Los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso advierten que la Ley de Amnistía, pactada por el PSOE con los separatistas a cambio de apoyo para la investidura de Pedro Sánchez, necesitaría una reforma constitucional para su aprobación definitiva. Según un nuevo informe, esta propuesta no puede basarse en la Ley de Amnistía de 1977, por lo que abogan por una modificación de la Constitución.
El informe destaca que la amnistía como figura jurídica no está permitida por la Constitución y considera que su inconstitucionalidad es «palmaria y evidente». A pesar de la naturaleza política del debate, los letrados resaltan la perspectiva técnico-jurídica y señalan que el Tribunal Constitucional debería pronunciarse al respecto. Además, subrayan que la Carta Magna «desautoriza expresamente los indultos generales» y que la amnistía no está contemplada dentro de las competencias del Congreso y el Senado.
Un primer informe de los letrados no encontró indicios de inconstitucionalidad en la Ley de Amnistía, lo que permitió su admisión a trámite. Sin embargo, el nuevo informe advierte sobre una posible inconstitucionalidad y la posibilidad de contravenir el derecho europeo.
En muchas ocasiones se han constatado las resistencias lógicas del Estado de Derecho para obstaculizar los planes sanchistas acostumbrados a traspasar con impunidad las líneas rojas de la ley, pero siempre han quedado en agua de borrajas las intenciones legales de imparcialidad y obediencia al dictado de la norma. Esta nueva advertencia de los letrados podría considerarse un aviso in extremis de que la aberrante amnistía además de ser inconstitucional, es un laberinto destructivo que desemboca en la desintegración territorial. Una desintegración territorial no sólo por parte del separatismo catalán, cuando el discreto independentismo vasco ya se manifiesta para una amnistía general de los presos de ETA de la que pretenderían beneficiarse incluso los terroristas aún no detenidos.
Todavía no ha tomado consciencia real la España confusa, en nombre de sus responsables directos para preservar la existencia como país, que sigue sin reaccionar ante la tormenta perfecta que preparan Sánchez y sus cómplices, con impune criminalidad avalada por el embarrador de togas Conde Pumpido. Y no será que no está más que advertida de lo que se juega esta España, aparentemente condenada a la destrucción por sus impunes enemigos.
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