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Sectores productivos en llamas: los astilleros de Cádiz y San Fernando, la metalúrgica Alcoa, los ganaderos, los agricultores, los transportistas, etc. Protestas y hartazgo. Una traslación al presente de lo que sucedió en el pasado, hace 30 años, cuando el PSOE de Felipe González que prometía asaltar los cielos contra un capitalismo explotador, terminó siendo su aliado y benefactor contra los derechos de los trabajadores.
Al igual que en los años 80 del pasado siglo, hoy vemos a las industrias navales y pesadas prendidas en llamas, a los ganaderos derramando la leche y al gobierno español del Partido Socialista Obrero Español cogiendo las tijeras para meter el más agresivo recorte contra las pensiones.
Igualito que en la legislatura 1982-1986. En 1982 Felipe González ganó las elecciones generales frente una ruinosa Unión de Centro Democrático. La UCD, que en 1979 había obtenido siete millones de sufragios, pasó a obtener millón y medio en los comicios de 1982 donde se alzó con más de diez millones de votos Felipe González.
Para ganar el gobierno, el PSOE había prometido la jubilación a los 64 años, crear 800.000 empleos, embridar la inflación y potenciar los salarios obreros. Sucedió al revés: en 1984 el paro había subido en 500.000 desempleados y la oronda tasa de desempleo legada a los socialistas por UCD era todavía mayor aproximándose España a los tres millones de españoles en paro. Cifras que contrastaban con las de 1975, año de la muerte de Franco, cuando España contaba con un desempleo del 1 por ciento que tan sólo 5 años después había escalado hasta el 12 por cien para 1980, bajo el gobierno de Adolfo Suárez.
No habían pasado ni quince días desde su victoria electoral del 82, cuando Felipe González y Alfonso Guerra se reunieron con los representantes de la patronal –CEOE- llamados Ferrer Salat y José María Cuevas. La política del PSOE se basó en aceptar y gestionar la puñalada a los obreros, la inmersión de lleno en el sistema capitalista y globalista, y en desarrollar los dictados de la banca y las élites empresariales.
El gobierno socialista aceptó el deseo de los oligarcas del régimen y de las potencias internacionales para destrozar la poderosa industria pública española apiñada en el Instituto Nacional de Industria. Ese vigor industrial de los recursos soberanos era el que en 1975 había hecho de España la octava potencia industrial del mundo.
El proceso de destrucción industrial iba a llamarse eufemísticamente “reconversión industrial”; sería impulsado por el ministro Solchaga en 1984 y suponía poner fin al tejido productivo que había hecho de España, entre otras cosas, la segunda potencia mundial en producción naval así como puntera europea en fabricación de acero o bienes de equipo.
El ingreso de España en la “Comunidad Económica Europea”, rubricado por el PSOE en 1985, venía precedido por la aceptación del chantaje impuesto por Alemania y Francia contra nuestro sector productivo industrial, heredado del Instituto Nacional de Industria proveniente del franquismo y cuyo potencial entrañaba un grave riesgo para los intereses franceses y alemanes, anhelantes de tener en España no a un competidor sino a un mero “cliente” sumiso. Parte de ese “chantaje” impuesto por las élites europeas incluía el cierre industrial de poderosas empresas de los sectores siderúrgico o naval.
Los “altos hornos de Sagunto”, así como parte de la industria naval o la industria siderúrgica fueron desmantelados. La llamada “Reconversión Solchaga”, iniciada en 1984, supuso la destrucción de 2.700.000 puestos de trabajo que hicieron mella en miles de familias españolas. La engañifa utilizada por el PSOE para distraer y engañar a la atención pública fue argüir que este proceso se ejecutaba para reacondicionar el sector, hacer la economía “más competitiva” y, cómo no, para “entrar en la Comunidad Económica Europea” y gozar así de los suculentos beneficios del “mercado común”. Los planes de producción de altos hornos de Sagunto, con objetivos de trabajo a 25 años vista, fueron destruidos de un plumazo y más de 5000 familias valencianas se vieron en la pobreza.
Por si fuera poco, la agricultura sufrió un rejonazo no menos envenenado. El “caramelo” tóxico de la Política Agraria Común ofrecido a muchos de nuestros agricultores y ganaderos les prometía y concedía subvenciones por un lado mientras, por el otro, les imponía cuotas lácteas o arrancamiento de cepas de vid. Dicho de otro modo: unas migajas a cambio de convertir nuestro sector agroalimentario, puntero de Europa hasta entonces, en felpudo de franceses y alemanes que para postre, especialmente los primeros, disfrutaron durante décadas volcando nuestros camiones en suelo gabacho.
Las protestas actuales del agro y la ganadería contra el gobierno de Pedro Sánchez son la consecuencia funesta de los errores, las claudicaciones y la entrega de Soberanía nacional pergeñada hace más de 30 años. Situación que no fue revertida por el PP, conformado con negociar subvenciones de chichinabo pero no en exigir el fin de los infames Tratados de libre comercio con Marruecos o Sudáfrica o la corrección de los injustos precios al producto primario español resultantes de los manejos financieros y especulativos.
