Las becas a los opositores de Justicia no deben ser préstamos partidistas. Por Diego Fierro Rodríguez

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El documento de la ponencia política del 40ª Congreso del PSOE incluye una propuesta para establecer becas en favor de los aspirantes a las plazas de jueces que se ofertan mediante oposición libre. Esa medida propuesta se basa en la idea de que falta «pluralismo» en el Poder Judicial y que su coste es «una barrera de clase» que provoca «inercias elitistas». Este sistema de becas se extendería a los aspirantes a jueces, pero también a los aspirantes a lograr plaza en el Ministerio Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en los Cuerpos Generales de Justicia, formados por gestores procesales, tramitadores procesales y auxiliares judiciales.

Para el PSOE, «esta necesaria democratización de las carreras judiciales debe servir para incrementar el pluralismo social en el seno del Poder Judicial y romper inercias elitistas». Con ello, llaman élites a los aspirantes a los cuerpos de funcionarios vinculados con el Poder Judicial, como si fueran de una clase social superior y a la Función Pública en Justicia no pudieran llegar personas desvinculadas de la Judicatura y de otros cuerpos relacionados.

No es malo que se promocione el acceso a la Función Pública para el ámbito de la Administración de Justicia y, de hecho, se puede afirmar con rotundidad que es algo positivo. Sin embargo, existen graves riesgos que se pueden crear con la publicidad del sistema de becas para opositores, más allá de la dificultad que puede existir para acreditar el buen fin.

Por un lado, se puede generar la imagen de que los jueces que están adoptando medidas contra el Consejo de Ministros en asuntos como el de Plus Ultra son de familias ricas y que por eso van contra un Gobierno social-progresista y superguay, dato que es falso en la medida en que no todos los profesionales del Derecho son de ascendencia pudiente. Por otro lado, es posible que llegue a vincularse, y eso lo pretenderán unos cuantos, el otorgamiento de las becas con un partido político que podría considerarse, erróneamente, el acreedor de los jueces y demás profesionales de la Administración de Justicia en el futuro.

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Para garantizar la integridad del Estado de Derecho, el fomento de los estudios de los opositores de Justicia debe hacerse por las Administraciones Públicas sin la intromisión de partidos políticos que podrían querer cobrarse en el futuro los créditos que crean haber obtenido por haber dado dinero público a los futuros jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia demás funcionarios de juzgados y tribunales. Por ello, se va a establecer un sistema de becas para opositores de Justicia, debe hacerse evitando la publicidad que pueda servir para vincular esas becas con un partido político, sean el PP o el PSOE, pues ello podría llevar a un interesante problema con la financiación, con dinero público, del estudio de los opositores para que estos se sientan en deuda con la formación que haya impulsado sus becas, pues, de otro modo, la imparcialidad, tanto por su apariencia como por su realidad, podría verse comprometida.

Resulta kafkiano que, ante medidas que deben ser beneficiosas para la sociedad, se tenga que temer el retorcido aprovechamiento que, en virtud de sus objetivos, puedan lograr los partidos políticos al atribuirse la idea sin contar con las restantes formaciones.