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Dejando a un lado, la conducta caballerosa e intachable de la familia Primo de Rivera, adelantándose a las humillaciones presumibles contra los restos de su deudo José Antonio, hemos de decir que solo un líder político se ha atrevido a denunciar públicamente la última felonía que, en materia de Memoria Democrática, pretendía consumar el Gobierno que nos rige. Ni más ni menos, que la profanación de la tumba de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia. Un Grande de España. Un aristócrata de sangre y honor. Y nadie ha dicho ni pío, ni en la derecha ni en la izquierda, como si todos estuviéramos de acuerdo con semejante barbaridad. El único personaje público –insisto- con escaño en las Cortes que ha protestado por tamaño disparate ha sido Santiago Abascal. Y es de agradecer, pues aquí hay que recordar lo del dicho castellano: quien calla, otorga.
Cuando José Antonio Primo de Rivera fue fusilado en Alicante, el ejecutado era Marqués de Estella; título otorgado por Alfonso XII al tío-abuelo del malogrado José Antonio por méritos de guerra. Eso para los socialistas de aquella época –exceptuando algunos izquierdistas como Besteiro – era indicio de ser un fascista, hasta el punto de que el socialista Álvarez del Vayo, ministro a la sazón de Asuntos Exteriores, fue el mayor responsable del asesinato del Duque de Veragua, descendiente directo de Cristóbal Colón. Otro socialista criminal, como Ángel Galarza, ministro también y responsable de las enormes matanzas practicadas en Madrid, a partir de septiembre de 1936, fue inductor de asesinatos de ciudadanos pacíficos que tenían apellidos de personajes históricos, como Borbón, Wamba o Calderón de la Barca… Curiosamente, cuando el médico militar De Lemus y Calderón de la Barca fue detenido, alegó ante el juez instructor que pensaba que lo habían apresado por poseer el apellido que tenía pues no militaba en partido alguno… Fue fusilado sin formación de causa, tras darse la orden de ser trasladado a la cárcel de Chinchilla; lo mismo que hicieron con Ramiro Ledesma, si bien a éste, la razón de su asesinato es que era un fascista peligroso, que necesitaba ser trasladado con urgencia. Desconocían los matarifes socialistas que ordenaron su muerte que Ledesma había vivido en la Casa de Viriato en el pueblecito zamorano de Torrefrades, lo que socialmente hubiera requerido un castigo más ejemplar para su mentalidad criminosa…
Cuando decimos que los socialistas fueron unos canallas, que no se me interprete mal. Bellacos fueron los socialistas que ocuparon el sillón ministerial cuando se formó el Gobierno de Largo Caballero a principios de septiembre de 1936 y no trataron de impedir la limpia sangrienta y terrorífica que azotó a Madrid por entonces. Matanza monumental que se llevó por delante la vida de más de 30000 almas, según varias fuentes, entre ellas, la propia confesión del socialista José Cazorla, quien, a partir de diciembre de 1936, ocuparía la dirección del orden público del Madrid republicano.
Conviene recordar, por tanto, que el marquesado de Estella fue instituido en 1877, por decisión del rey Alfonso XII, en consideración de los méritos de guerra del capitán general Fernando Primo de Rivera y Sobremonte. A la muerte de este insigne militar en 1921, heredaría el marquesado su sobrino, el general Miguel Primo de Rivera, futuro dictador de España; y tras el fallecimiento de este en el exilio parisino, haría lo propio su hijo primogénito en 1930. El marquesado había recibido la consideración de Grandeza de España por decisión del Rey Alfonso XIII en 1923. Como también resulta conocido, el fundador de la Falange tenía parientes y antepasados de alta alcurnia en el continente americano, estando ligado incluso con el mismísimo Libertador, el general argentino José de San Martín.
Pues bien, la familia Primo de Rivera tuvo cuatro miembros fusilados por intervenciones socialistas, que se sepa. El primero de ellos fue Fernando Primo de Rivera[1], en agosto de 1936, y el último, José Antonio, en noviembre de aquel año. Y no hubo un quinto porque la defensa que hizo José Antonio de su hermano Miguel fue providencial a fin de impedir que también fuese ejecutado, pues el Ministerio Fiscal también había pedido para este último la pena de muerte.
