La misma medicina. Por Jaime Alonso

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Se ha aprobado recientemente, por mayoría, la iniciativa de Vox de retirar del callejero madrileño los nombres de Largo Caballero e Indalecio Prieto, en virtud de la aplicación de la ley de Rodríguez Zapatero, conocida como de “Memoria Histórica”. Se trata precisamente de dos personajes relevantes del socialismo que llevaron a los españoles a la guerra civil y autores de crímenes durante la II República y la contienda. se aplica la realidad a quienes, habiendo legislado contra la historia, se creían a salvo de la verdad y de justificar la conducta de sus ancestros personales o políticos. Los complejos de la derecha acomodaticia, sumisa al manipulado discurso cultural de la izquierda y su pretendida superioridad moral, le había permitido el uso y abuso del “relato” sobre lo ocurrido en España, desde que Franco tuvo que hacerse cargo de la jefatura del estado, en unas condiciones dificilísimas.

El calculado cronograma de la ley de Memoria a una época de la historia y a una parte, “el franquismo del 36 al 75”, aplicado al bando vencedor, les eximía de todo análisis y reprobación. Si la ignorancia o el relato falsario se impone por ley, sobran justificaciones, excusas o interpretaciones. Todos los historiadores tienen que adaptarse, no a los hechos de lo ocurrido, sino al derecho de lo permitido. Así se viene reescribiendo la historia desde Zapatero, simplista, de buenos y malos, a capricho de unos vencedores electorales, auto-considerados herederos del derrotado frente popular, sin que la sociedad civil pudiera reaccionar y la derecha quisiera hacerlo, pues creía tener cautivo el voto inútil del miedo a la izquierda.

Vaya por adelantado mi rechazo a cualquier Ley que pretenda imponer la romana “damnatio memoriae”; un recurso de venganza impropio de gente civilizada y que hace un daño enorme a la sociedad que la padece, condenada al olvido de la memoria, tanto individual, la propia, como colectiva, la que se refleja en el legado cultural y material de cada época. Sólo por mero conocimiento, enriquecedor del estudio, me importaron Largo Caballero, Indalecio Prieto, Negrín, Carrillo, la Pasionaria y tantos personajes detestables y trágicos de nuestra reciente o pretérita historia. Y, si ocupan espacios públicos y tienen estatuas conmemorativas que les reconozcan, se debe a la amnesia colectiva, a la ignorancia debida, al complejo de la leyenda antiespañola, y a la superioridad moral que se ha otorgado inconcebiblemente a la izquierda. Ningún otro mérito adorna sus tristes vidas.

Ahora bien, esa condena a no haber existido nunca; de intentar borrar por completo cualquier forma de recuerdo de Franco y su época, ya sean textos, grabados, murales, estatuas, calles o plazas; incluso lo de perseguir e ilegalizar a una Fundación encargada de velar por su legado, me resulta un atentado a la inteligencia, a la libertad, a la dignidad colectiva, a la historia, y al simple anhelo de una verdad contradictoria. Aunque considere que en nada empequeñece, de seguir el mismo detestable ejemplo, si aplicamos el tratamiento a sus coetáneos rufianes históricos. Prefiero que sean los historiadores y los archivos los que arrojen toda la luz, a imponerse por la fuerza de una ley política, que rompa la convivencia entre españoles.

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Con estas leyes, se pretende no solamente la muerte civil del condenado, después de muerto; sino la completa destrucción de su obra política, económica y social, “rescissio actorum” que a todos nos alcanza: Monarquía, Instituciones, Industrialización, obras públicas, clase media, unidad territorial, familia, propiedad privada, ordenación de la sociedad y un largo etc.

El nivel de perfección que denota la nueva Ley de Memoria Democrática es el venir diseñada para contar con un sector de miembros del poder judicial y la fiscalía, presumiblemente menor, pero muy activo y dispuesto a aplicar un “derecho alternativo” en aquellos escollos en que la Constitución y leyes que la complementan, no les permita cumplir sus objetivos, en nada diferente del totalitarismo más rancio de media Europa y hoy preexistente en Cuba, Venezuela, Nicaragua y casi Argentina. Esos objetivos cada día se explicitan más y de manera diáfana en el anteproyecto presentado por la vicepresidenta a los medios de comunicación: primer tribunal en refrendarlo a la opinión pública. Los tribunales ordinarios, el Supremo y el Constitucional, veremos como frenan el totalitarismo de Sánchez.

