La última palabra: la Historia

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Hoy me complace reproducir uno de los artículos que escribió Ángel López Montero, el defensor del Teniente Coronel Tejero, para el “Heraldo Español”. Pocos días después se iniciaría el juicio del “23-F”

HA comenzado la cuenta atrás del juicio del 23 de febrero y algunos políticos se han lanzado a emitir juicios y opiniones que, por su falta de objetividad, están muy lejos de contribuir al clima de respeto y serenidad en que ha de moverse siempre la acción de la justicia, mientras que ciertos medios de comunicación intentan crear, con sus juicios de valor, un clima adverso a lo que deben ser -y tienen que ser- jornadas de ponderación y ecuanimidad.

Esa intoxicación, que tanto nos recuerda -he de insistir hoy también- las conocidas prácticas «desinformativas» del KGB, se basan no sólo en mentiras, sino, lo que es aún mucho más grave, en verdades a medias, en rumores y en interpretaciones «sui generis» de unos hechos que deben llegar en su realidad más objetiva al juicio del Tribunal; y se basan también en la sensacionalista «acogida» en letra impresa y en las ondas radiofónicas de todo cuanto, falso o verdadero, pueda crear un estado de opinión contrario a los hombres que, en muy pocas fechas, se sentarán en el banquillo de los acusados. Como ha ocurrido recientemente con la publicación de unas pretendidas declaraciones del teniente coronel Tejero a un periódico extranjero, declaraciones que nunca fueron hechas, aunque esa realidad, carezca de importancia para los medios de comunicación españoles. Lo importante, desde el prisma del sensacionalismo, era recoger lo que diera pie al juicio de valor, contrario por supuesto, a uno de los implicados en los hechos del 23-F; el mentís no merece más atención -cuando la merece- que unas breves líneas escondidas, casi ocultas al conocimiento de la opinión pública. Una vez más los hechos vienen a demostrar que en el tema de la libertad de expresión, como en tantas otras cosas, hay demasiados partidarios de la ley del embudo y hay también demasiados intereses en crear un estado de opinión muy diferente a la realidad de los hechos.

A nadie puede ocultársele la importancia y la responsabilidad histórica de quienes habrán de informar sobre las sesiones del juicio del 23 de febrero, de cuanto en la Sala del Consejo suceda, de cuanto allí se diga. Y sería lamentable que algún día, el historiador desapasionado pueda descubrir un divorcio entre la realidad recogida en los anales de la justicia y la que, a través de los medios de comunicación, fue llevada al conocimiento popular; sí, sería lamentable que el historiador pudiera descubrir que, amparada en el sagrado derecho de la libertad de expresión, llegó al pueblo español una información nacida del rencor o la venganza, o de los intereses pagados por los beneficiarios del «fondo de reptiles».

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Objetividad informativa es lo único a que aspiramos desde la más pura ortodoxia jurídica. Objetividad informativa es lo único que esperamos los españoles, porque si se adultera la libertad de expresión, si se utiliza para tergiversar hechos y manifestaciones, si se utiliza para la verdad a medias, entonces estaremos convirtiendo un derecho constitucional en un abuso en beneficio propio, que puede dañar a instituciones fundamentales y que puede incluso, minar peligrosamente los dañados cimientos de esta frágil democracia.

Más que nunca es hoy necesaria la objetividad informativa para no confundir ni confundirnos, para no provocar juicios que traspasen la Sala donde habrá de celebrarse la vista pública, provocando sentencias populares inducidas antes de que el Tribunal haya dictado su veredicto. Objetividad informativa que empieza por el respeto debido a los derechos constitucionales; objetividad informativa que elimine cualquier ambiente psicológico adverso a unos hombres que, mientras no sean sentenciados, gozan del beneficio constitucional de la presunción de inocencia.

La responsabilidad histórica de las próximas sesiones del juicio obligan, más que nunca, a la objetividad informativa y si es cierto que aspiramos a la democracia y al Estado de Derecho, comencemos por respetar el principio del «gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres»; comencemos por respetar el principio de la independencia judicial de quienes habrán de contraer la suprema responsabilidad histórica de juzgar y sentenciar; que puedan ejercer su sagrada misión con plena libertad e independencia, sin presión apasionada de la calle ni de los medios de comunicación y, sobre todo, sin presión algunas de quienes, desde la responsabilidad política, están especialmente obligados al cumplimiento de las leyes y a la salvaguarda de una Constitución que a todos ampara por igual.

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El socialista Alfonso Guerra acaba de afirmar que «es cierto que existe el temor de que los juicios del 23-F van a ser una farsa» y, más todavía, ha afirmado categórico «y yo lo comparto». Juicio y opinión lamentables en quien, aunque no esté obligado profesionalmente al conocimiento de lo que es un juicio, sí tiene el sagrado deber de conocer, respetar y aun impulsar, el respeto del pueblo español por las instituciones en las que debe asentarse el Estado de Derecho, cual es la de Justicia. Cuando menos, es un acto irresponsable el calificar de «farsa» la intervención de todas y cada una de las partes que habrán de intervenir en el juicio, desde las Defensas y el Ministerio Fiscal, hasta el propio Tribunal. Más bien parece que en esos juicios del político se encubriera el secreto deseo de que, efectivamente fuera el juicio una «farsa».

Lamentablemente, ha olvidado el señor Guerra que los hombres del 23 de febrero no se sentarán ante un Tribunal Popular, sino ante hombres investidos del honor de la milicia y ante jurídicos del Ejército que, como todo Tribunal de Justicia, sabrá imponer su libertad e independencia en el Juzgar y sabrá imponer su libertad e independencia en el acto supremo de dictar sentencia, por encima de pasiones personales, por encima de intereses partidistas o de Gobiernos.

En cualquier caso, será la historia quien diga la última palabra.

(Heraldo Español Nº 98, 2 al 8 de junio de 1982)

Ángel LÓPEZ-MONTERO JUÁREZ