Fernando Primo de Rivera, como es conocido, fue asesinado con ocasión del asalto a la cárcel Modelo en agosto de 1936. La preparación de tamaña tropelía fue idea del socialista Enrique Puente Abuin, el proveedor de armas a los comandos terroristas socialistas desde los primeros compases de la República. Un hombre de acción, como lo definió el socialista Zugazagoitia. De hecho, es Puente quien encarga al socialista Tello Tortajada que forme el primer escuadrón de la muerte para acabar con los fascistas, portando éste, cuando es detenido en 1934, los datos del automóvil de José Antonio para proceder a su eliminación. Puente, jefe de las juventudes socialistas madrileñas, fue también el dirigente máximo de la temible Motorizada, el escuadrón paramilitar que trató de impedir por la fuerza (pistola en mano) que José Antonio pudiera salir elegido diputado en las elecciones por Cuenca, lo que hubiera permitido a Primo de Rivera dejar la cárcel antes del alzamiento militar y quizás así hubiera podido conservar su vida. En cambio, Puente lograría huir a Méjico, al final de la guerra, embarcado en el yate Vita, cargado de los expolios perpetrados por las milicias y policías frentepopulistas en el patrimonio de incontables personas de orden. Moriría en 1957, siendo empresario y poseyendo una buena fortuna.
José Antonio que estaba preso en Alicante, de forma irregular, pues el Tribunal Supremo había confirmado que la Falange era una asociación plenamente lícita en junio, ordenándose su libertad, fue acusado por el Ministerio Público -el Gobierno socialista, según terminología sanchista- de rebeldía militar, lo que implicaba que se hubiera alzado en armas contra el poder constituido, en conformidad con la normativa castrense de la época. Circunstancia que era imposible pues Primo de Rivera se hallaba preso desde marzo… Y es que el juez instructor fue Federico Enjuto, un jurista de imparcialidad dudosísima pues siendo derechista en plena monarquía se convertiría con el advenimiento de la república en un forofo de Indalecio Prieto; habiéndose permitido, por lo demás, que el sumario contra José Antonio fuera llevado irregularmente a la capital donde operaba el Ministerio, tras haberse incoado. De hecho, fue el Ministerio de Justicia el que apremió a los juristas alicantinos, en torno a principios de noviembre, para que el proceso fuera instruido y fallado en breves días, como testimonió el secretario de la Audiencia Provincial de Alicante, nombrándose presidente accidental del tribunal juzgador el doce de noviembre… En cualquier caso, la instrucción del sumario contra los hermanos Primo de Rivera constituyó otra gran irregularidad, pues la prensa republicana daba por concluido los sumarios a principios de septiembre[2], cuando, en realidad, faltaban más de dos meses para ello…
Pues bien, el jurado popular, con presencia socialista y ayuno en asuntos jurídicos, contestó capciosamente a las preguntas formuladas por el Tribunal Popular, por lo que éste consideró a José Antonio culpable de delito de rebelión, imponiéndosele la pena de muerte. Y el gobierno no quiso tramitar siquiera la conmutación de pena, ni el indulto pedido por el cónsul de Cuba … Una canallada más, pues la documentación del fiscal acusador acredita que el 19 de noviembre de 1936, el Consejo de ministros quedó enterado de la ejecución de José Antonio… un día antes de ser pasado por las armas. No en vano, a las cuatro de la tarde del 19 de noviembre, se celebró consejo de ministros, presidido por Largo Caballero, concurriendo a la reunión el presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez[3]. Ni siquiera consta en el expediente judicial ninguna diligencia que certifique la ejecución reglamentaria de la sentencia dictada contra José Antonio y sus hermanos.
Y es que, desde principio de septiembre, el gobierno de Largo Caballero había decidido tácitamente la muerte de José Antonio. Y me explico, el letrado Luis Alberto de la Guía y un servidor, hemos comprobado cómo el Gobierno socialista de Largo Caballero expulsaba a Primo de Rivera del Colegio de Abogados de Madrid en septiembre de 1936, junto con otros abogados ilustres. Mejor dicho, el Gobierno presionó al Colegio de Abogados para que fuese expulsado, orden que cumple el órgano colegial de los letrados madrileños pocos días después[4]. Ello suponía que el Ausente no podría ejercer ninguna defensa a partir de entonces… José Antonio pidió que fuera habilitado para defenderse a sí mismo, facultad que tienen los abogados colegiados; potestad que le fue concedida, mas ello implicaba en puridad una irregularidad insubsanable. No en vano, el decreto que regulaba la constitución de los Tribunales Populares exigía que solo pudieran intervenir abogados de oficio o abogado privado acompañado de otro abogado ejerciente. Es decir, abogados, no licenciados en Derecho, que era lo único que poseía José Antonio, tras ser excluido draconianamente del Colegio de Abogados de Madrid.
