Memoria democrática y carta colectiva del episcopado español. Por Miguel Hedilla de Rojas

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Coincidiendo con el 84 aniversario de la redacción en mayo de 1937 de la Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos de todo el mundo, por el Cardenal Isidro Goma, Primado de España y Arzobispo de Toledo, ha habido dos eventos relacionados entre sí y conectados, a pesar de la distancia, con la misiva episcopal.

El primero la intervención el 8 de mayo de la vicepresidente del Gobierno Carmen Calvo en la casa de América en Madrid, en el marco de un acto de Estado en homenaje y recuerdo del exilio republicano español, anunciando la próxima Ley de Memoria Democrática y manifestando que esa será la que cuente y que los jóvenes deben de saber de dónde vienen, en donde están y adonde quieren ir.

En segundo lugar el 19 de mayo el Secretario de Estado de Memoria Democrático Fernando Martínez, miembro del PSOE y antiguo Senador, que tiene bemoles que haya una Secretaría de Estado para ello, innecesaria de por si al igual que otras, máxime teniendo en cuenta el déficit público, ha dado una conferencia en Alicante en el Restaurante Maestral, patrocinada por el Foro Alicante y la Universidad entre otras entidades. En el acto el Secretario de Estado ha informado sobre la ley y ha anunciado que el contenido de la misma entrará en las escuelas.

Ambos en vez de servidores públicos se han comportado como manipuladores de la verdad y vendedores de imagen, adornando sus palabras con términos biensonantes y frases grandilocuentes.

La Ley de Memoria Democrática es de momento un ante proyecto de Ley, por lo tanto aún no está aprobada. La misma pretende complementar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica. Por otro lado esta Ley de Memoria Democrática ha sufrido ya un primer tropiezo ante el Consejo General del Poder Judicial, la auguro más, en donde los ponentes del informe no vinculante están en desacuerdo. Uno de ellos la ha calificado de anticonstitucional y antidemocrática.

¿Y cuál es el vínculo entre esta Ley con la Carta Colectiva de 1937 del episcopado Español a los obispos del mundo? Pues que el proyecto de ley solo reconoce una clase de memoria, la de los que perdieron la guerra civil y referida a los actos de los que la ganaron contra ellos, con lo que para la ley, a “sensu contrario”, no existe ninguna otra memoria. Y esa es la relación, porque la Carta Colectiva del episcopado, firmada por dos cardenales, seis arzobispos, treinta y cinco obispos y cinco vicarios capitulares, vino a denunciar la persecución religiosa de esta, especialmente del PSOE, contra los católicos, así como la postura de la Iglesia ante la Guerra Civil.

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El proyecto de ley establece sanciones de entre 200 y 150.000 € para quienes estén disconformes con lo establecido en la misma, y difundan, enseñen, publiquen o escriban tomando postura histórica diferente y contraria con la oficialmente establecida. Con lo que nos vamos a encontrar el que por ley la Republica fue democrática, mentira, el PSOE no se sublevó en el 34 contra el poder legalmente establecido, otra mentira, la izquierda no asesinó a nadie, nueva mentira, las elecciones de febrero del 36 no fueron un fraude, más mentira, y, de repente, vinieron los “fascistas” que no estaban de acuerdo y se cargaron la vida libre, apacible y democrática de la II República, de nuevo mentira.

El criminal comportamiento de la izquierda en la contienda supuso una persecución religiosa en toda regla, un auténtico genocidio, ya que trató de exterminar y eliminar sistemáticamente a un grupo humano por motivos religiosos. El PSOE junto a anarquistas y comunistas, fueron precursores del nazismo y continuadores del estalinismo.

Fueron asesinadas cerca de 7.000 eclesiásticos en función de su profesión de Fe. 13 obispos, 4.300 sacerdotes seculares, 2.400 religiosos y 200 religiosas. Siendo entre 60.000 y 70.000 los seglares víctimas del odio por su sola condición de católicos. Se quemaron iglesias y colegios, se profanaron tumbas y hasta se llegó a fusilar la estatua del Sagrado Corazón de Getafe, en el Cerro de los Ángeles, dinamitando el monumento y arrastrando por las calles su cabeza.

Los firmantes de la carta episcopal declararon a la guerra como Cruzada dado el carácter de pogromo anticatólico que tuvo la izquierda durante la II República y la contienda. Fue el obispo de Pamplona, el neo falangista Marcelino Olaechea, el que estableció con anterioridad esa condición de cruzada para la rebelión cívico militar del 18 de julio. La repercusión internacional de esa consideración tuvo un amplio eco en la toma de postura, por uno u otro bando. de los católicos de todo el mundo.

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La transición tras la muerte de Franco trajo de todo, cosas buenas y otras malas, pero entre las primeras la reconciliación parecía un logro difícil de transgredir en el futuro. Lo triste es que los transgresores no han sido quienes hicieron la guerra, ni siquiera sus hijos, sino sobre todo sus nietos y al margen del bando en el que estuvieron los abuelos, primando la tergiversación y la ideología.

La reconciliación era y es básica para la convivencia. No se trata de olvidar sino de aprender para que todas las barbaridades cometidas en el pasado no volviesen a suceder. Pero el PSOE no quiere, y no lo hace tanto como principio sino para tapar con ello sus miserias, su mala gestión y su deriva política.

Una ley de esas características debería de ser consensuada y abarcar todo lo que trajo consigo la república y la guerra, tanto de la derecha como de la izquierda. Nada hay que objetar a que los familiares de las victimas busquen y entierren dignamente a sus familiares, es más lo aplaudo, ni tampoco a levantar bandera contra la violencia y los enemigos de la convivencia, pero de ahí a lo que pretenden los promotores de la ley, mentir, tapar y manipular, hay una distancia tan amplia que cada vez separa más a los españoles. Flaco servicio se prestará a la democracia si se aprueba.

La vicepresidente Carmen Calvo es la cabeza visible y principal abanderada de ese proyecto de considerable desatino político e histórico. Debería, con solo un poco de imparcialidad y sensibilidad, incluir en su ley a los autores del bombardeo al Mercado de Abastos de Cabra, Córdoba, su pueblo, en donde el 7 de noviembre de 1938 la aviación republicana mató a 109 civiles y dejó más de 200 heridos, eso sí, las víctimas y sus familias no tuvieron a ningún Picasso que propagase tamaña barbaridad contra la población civil.