La estafa procesal como instrumento para la impunidad del criminal de Estado en el Centro Penitenciario Puerto III. Por Mariano Orta Toscano

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La reciente entrevista que me realizó el periodista Paco Morán, reproducida en Antena Radio Huelva TV, sirve de primer peldaño para desmontar una realidad oculta, pero que vamos a desmantelar: LAS TORTURAS Y HOMICIDIOS EN EL INTERIOR DE LAS PRESIONES. Estas actuaciones de criminalidad organizada deben dejar de ser actos impunes para sus autores, funcionarios penitenciarios, intervinientes bajo el paraguas protector del Director de la cárcel, tal también de la Juez de Vigilancia Penitenciaria, del Juez de Instrucción y, como elemento aglutinador de todos ellos, la cúpula directiva de la institución penitenciaria, personificada en el Secretario General, actualmente Ángel Luis Ortiz González.

El periodista Paco Morán, se sorprendería de que, tras una sesión de torturas, en la antesala de una muerte violenta, este preso torturado y víctima, fuese denunciado por los agresores bajo el pretexto de que “ el torturado” intentó abalanzarse sobre ellos. ¡qué fácil es desmontar la irracionalidad explícita de una mentira tan grosera!

Sin desviarnos del título de la presente reflexión, por increíble que parezca, el mecanismo exculpatorio de los torturadores, totalmente asentado en el “modus operandi” del grupo criminal organizado que vertebra la Institución Penitenciaria, consiste en erigirse “denunciantes” del torturado, inventan una secuencia de hechos preconcebidos, para que finalmente prevalezcan como hechos ciertos, y tras un simulacro de “EXPEDIENTE INFORMATIVO DE LOS HECHOS” el Director acuerda incoar otro expediente, ahora disciplinario, al preso torturado, con cuatro particularidades:

Todo lo que pueda alegar el preso víctima, es mentira.

Todo lo que alegue el funcionario torturador, es verdad.

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Para condenar al preso víctima con absoluta solemnidad, se le prohíbe aportar cualquier medio de prueba que pudiera desvirtuar las falsedades exculpatoria de los torturadores.

Por el contrario, a la palabra del funcionario torturador, precisamente por su condición de funcionario público, se le otorga una incuestionable prueba de veracidad. Lo que declare el funcionario torturador, no se discute. No hay prueba en contrario.

De esta indefensión de la víctima, y de esas facultades exorbitantes, ilícita, de los torturadores, participan el Director de la cárcel, a la sazón Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, los miembros de la Comisión Disciplinaria, presidida por el mismo Director, la Juez de Vigilancia Penitenciaria Matilde Domínguez González, y el Juez de Instrucción. Culminando esta rutina procedimental estafadora, se posiciona el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.

Nos anima al desmantelamiento de esta insostenible corrupción institucional, lo sucedido con la muerte de George Floyd, también nos animan los centenares de presos y detenidos que mueren cada año en las cárceles y comisarías, y sobre todo nuestra vivencia personal, inmediata, que tenemos la obligación moral de publicitar. Esto es un acto de justicia.

Enlace de la entrevista Antena Huelva Radio TV