En consecuencia, el gobierno de Largo tenía que haberse opuesto a que José Antonio ejerciera su propia defensa, exigiendo que lo representara un colegiado alicantino. Sí lo permitió, es que sabía que, de todos modos, lo iban a matar en la cárcel de Alicante. No en vano, le retiraron todas sus notas y documentos con los que el Fundador pensaba defenderse.
Pues bien, todo fue un paripé judicial para engañar a la prensa internacional. De hecho, varios testigos alegan que Largo Caballero estuvo incluso en la ciudad de Alicante el 18 de noviembre, entrevistándose con el Gobernador Civil y la Comisión de Orden Público… En cualquier caso, podrían conceptuarse como cómplices en dicho homicidio, aparte de la responsabilidad mayor que en la ejecución tuvo el Presidente Largo Caballero, los siguientes ministros de ideología socialista: Indalecio Prieto, Ángel Galarza, Álvarez del Vayo, Juan Negrín y Anastasio de Gracia. Más aún, cuando sucedieron estos dramáticos hechos, Negrín era ministro de Hacienda y el susodicho Galarza, como hemos comentado, de Gobernación; época en que tuvieron lugar las mayores atrocidades y latrocinios acontecidos en zona roja. Me refiero a los fusilamientos masivos de Paracuellos del Jarama y al traslado secreto de las reservas de oro del Banco de España a la Unión Soviética, competencia directísima de ambos ministerios. Por lo tanto, el asesinato de Primo de Rivera era un asunto menor para estos criminales y saqueadores de guante blanco. Y que quede muy claro: no fueron ni impetuosos anarquistas ni fanáticos comunistas los responsables de tales gravísimas decisiones, sino socialistas; la mayor parte, ilustrados y burgueses.
Y relacionado con lo que estamos exponiendo, cabría preguntarse si existía alguna circunstancia personal para que líderes socialistas tan significados persiguieran a la familia Primo de Rivera con tanta saña. Ninguna, habida cuenta que el movimiento socialista español recibió bastantes facilidades para expandirse durante el Directorio militar de Don Miguel, en perjuicio del populoso movimiento anarcosindicalista que estuvo prohibido en aquel periodo. Incluso, Largo Caballero (quizás el mayor responsable de la muerte de José Antonio: las reuniones del consejo de ministros eran reservadas…) fue Consejero de Estado durante la dictadura primorriverista… y Trifón Gómez, vocal socialista en los Comités Paritarios (1924-1930).
La conducta primorriverista y pro-monárquica de Largo Caballero resulta hoy en día asombrosa, hasta el punto que los exegetas y nostálgicos actuales del Frente Popular callan o no aluden para nada a esta circunstancia. Pues bien, el siete de noviembre de 1923, el Rey Alfonso XIII firma la orden del general Primo de Rivera, a la sazón presidente del Directorio militar, por el que se aprueban las comisiones que acudirían a Ginebra, concedidas por el Ministerio del Trabajo, representando al Estado español, con el fin de presenciar las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo. Entre los comisionados figuran los socialistas Francisco Largo Caballero, Andrés Saborit Colomer y Antonio Fabra Rivas: el primero, en calidad de secretario de la UGT; el segundo, como vicesecretario, y el tercero, como miembro del sindicato socialista. Un año más tarde, el Directorio militar aprueba los representantes españoles que han de acudir de nuevo a la mencionada conferencia en Ginebra, figurando nuevamente los mencionados Largo Caballero, Saborit y Fabra como comisionados, en su calidad de consejeros técnicos del personal obrero (Real Orden de 4 de junio de 1924). Poco tiempo después, el 13 de octubre de 1924, el Rey Alfonso XIII firma un decreto por el que se nombra Consejero de Estado a Francisco Largo Caballero, junto con otras personalidades de la aristocracia, del mundo académico, del Ejército y de la política del momento. Meses más tarde, el ministro de Trabajo, Comercio e Industria, Eduardo Aunós, confecciona una orden en la que enumera los nuevos comisionados, que, representando al Estado, acudirán a la VII Conferencia internacional del Trabajo, a celebrar en Ginebra (Real orden de 6 de mayo de 1925), entre los cuales se hallan los susodichos Largo Caballero, Saborit y Fabra.