El proceso en el Imperio Romano y, con gran similitud, hoy, solía venir acompañado de la confiscación de todos los bienes del difunto, el destierro de su familia y la persecución física y moral de sus partidarios. Además, se solían anular las leyes que provinieran de esa época y aquellas que trajeran causa para aplicarlas a sus sucesores. ¿Les suena de algo esto?, con la simple lectura de la nueva ley de memoria democrática, ¿o con lo ocurrido en El Pazo de Meirás?

No les bastó profanar su tumba; ni les bastará la destrucción de cualquier elemento público que haga alusión a Franco o hubiera sido realizado en su época. Quieren, ya que no han podido en vida, volar todo el edificio construido por su régimen; desde la inmanente unidad de España y el sustantivo de la soberanía; hasta la transición en la concordia, el perdón y la no repetición de experiencias pasadas. Se ve que cierto socialismo hispano, montaraz con comunistas y separatistas, no aprende ninguna lección, ni mira más allá de su frustrante pasado y nulo futuro, deconstruyendo un mundo, peor que el de nuestros padres.

En lugar del Senado romano, ahora la autorización de la “damnatio memoriae” la dictan “unos adoquines” que forman gobierno con mayoría parlamentaria, salidos de la masa de españoles inconsistentes y petulantes que, despreciando cuanto ignoran, creen no necesitar de un mejor conocimiento de la experiencia y legado de nuestros antepasados. En el otro extremo, cabría la posibilidad de que los mismos, “notables acémilas”, se reunieran para elevar a la categoría de “divinidad” a Rodríguez Zapatero o Pedro Sánchez, como ya lo hicieron, los antecesores romanos con Incitatus, caballo al que Calígula nombró Cónsul. ¡La desvertebración de una sociedad engendra estos monstruos!

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Tampoco se libró la Iglesia, en la Edad Media, de tan tenebroso proceder. El Papa Esteban VI ordenó que el cadáver de su antecesor, el Papa Formoso, fuera exhumado para someterlo a un juicio por sus pecados. Además de borrar su legado y anular sus decisiones como pontífice, el nuevo Papa orquestó la espeluznante escena de juzgar a un cadáver en avanzado estado de descomposición, en lo que hoy es conocido como el “Concilio Cadavérico”.

El antecedente inmediato de estos turiferarios de la política, en el siglo XX, lo tenemos en varios dictadores que impusieron borrados colectivos, “vaporizaciones”, como diría George Orwell en su novela “1984”. Sin ir más lejos, el régimen de Stalin prohibió toda mención de los nombres de sus enemigos y eliminó a éstos de la prensa, libros, registros históricos, fotografías y documentos de archivo. La lista de “personajes incorrectos”, afectó no sólo a la época imperial y los Zares, sino también a sus correligionarios como León Trotsky, Nikolái Bujarin, Grigori Zinóviev y a otros líderes políticos que fueron cayeron en desgracia a ojos del dictador.

La cuestión es ¿tuvo alguna vez éxito estas condenas? ¿Alguien ha logrado borrar todo rastro de un estadista que marcó una época en el devenir de su nación a lo largo de la Historia? Evidentemente no. La experiencia de miles de años ha demostrado que se necesita algo más que una ley de adoctrinamiento de la memoria de las nuevas generaciones y destruir monumentos y estatuas, para eliminar un legado vital. Resulta una tarea que solamente se podría llevar a cabo, y probablemente de manera temporal, destruyendo la nación sobre la que se asentaron sus logros y convirtiendo, a ese pueblo, en indigno esclavo de un torpe destino, quién después de haberlo tenido todo, todo lo ha perdido. ¡Y en ello están!¡Y de eso tenemos de defendernos!