Hago lo que me da la gana y lo que no explico es secreto oficial. Por Jose Luis Villar

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Ahora resulta, que todo cuanto puede incomodar al Gobierno (y muy especialmente a Sánchez) no se cuenta, porque está amparado en la vieja ley franquista de Secretos Oficiales. Es la ley 9/1968 de 5 de abril de cuyo Preámbulo destaco la necesidad de que se impongan limitaciones a la información “cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional”.

Y no digo yo que no deba existir una Ley de Secretos Oficiales (casi todos los países la tienen), pero me parece un auténtico cachondeo, tanto la forma en la que se está utilizando como el hecho de que no se acometa una seria modificación de la misma, que se va postergando “sine die”.[1] Porque al ser una Ley franquista, el hecho de que Sánchez la utilice para ocultar sus “cositas” no solo es una tomadura de pelo, sino que se da de bruces con la cacareada Ley de Memoria Democrática que, como ya sabemos ni es “memoria” ni es “democrática”. Como ya he puesto de manifiesto en otros artículos (y, desde luego, no soy el único), la historia es para los historiadores (no para que la dicten los políticos) y debe respetar lo que hicieron tanto los unos como los otros en una lucha fratricida.

Lo más curiosos es que la Ley de Secretos Oficiales pretende convivir con la Ley de Transparencia (Ley 19/2013 de 9 de diciembre) en una eterna y clara contradicción, porque nadie se ha ocupado de delimitar el ámbito de aplicación de una y otra norma, de tal modo que no hay ninguna manera de saber que asuntos son susceptibles de ser secretos oficiales, ya que no hay un criterio claro para delimitar la frontera entre la transparencia y el secreto (salvo el difuso concepto de la seguridad del Estado) [2] Y eso que, diez años después de su aprobación inicial, la Ley de Secretos Oficiales fue modificada parcialmente en octubre de 1978, cambiando algunos artículos y eliminando otros, pero manteniendo su esencia. Desde entonces se han realizado varios intentos de reformar esta ley, pero ninguno ha prosperado hasta la fecha, muy posiblemente porque no interesa a quien está en el poder en cada momento.

Pero, a lo que vamos. Porque ya está bien de tomarnos el pelo ocultando bajo el paraguas de esta Ley (y como secreto oficial), cosas tales como la identidad de los acompañantes de Sánchez en su Falcon, especialmente cuando se trata de viajes claramente privados. Y es que, desde junio de 2018, cuando entró por primera vez en La Moncloa tras el triunfo de su moción de censura contra Mariano Rajoy, y hasta mayo de 2019 (carezco de datos a la fecha actual) el número de vuelos en Falcon realizados por el presidente ascendió a 59, esto es, 4,92 vuelos mensuales, «y no siempre con fines oficiales».[3] O sea, su vida privada, pero con medios públicos (que es dinero de todos), motivo por el cual no veo que semejante cuestión pueda afectar a la seguridad nacional ni nada semejante. Trata, simplemente de salvar su imagen, puramente personal, amparándose en el “secreto oficial” cuando le conviene, olvidando, con ello, que una de las reglas fundamentales del Estado de Derecho, es la transparencia de los poderes públicos, y muy especialmente, del Ejecutivo y de quien está al frente del mismo.

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Trasparencia que brilla por su ausencia, y se transforma en un velo opaco, cuando se trata de asuntos oscuros que huelen a podrido por todas partes, como sucede, también, con el denominado caso Gali. La exministra de Exteriores Arancha González Laya ha asegurado que la entrada en España en abril de este año del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, por la Base Aérea de Zaragoza, fue «de acuerdo con la ley» y que se le acogió por motivos humanitarios, pero se ha acogido a la Ley de Secretos Oficiales para no responder cuando se le ha preguntado por quién dio la orden del operativo.[4] Si fue el propio Sánchez que lo diga y que sea el Presidente quien se escude en el secreto oficial, pero dejando claro que la responsabilidad de tal decisión fue suya. Eso es, al menos, lo que demandaría la Ley de Transparencia.

Lo del “Delcygate” también merece capítulo aparte, porque nadie nos ha acabado de explicar lo que realmente sucedió. ¿Pisó suelo español o levitó?, ¿Para qué traía tantas maletas, si luego resulta que venía a una consulta médica y, sobre todo, ¿a quien venía a ver realmente? ¿a Zapatero …? Y ¿para qué se entrevistó, entonces, con Ábalos? O sea, todo un mar de incógnitas a las que nadie ha dado una explicación coherente, porque las once versiones de Ábalos resultan contradictorias e insuficientes. Asunto que Sánchez parece dar por zanjado, sin necesidad de apelar a la Ley de Secretos Oficiales, porque también sigue el sistema de tapar un escándalo con otro, y así “ad nauseam”. Ahí tenemos al CIS de Tezanos dando datos sobre supuestas encuestas en donde (oh milagro) siempre sale vencedor Sánchez, por mucho que siga metiendo la pata o la absoluta falta de explicaciones sobre la “mesa del diálogo” en ese juego oculto que se trae con los separatistas catalanes.

