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La subida de los precios de la luz está siendo uno de los principales problemas de 2021. Su incidencia está provocando fuertes alteraciones en el mercado de bienes y servicios en general y está perjudicando a empresario de numerosos sectores y a los consumidores.
El Gobierno se ha comprometido, para luchar contra los constantes incrementos del precio de la electricidad, a implementar una norma que sirva para que el Estado pueda intervenir los llamados «beneficios caídos del cielo» de las compañías eléctricas. Precisamente, el objetivo, según declaró Pedro Sánchez a raíz de su entrevista en TVE, es adoptar «nuevas medidas para detraer esos beneficios y redirigirlos a los consumidores, topando el recibo del gas y rebajando la factura de la luz».
Ciertamente, los objetivos de recortar beneficios extraordinarios se podrían lograr mediante un incremento de la presión fiscal o con otros mecanismos próximos en lo que a aspectos técnicos se refiere. No obstante, si que es cierto que se pueden llegar a plantear cuestiones sobre la legalidad de la medida y sobre sus éxitos en lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos fijados.
Por un lado, según la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, «la decisión acordada constituye una incautación o detracción económica de la cuenta de explotación de nuestras empresas, con lo que nos encontramos en términos amplios ante una expropiación» y, «de llegar a producirse, tendría que tener, como cualquier otra que se produzca en nuestro país, la oportuna compensación», aunque, «en caso contrario, estaríamos más bien ante un supuesto de daño patrimonial a los accionistas, con las consecuencias jurídicas que de ahí podrían derivarse».
Por otro lado, aunque se pudiera considerar que la medida de detracción es plenamente legal, resulta complicado que se pueda redirigir la cuantía de esos beneficios extraordinarios a los consumidores. A este respecto, el problema del planteamiento del Gobierno es que no parece saber o querer contar con la posible repercusión de la carga económica que supongan las medidas de restricción de los «beneficios caídos del cielo» a los consumidores. Dicho de otro modo, los precios de la electricidad podrían rebajarse momentáneamente con las medidas aprobadas, pero las compañías eléctricas terminarán encontrando el mecanismo para garantizar que las cantidades de las que les prive el Gobierno se recuperarán cobrando más a los consumidores por otras vías.
Muchas veces, hay situaciones difíciles de afrontar y se requiere astucia y conocimiento para superarlas. En caso contrario, de no tener ni lo primero ni lo segundo para poder solventar conflictos, se aboga habitualmente por hacer como si se solucionaran, adoptando medidas que, aunque no arreglen nada, transmitan el mensaje de que nada más va a pasar. Así lo hacen los dirigentes políticos españoles desde hace muchos años.
Mientras el Gobierno no favorezca la seguridad jurídica evitando medidas cortoplacistas y bajando indefinidamente en el tiempo la presión fiscal que recae sobre la electricidad, cuyo coste se traslada a los consumidores, será difícil que el Consejo de Ministros pueda impulsar reglas jurídicamente potentes y moralmente intachables que no puedan ser cuestionadas por las compañías que intervienen en el sector de la energía eléctrica.
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