Último asalto al Poder Judicial. Por Filípides

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Como es natural, todos los delincuentes sueñan con un mundo sin policías ni jueces que castiguen sus fechorías y donde los ciudadanos, inermes, sean incapaces de hacerles frente por sus propios medios. Sin embargo, sólo algunos criminales ven cumplidos sus sueños: Por ejemplo, el llamado crimen organizado, que, merced al poder del dinero, disfruta de impunidad comprando jueces, funcionarios de aduanas, policías y políticos corruptibles.

En ocasiones, son los propios políticos los que constituyen una organización criminal y, sirviéndose de su poder e influencia, pretenden quedar al margen de la ley. De hecho, empleando todos los resortes a su alcance, a menudo lo consiguen.

Como sabe cualquiera con unos mínimos conocimientos históricos, el PSOE tiene una historia vergonzante como satélite de la Komintern; es decir, como emanación servil de la mayor organización criminal de la Historia, esa gran matriz conocida como “Partido Comunista” de la Unión Soviética. Para sus lacayos en cualquier parte del mundo, simplemente, “El Partido”. Así lo ilustran los elocuentes testimonios de algunos socialistas y notables miembros de la organización desengañados que pudieron sobrevivir al horror del socialismo real y dejaron constancia de lo vivido por escrito; léase: Yo, secretario de Stalin (Boris Bajanov, 1930); Fugitivos (Tatiana Tchernavin, 1934); Rebelión en la granja (George Orwell, 1945); Yo fui ministro de Stalin (Jesús Hernández Tomás, 1953); Hombres made in Moscú (Enrique Castro Delgado, 1961), o Archipíelago Gulag (Solzhenitsin, 1973), entre otros.

Obviando, como es lógico, a las víctimas de la LOGSE y los pobres adictos a la propaganda del Partido –a los que no me dirijo porque es perder el tiempo–, para cualquier español con ojos en la cara, lecturas y alguna memoria, el PSOE ha sido y es la mayor organización criminal del país y la amenaza más importante para nuestra democracia. Desde su fundación hasta hoy.

Por esta razón, por su naturaleza criminal, totalitaria y liberticida y por su propia supervivencia, el Partido siempre ha perseguido la impunidad de sus actos, dirigiendo todo su empeño a controlar la Educación, la Justicia y los medios de comunicación: desde la Ley Orgánica del Poder Judicial (1985), pasando por la LOGSE (1990), la LOE (2006) y la LOMLOE (2020), hasta las “leyes de memoria” (2007 y 2022). Sin olvidar, por supuesto, el control del espacio cultural, convertido en herramienta de propaganda por la vía de las subvenciones públicas –desde el cine a las editoriales–. Por no hablar de las concesiones al duopolio mediático y las famosas “agencias de verificación”.

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Cada vez que la ley ha sido violentada por el Partido, sus líderes y miembros –infinitas veces en democracia–, aquél ha maniobrado para anular la independencia judicial y entorpecer o impedir la acción de la Justicia. Siempre presionando e intentando condicionar los tribunales a su favor, o indultando a los que han sido condenados a pesar de todos los esfuerzos.

En los últimos tiempos, hemos visto asaltar el Tribunal de Cuentas y un asedio constante para controlar totalmente –y no sólo condicionar– el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Apenas un puñado de instituciones que todavía no han sido sometidas bajo el yugo del Partido.

De igual modo en que un tirano enarbola la bandera de la libertad para acabar con ella, la “democracia” es la excusa preferida de sus enemigos para socavarla, empezando por la destrucción de la división de poderes. Así, el Partido reivindica que la voluntad expresada en las urnas debe tener su reflejo no sólo en las leyes –aprobadas con los votos de los enemigos declarados de la nación y dirigidas a enfrentar y jamás buscando el consenso–, sino en la elección y promoción de jueces afines que reflejen, en su “manera” de aplicar de la ley, esa mayoría democrática. Esto es, que “interpreten” la ley –en lugar de aplicarla– conforme a los intereses del Partido –que no el de los ciudadanos–; el primero de los cuales es generar más división. Compruébese, si no, cómo esa “interpretación” del Derecho conduce en tantas ocasiones a la indefensión del ciudadano y al amparo del delito y del delincuente.

Permítaseme traer aquí un par de viejos testimonios cuyo contenido seguro les resultará familiar:

El primero, de Boris Bajanov, secretario de Stalin de 1923 a 1925 y prófugo de la Unión Soviética en 1928, quien afirmaba: “Es bueno disipar las ilusiones de los europeos inocentes que se figuran que en la Rusia soviética existen tribunales de justicia. Hay un simulacro, desde luego, pero los tribunales no son más que oficinas de funcionarios comunistas, ejecutores ciegos de las órdenes telefoneadas por el Partido”[1].

Y un segundo, de León Chajn, Secretario General del Partido Democrático polaco y viceministro de Justicia del Comité Polaco de Liberación Nacional (PKWN)[2], que escribía en 1945: “La justicia debe ser transformada. El juez expresará públicamente sus opiniones y sentimientos. Se abstendrá de los principios de ‘verdad objetiva’, de suerte que pueda llegar a una comprensión colectiva de la verdad. La sentencia ha de ajustarse a los sentimientos del pueblo por lo que toca a lo que es derecho y no a los estatutos formales de la Ley”[3].

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Exactamente la misma coartada para la arbitrariedad defendida por las correas de transmisión del Partido –¡qué semejantes nuestros “Jueces para la democracia” y la “Unión Progresista de jueces y fiscales” a aquella “Unión de Abogados Demócratas” de la República Popular de Polonia!– cuando, frente al espíritu y la letra de la ley, pregonan su “interpretación” para legitimar su incumplimiento.

Con razón escribía Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, en Del espíritu de las leyes (1748): “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder (judicial) detenga al poder (político)”. Y por algo Alfonso Guerra afirmó que “Montesquieu había muerto” cuando el Partido aprobó la Ley del Poder Judicial de 1985.

[1]
Boris Bajanov. Yo, secretario de Stalin (1930).

[2]
Organización comunista polaca, títere de la Unión Soviética, fundada en Moscú a instancias de Stalin. Junto al PPR (Partido de los Trabajadores Polacos) y el Partido Socialista, dirigidos igualmente por Moscú, ejerció el poder en Polonia tras la II GM. Władysław Gomułka fue el secretario general del PPR de 1943 a 1948. El Partido Obrero y el Partido Socialista Polaco gobernaron ininterrumpidamente desde 1948 a 1990 bajo el nombre de Partido Obrero Unificado Polaco (PZPR).

[3]
León Chajn, “Ensayo de balance”. En La administración de Justicia en la nueva Polonia, desde el 22 de julio de 1944 hasta el 22 de julio de 1945, Ministerio de Justicia de la República Popular Polaca. Cit. por Carlos Robles Piquer en “Las cuatro libertades”, Obra. Revista internacional, números 1 y 2 (mayo y junio de 1946), Madrid, nº 2, p.204.