En torno al tema de la inmigración ilegal una gran parte de lo que se dice, sobre todo en la televisión y los medios afines al régimen, no es otra cosa que marear la perdiz.
Lo evidente es que todo país tiene el derecho y la obligación de ordenar los procesos de inmigración. Es un contrasentido hablar de un Estado de Derecho si no tiene unas fronteras que definan el territorio donde sea de aplicación la legislación de ese Estado.
La invasión de Ceuta ha sido el detonante de la fallida legislación y política de inmigración actual que tiene España.
Ante la inmigración hay que actuar, no queda otra alternativa. No cabe aceptar que la legislación vigente sea tan permisiva que no ofrezca vías para obligar a retornar a todos los invasores al país de donde llegaron.
No mareemos la perdiz: si la legislación vigente no permite actuar con firmeza hay que modificarla.
Lo importante, ahora, no es quien aprobó o toleró esa legislación sino crear de inmediato una nueva legislación y su normativa de desarrollo de forma que sea posible la expulsión de todos los invasores, sean actuales o anteriores.
Eso no impide que se trate con humanidad a todos los invasores y que se creen campos de internamiento, razonablemente acondicionados, desde donde proceder a mantener y tramitar con rapidez la expulsion, la cual debe realizarse, con incentivos para quienes la acepten voluntariamente, o de manera forzosa para quienes no quieran irse.
Como es obvio y de sentido común, es necesario una política de relaciones internacionales con los países vecinos, con Marruecos en especial, desde donde suele venir, sea por fronteras marítimas o terrestres, los inmigrantes ilegales.
En ese proceso hay que envolver a la Unión Europea, que actualmente es muy partidaria del firme control de la inmigración ilegal, así como de la exigencia de la inserción y del respeto a la cultura general europea por parte de los que sean acogidos.
Los acuerdos preferenciales de comercio, las ayudas al desarrollo de los países de donde proceden los inmigrantes ilegales deben ser instrumentos que ayuden al retorno, debiendo supeditarse a que los países que los reciban cooperen sin ambigüedades en los procesos de retorno así como de freno a las salidas de emigrantes.
No cabe duda de que la inmensa mayoría de inmigrantes vienen con la intención de tener un nivel de vida mejor y sin ningunas otras intenciones reprobables. Sin embargo, la debilidad de los Estados de Derecho en España y en otras naciones europeas, facilita la delincuencia.
Es muy probable que Sánchez no quiera cambiar la permisiva normativa vigente o que se haga el remolón para alargar el proceso. Lo contrario sería una novedad impensable. Ante ello la alternativa es proponer un gobierno de concentración nacional con el objetivo inmediato de modificar la legislación de inmigración por vía de urgencia y de convocar elecciones generales.
Si esa propuesta no prospera, la alternativa es una gran movilización por parte de la oposición, que incluya firmes tomas de posición por parte de los gobiernos autonómicos y municipales.
O los españoles oriundos o nacionalizados, exigimos un cambio muy profundo y concreto o la situación puede complicarse mucho más.
Autor
- Administrador Civil del Estado.
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