La reconversión de los años 80 afectó también al sector naval y hoy, el poco que queda, solicita subidas salariales efectuando duros enfrentamientos en Cádiz, miserablemente aprovechados por el alcalde “Kichi”, convertido en agitador de la violencia y de unos manifestantes cooptados por la extrema izquierda para no dañar al gobierno ni al sindicalismo de la coca y el langostino, verdaderos enemigos de los trabajadores.
No sólo la izquierda desamortizó el patrimonio industrial español. La derecha fue la gran privatizadora de recursos públicos para su cesión a amiguetes o a capitales extranjeros. Me limitaré a señalar un ejemplo que tiene su resonancia en la actualidad: el caso Alcoa.
Actualmente crece el voltaje de las protestas de los trabajadores industriales por el cierre de las plantas españolas de “Alcoa”, la multinacional del aluminio que deja a sus trabajadores en la cuneta tras décadas sin desarrollar los planes de inversión y modernización comprometidos.
Alcoa arribó a España de la mano del otro gran desamortizador del patrimonio industrial español; del otro gran “vendepatrias” y privatizador. Me refiero a José María Aznar, que regaló “Inespal”, entidad estatal de producción del aluminio –fundada en 1958-, al capital norteamericano de Alcoa. El proceso se hizo en 1997 y entrañó entregar por 400 millones de dólares los once centros de trabajo con miles de empleados. En 2018 sólo quedaban en activo cuatro centros, con poco más de 700 trabajadores. Parte de su factura energética ha sido sufragada por todos los españoles mediante la tarifa “G4” que suponía camuflar las subvenciones directas que el Estado daba a esta gran empresa y que duraron hasta 2013 en que se instauró un sistema de subasta que del mismo modo entrañaba una transferencia encubierta de recursos públicos.
Esta empresa internacional, que obtuvo beneficios de más de 1400 millones de euros en sus dos principales plantas entre 1998 y 2014, cierra su instalación alegando problemas tecnológicos y estructurales. La empresa no ha efectuado ninguna de las inversiones a las que se comprometió cuando Aznar le regaló las once plantas españolas. En vez de reinvertir sus beneficios en las plantas españolas, Alcoa se los llevó a terceros países como Arabia Saudí. En román paladino: Alcoa se ha gastado 0 euros en infraestructuras completamente amortizadas que pagamos todos los españoles y en las cuales ha extraído beneficios netos a cargo de las bonificaciones del Estado. Cuando le ha interesado, ha echado el candado.. y si te he visto, no me acuerdo.
Los trabajadores arruinados de Alcoa, como los del metal de Sagunto cuando les cerraron sus altos hornos en los 80; los ganaderos depauperados que derraman la leche en las alcantarillas; o los currantes del metal en la bahía de Cádiz…Todos ellos son fruto de la coyunda de los presidentes de la “democracia que nos hemos dado” desde Felipe González hasta Pedro Sánchez, con el capitalismo de amigachos; con las privatizaciones que destruyeron el arrollador potencial industrial español que los gobiernos franquistas enriquecieron bajo el paraguas del Instituto Nacional de Industria.
Gracias al inmenso parque industrial estatal del INI, España ingresaba los suculentos beneficios para el Estado que hacían que la floreciente clase media alzada por Franco no pagara ni IRPF, ni IVA ni Sucesiones ni ningún atraco fiscal de los tantos que se impusieron con la llegada la democracia.
El peso industrial español sobre el PIB era un 37 por cien en 1975. En 1986 era de un 17 por cien, y en caída libre…El superávit que España obtenía en su balanza comercial gracias al Tratado preferencial comercial suscrito en 1970 entre el gobierno español y la Comunidad Europea llevó a que la producción de acero, vehículos o alimentos encontrase en los mercados internacionales un valladar de prosperidad que ni Margaret Thatcher, ni Francia ni Alemania podían soportar. Querían a España sin Soberanía, sin Industrias y sin Autonomía.
El ingreso en la Comunidad Económica Europea convirtió a España en un páramo para los obreros pero en un vergel para el dinero para la corrupción política y sindical. ¡Ah! ¡Y para las “carreteras” que nos decían que “nos pagaba la Unión Europea”! ¿Se acuerdan? Sí: ésas mismas que ahora nos dicen que debemos volver a pagar mediante peajes generalizados.
Nos la han clavado doblada durante 40 años de partitocracia europeísta y globalista sin moral ni escrúpulos.
Hoy arden en llamas muchos trabajadores y sectores cuyas desgracias son el resultado de haber arrasado desde hace 40 años el inmenso potencial de nuestra Soberanía y haber cedido nuestra autonomía y poder a instancias supranacionales y a oligarquía corruptas.
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