Pero no queda ahí la participación de Largo Caballero en el régimen acaudillado por el padre de José Antonio. Como sabemos, la dictadura del general gaditano fue un régimen corporativista, como también lo fue el régimen mussolinano. Pues bien, Largo Caballero (revolucionario y antifascista furibundo en 1936) había sido nombrado diez años atrás por el Directorio de Primo de Rivera miembro de la comisión interina de las Corporaciones (Real orden de 14 de noviembre de 1926). Y, por Real orden de cuatro de octubre de 1927, Francisco Largo Caballero sería nombrado incluso miembro de la Asamblea Nacional; es decir, unas Cortes de carácter corporativista, en las que Largo intervendría como un representante genuino de actividades de la vida nacional; si bien, renunciaría semanas más tarde.
Con todo, el 21 de enero de 1928, el Rey Alfonso XIII firmaba un nuevo real decreto por el que nombraba a Largo Caballero como Consejero de Estado hasta el año 1930, en representación del elemento obrero. Como sabemos, el régimen del general Primo de Rivera duraría hasta el 30 de enero de 1930… Régimen político, el de Primo de Rivera, que mantuvo un indudable parecido con el régimen fascista de Italia -al menos en los años veinte-; país con el que existieron muy buenas relaciones diplomáticas, hasta el punto que el propio rey Alfonso XIII otorgaría a Benito Mussolini la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, en septiembre de 1926. Y, meses después, sería S. M. Alfonso XIII, quien afirmaría lo siguiente, ante el embajador extraordinario y plenipotenciario del Rey de Italia (Madrid, doce de abril de 1927):
La afinidad política entre nuestros dos países es cada vez más notoria: ambos son decididos defensores de los principios sanos que paladinamente han salido al encuentro de ciertas ideas erróneas, contrarrestando y venciendo las tendencias nefastas que amenazan la existencia misma de los Estados modernos…
Ítem más, en noviembre de 1927, el subsecretario del Ministerio de Corporaciones del gobierno de Italia, Giuseppe Bottai, visitó oficialmente la capital de España y realizó las siguientes declaraciones:
En mi visita a vuestro Presidente, he saludado al político que tantos puntos de contacto tiene con el nuestro, y saldré de España impresionado por la labor social realizada y deseando seguir sus derroteros.
Pues bien, en noviembre de 1936, el fiscal que acusa a los hermanos Primo de Rivera, siguiendo las directrices del gobierno de Largo Caballero, los quiso tildar de fascistas –lo que dado la ignorancia de los jurados del Frente Popular podría equivaler a una condena mortal- habida cuenta de que una de las preguntas formuladas por el Tribunal a los jurados era si consideraban que los Primo de Rivera se habían sublevado para instaurar un régimen de tipo fascista. Replicó el Marqués de Estella, ante tales insinuaciones, indicando lo que sigue:
¡Jamás!¡Jamás!¡Jamás! La palabra Fascio no aparece ni una sola vez en treinta y tantos números ¡Qué se me señale un solo hecho o indicio de semejante cosa!
De hecho, el joven socialista y posterior abogado, Justo Díaz Villasante, que acudió en persona al desarrollo del juicio contra los hermanos Primo de Rivera, testimonió ante la Causa General que José Antonio había manifestado el siguiente pensamiento el día de la vista: “Que no era cierto que la Falange fuese un movimiento fascista, sino un movimiento auténticamente español, de profundas raíces españolas y revolucionario; que negaban el Estado liberal porque no era un Estado animado de un ideal nacional y heroico y porque el sistema democrático le parecía absurdo ya que no podía admitir que el voto universal, directo y secreto, igualase a los españoles al decidir los destinos de España”… Precisando Díaz Villasante, a preguntas del funcionario judicial, que José Antonio intentó explicar al auditorio cómo “el Gobierno había creado una entelequia, a la que le había puesto el nombre del fascismo europeo, en la que incluía a sus enemigos políticos para poderlos combatir como una cosa exótica, incluyendo entre ellos a la Falange típicamente española no fascista al estilo europeo, aunque pudiera tener alguna relación con él, pero con absoluta independencia del mismo”.