Total, que el Gobierno, y especialmente el Presidente, hacen lo que les da la real gana, sin rendir cuentas ni al Congreso (porque cuando son interpelados nunca responden a lo que se les pregunta) ni a los ciudadanos, brillando por su ausencia cualquier clase de transparencia. Y es que si a los ciudadanos se nos obliga a declarar todo cuanto ganamos y tenemos (adquirido con nuestro trabajo y dinero) no alcanzo a comprender el motivo por el cual a quienes gestionan y gastan nuestro dinero no se les exige una exquisita pulcritud y trasparencia en su gestión, que será lo lógico y justo. Como dijo hace ya unos años (1982) Alfonso Guerra, “vamos a poner a España que no la va a reconocer ni la madre que la parió”, y me temo que, efectivamente, vamos camino de eso, porque entre la ruptura de la unidad de España y la quiebra económica y social en la que nos va a meter este insensato, sin rendir cuentas a nadie, vamos derechos hacia un abismo muy profundo.

[1] La reforma del delito de sedición no es la única ley que sale de las prioridades del Gobierno para 2021. También se cae otra norma emblemática, que lleva coleando varias legislaturas sin que su tramitación culmine en éxito: la Ley de Secretos Oficiales. De momento, el texto pasa a la hibernación. Al menos hasta 2022. Vid: https://www.elperiodico.com/es/politica/20210831/gobierno-congela-ley-secretos-oficiales-plan-anual-normativo-2021-12031581

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[2] Vid al respecto: https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/los-puntos-clave-ley-secretos-oficiales-1968-que-escudado-laya-caso-ghali-20211009_1548966

[3] Sin embargo, el Gobierno rechaza dar esa información alegando que la Ley reguladora de Secretos Oficiales señala que tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma «deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección». «En consecuencia, no resulta posible facilitar información adicional a la que se proporciona a través de la página web, conforme a la Ley de Transparencia, referida a la agenda del presidente del Gobierno y del resto de miembros del Ejecutivo», reseña. Una decisión que desde el Ejecutivo apuntan que viene avalada por una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de octubre de 2017, que señala que «la información proporcionada no podrá referirse a aquellos viajes o acompañantes, cuando se trate de viajes que hayan sido calificados como materia clasificada. Pero también esgrimen que el propio Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, en una resolución del 15 de febrero de 2016, indicó que la información «no incluirá datos de vuelos cuya información haya sido clasificada antes de ser proporcionada al Ejército del Aire por venir referida a la Presidencia del Gobierno. No obstante, Vox rebate esta cuestión subrayando que el 5 de noviembre de 2019 esa misma institución, tras varias solicitudes de otros grupos parlamentarios, indicó que «no ampara la calificación con carácter general como secreto de toda información relativa a los desplazamientos del presidente, más aún por cuanto gran parte de los mismos son de conocimiento público», e instó a la Secretaría General de Presidencia a suministrar la información requerida porque «no proceder la aplicación de ningún límite al acceso a esta información». Vid: https://www.vozpopuli.com/espana/gobierno-secreto-sanchez-falcon_0_1410459073.html

[4] La exministra ha rechazado los tres delitos que se investigan, tanto el de prevaricación como los de encubrimiento y falsedad documental y se ha amparado ante el juez en la Ley de Secretos Oficiales para no desvelar cuestiones que pueden implicar «riesgo para la seguridad y defensa de España». Fuentes presentes en la declaración han indicado que la exministra se ha amparado en tres ocasiones en esta ley al ser preguntada por la gestión de la entrada de Gali con las autoridades argelinas y por los miembros del Consejo de Ministros que estaban al corriente. De esta forma, la exministra ha protegido al Gobierno de Pedro Sánchez en sede judicial al negar cualquier irregularidad y, en una comparecencia breve antes los medios, ha apuntado que se acogía a la normativa legal que regula la dispensa de materias clasificadas para no responder a ese asunto. Vid:

https://www.elimparcial.es/noticia/231251/nacional/laya-tapa-a-sanchez-y-se-acoge-a-la-ley-de-secretos-oficiales-al-ser-preguntada-en-el-caso-gali.html