo del pantalón, o incluso dos, que los pleitos se sustancian en unos días, y lo que es peor, que tengo la “obligación” de obedecer ciegamente sus órdenes, pues soy católico y patriota español.

Es verdad que la Constitución del 78 crea en su artículo 54 la institución de El Defensor del Pueblo, “como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título (el Título I de la Constitución, arts. 10 a 55, incluidos), a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”.

Esos “corresponsales”, a alguno de los cuales voy a dejar de contestar, dada su contumacia y pesadez, me exhortaba a emprender determinado pleito, para el que carecía de legitimidad alguna, dicho sea de paso, pero claro, ¿quién hace entrar en razón a una persona que no sabe Derecho, pero que cree que sabe…?

(Situación más frecuente de lo que parece, dicho sea de paso, pues en España todo ciudadano se considera abogado en ejercicio, y te rebate lo que haga falta, aunque no sepa ni de lo que está hablando, o más bien rebuznando…).

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Pues bien, el señor en cuestión (por otra parte, una excelente persona), me exhortaba a actuar en consecuencia, basándose en las siguientes máximas:

Alejandro Magno: “Tras la conducta de cada uno, depende el destino de todos”.
Montesquieu: “Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”.
Rudolf von Ihering: “Cuando la arbitrariedad y la ilegalidad se atreven a levantar la cabeza con insolencia e impudicia, es siempre un signo seguro de que los llamados a defender la ley no han cumplido con su deber”.

Como ya empezaba a estar harto de sus pretensiones, e “imposición” de obligaciones que solo existen en su cabeza, le conteste lo siguiente:

“1. Yo no tengo ninguna obligación de llevar un pleito, porque usted lo diga, y perdóneme la claridad.

Mis obligaciones en esta vida son atender a mi familia y realizar dignamente la profesión que ejerzo. Y punto.
En España hay 150.000 abogados. Puede dirigirse usted a los otros 149.999 (en números aproximados), a ver si le hacen caso, empezando por su cuñado o familiar, que me comentó tiene en esta ciudad.
Cualquier pleito requiere de un Procurador. Los Procuradores son como las putas, lo primero que hacen es pedir una provisión de fondos por adelantado, en previsión de impagos, para atender los gastos de gestión, suplidos, etc. Por un pleito ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, etc., rápidamente piden 2.000 o más euros.
¿Pretende usted que yo sea la puta y, además, ponga la cama…?
Ítem más, si el pleito se pierde, y es muy posible, la condena en costas ante el Tribunal Supremo suele fijarse en 4.000 euros… ¿Las va a pagar usted, o también quiere que las pague yo?
Pero, ¿quién demandará, usted…? ¿Y a quién representa usted, además de a sí mismo…?

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Pues es muy probable que los tribunales ni siquiera admitan la demanda, basándose en que no tiene “legitimación”, que es un concepto jurídico indeterminado, pero determinable, que viene a significar que uno tiene vela en un entierro, es decir que tiene un interés directo, personal y legítimo, en un determinado asunto…

¿Y usted está seguro de que la jerarquía eclesiástica, a la que sin duda se daría traslado de la demanda, o se pediría informe, iba a apoyar sus pretensiones…, o más bien todo lo contrario?
En resumen, que en los temas jurídicos, y más en los contencioso-administrativos, hay que tener mucho cuidado antes de empezarlos, pues al final pueden volver contra el demandante, como un boomerang, y más en un país como este, donde realmente no hay justicia, ni nada que se le parezca.
Disculpe si le he parecido excesivamente brusco, pero los aragoneses somos así”.

Señores abogados, ¿ustedes creen que tengo razón, o que debemos seguir siendo los Defensores del Pueblo, eso sí, sin sueldo ni privilegio alguno, asumiendo unas funciones que no nos corresponden…?