No obstante, el fiscal, señor Gil Tirado, había elaborado unos informes y minutas para acusar a los hermanos Primo de Rivera, sirviéndose de fábulas y medias verdades. No olvidemos que el citado era un fiscal de la línea del socialista Galarza[5] Pues bien, entre otras lindezas e incriminaciones contra los hermanos Primo de Rivera y Margot Larios, llegó a mantener el siguiente planteamiento ideológico en las conclusiones definitivas de la acusación:
Los que hoy ocupan el banquillo, los señores Primo de Rivera, son los representantes, a mi juicio, de esa España retrógrada y reaccionaria. Son individuos que quieren dominar, como vulgarmente se dice, esta casta de los que trabajan para vivir. Son los genuinos representantes de la España negra, de esa obra capitalista sin tener en cuenta que han llegado a tales por la autoridad y el mando de ese señoritismo, individuos que quieren ser más de lo que en realidad son y que quieren adquirir la nobleza sin saber lo que ésta es. Es cierto que siempre ha habido dos clases de hombres y de castas. Los que trabajan para comer y los que comen sin trabajar. Es natural que aquel quiera tener mejoras. Pero ahora nos encontramos con que se ha vuelto la casulla, con que el débil, porque se ha puesto de pie el trabajador, es el señorito. Eso no es objeto más que de una obra revolucionaria. Si se ha obligado a esos trabajadores a ponerlos en pie, no es ilógico que se les dé lo que quieran. Por eso se administra en esta época de revolución, en nombre del pueblo (…) En la vanguardia con las armas. En la retaguardia con la Justicia. Aquí no se fusila a nadie. Cuando se fusila o se dicta una sentencia de muerte, es por juicio, con todas las garantías de la Ley y las de la conciencia[6]…
De hecho, Gil Tirado -quien había recibido desde Valencia el encargado de fallar el proceso de José Antonio en pocos días, siendo juez y fiscal (otra irregularidad más)- expresa en lo anteriormente transcrito la razón ideológica porque se mató a José Antonio: principalmente, por oponerse a un movimiento revolucionario de tipo izquierdista, donde se ventilaba una clara lucha de clases de carácter vengativo. Simple y llanamente. De hecho, el cínico fiscal estaba obsesionado con condenar a muerte a José Antonio, hasta tal punto que el día de la vista se olvidaría de acusar a los otros encausados, recibiendo una nota del tribunal para corregir tal omisión procesal.
Por lo demás, se sabe que la idea del fusilamiento de José Antonio salió del Ministerio de Justicia, cartera que ostentaba por entonces el antiguo pistolero anarquista Juan García Oliver, preguntandose a Gil Tirado si se podía “fusilar jurídicamente” a José Antonio, contestando aquel afirmativamente[7].
En resumen, podemos concluir que el mayor responsable de la muerte de José Antonio fue el Gobierno del socialista Francisco Largo Caballero, paradójicamente, antiguo colaborador del régimen de don Miguel Primo de Rivera.
Y, por último, quisiera recordar que cuando la bellaquería se impone a la Historia, se corre el grave riesgo de que el régimen político termine convirtiéndose en ramplona tiranía, siquiera se camufle con la palabra democracia.
Fuentes: Causa General, prensa histórica, archivos personales
[1] Radio Madrid únicamente refirió que Fernando Primo de Rivera había sido condenado a muerte por intentar asaltar el Ministerio de la Gobernación y la Estación de Radio… a finales de septiembre (cf. La Prensa, [27.09.1936], p. 6), cuando estaba refiriéndose a Fernando Primo de Rivera y Cobo de Guzmán, procesado junto a su hermano Federico, siendo fusilado, el primero, el 28 de septiembre en Majadahonda y el segundo, en Torrejón de Ardoz, el 8 de noviembre, pese a haber dio condenado a cadena perpetua. El hermano de estos desafortunados Primo de Rivera, Miguel, ostentó el condado de San Fernando de la Unión. Y es que estos dos masacrados de la familia de Primo de Rivera bajo la férula socialista también habían militado en Falange.
[2] Cf. “Han quedado conclusos los sumarios contra José Antonio y Miguel Primo de Rivera”, La Voz, Madrid, (03.09.1936), p. 2.
[3] El Luchador, (20.11.1936), p. 2.
[4] Cf. “La adhesión del Colegio de Abogados al nuevo Gobierno”, El Sol, (06.09.1936), Madrid, p. 2.
[5] Ficha de Vidal Gil Tirado, Centro Documental de la Memoria Histórica, 1937-1977.
[6] La mayoría de los 150.000 muertos ocasionados por la represión izquierdista durante la pasada Guerra Civil, fueron ejecutados sin someterse a ningún procedimiento judicial. Y una parte sustancial de ellos padeció tormentos terribles.
[7] Vidal Gil Tirado, quien puso sus conocimientos jurídicos para matar a un indefenso José Antonio, ha sido rehabilitado recientemente por el municipio de Plasencia, de mayoría conservadora… y es que en materia de memoria histórica la realidad ha superado a la ficción.
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