- Ferraz eleva el tono tras la suspensión cautelar del voto de parte de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática: «Que vayan y se presenten los jueces a las elecciones»
Ni siquiera habían transcurrido veinticuatro horas desde el contundente aviso de Isabel Perelló cuando el PSOE volvió a poner en cuestión la actuación de los jueces. La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial advirtió el jueves, durante la apertura del Año Judicial y ante Felipe VI, de la «extraordinaria gravedad» que supone atribuir motivaciones políticas a las decisiones judiciales. Un día después, la dirección socialista reaccionaba al último auto del Supremo con una frase que eleva el enfrentamiento institucional: «Que vayan y se presenten los jueces a las elecciones».
La declaración, atribuida a un miembro de la dirección del PSOE, refleja el profundo malestar que ha provocado en Ferraz la decisión del Alto Tribunal de suspender cautelarmente la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de determinados españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
El Supremo considera que existe un «peligro fundado, real y serio» de que el incremento extraordinario del censo exterior pueda afectar a la regularidad y transparencia de futuros procesos electorales. Según los datos incorporados a los autos, el CERA ha aumentado en 408.262 electores desde las elecciones generales de julio de 2023, hasta superar los 2,7 millones.
La decisión es cautelar y no cuestiona por sí misma la nacionalidad de los afectados. Cinco magistrados respaldaron la medida, mientras que la magistrada Alicia Millán emitió un voto particular al considerar que el riesgo apreciado por la mayoría responde a una hipótesis futura e incierta y que la suspensión causa, en cambio, un perjuicio inmediato sobre el derecho al voto.
Ese argumento es precisamente uno de los que ha asumido el Gobierno en sus críticas al tribunal.
De discutir el auto a cuestionar a los magistrados
El problema para el PSOE no se limita ya al contenido jurídico de la resolución. Patxi López la calificó de «barbaridad», mientras que Ángel Víctor Torres cuestionó que pudiera presuponerse a quién votarían los españoles afectados.
Óscar Puente fue un paso más allá y señaló directamente al magistrado ponente, Antonio Narváez. El ministro recordó que Narváez había participado antes de las elecciones generales de 2023 en una reunión con fiscales en la que, según Puente, manifestó su preferencia por un Gobierno del PP. «Luego quieren que creamos que analizan y juzgan los asuntos desde la más absoluta imparcialidad y sin sesgo alguno», escribió en redes sociales.
La ofensiva llega apenas un día después del discurso de Perelló. La presidenta del Supremo sostuvo que las acusaciones genéricas de que los jueces toman decisiones por razones políticas son especialmente graves y advirtió de que, cuando proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, su impacto resulta todavía mayor. También defendió que las resoluciones judiciales pueden ser criticadas, pero no acompañadas de descalificaciones personales ni de atribuciones de intencionalidad política.
El contraste resulta especialmente llamativo porque el choque se produce prácticamente de inmediato: Perelló pidió preservar la independencia judicial y el PSOE vuelve a poner el foco sobre la supuesta falta de imparcialidad de determinados magistrados.
Un enfrentamiento que viene de lejos
No es, además, el primer episodio reciente en el que Óscar Puente cuestiona públicamente la apariencia de imparcialidad de un juez. El ministro ya había dirigido sus críticas contra la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, encargada de investigar la gestión de la entrada masiva en Ceuta, por su pasado como concejala independiente en las listas del PP entre 1999 y 2003.
Pedro Sánchez evitó entonces hablar directamente de falta de imparcialidad, aunque calificó ese pasado político de «hecho objetivo».
La tensión tampoco se limita al Gobierno. En los días previos al discurso de Perelló, varios vocales del CGPJ reclamaron que la presidenta incluyera en su intervención una reflexión sobre la responsabilidad de los propios jueces y defendieron que la independencia judicial no impide criticar las resoluciones. Perelló decidió centrar su mensaje en la necesidad de preservar la independencia frente a las presiones externas.
El precedente electoral que pesa sobre el CERA
El trasfondo de la disputa es especialmente sensible porque afecta directamente al censo electoral exterior.
El Supremo ha considerado que el crecimiento registrado desde 2023 exige adoptar cautelas mientras resuelve el fondo del litigio planteado contra la aplicación de la normativa. La controversia se centra en la incorporación al CERA de ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática y, en particular, en la interpretación realizada por una instrucción del Ministerio de Justicia.
El tribunal ha subrayado el carácter temporal de la medida y la necesidad de preservar la regularidad, claridad y transparencia del proceso electoral mientras se resuelve definitivamente el recurso.
El antecedente de 2023 añade todavía más carga política al debate. En aquellas elecciones generales, la revisión del voto exterior modificó el reparto de escaños en Madrid y permitió al PP arrebatar al PSOE el último diputado, pasando los populares de 136 a 137 escaños.
La batalla, por tanto, ya no se libra únicamente sobre la interpretación de la Ley de Memoria Democrática. El choque alcanza directamente al funcionamiento del censo electoral y, de fondo, a la confianza de los partidos en quienes tienen la responsabilidad constitucional de decidir sobre estas cuestiones.
Y mientras el Supremo defiende que su decisión responde a razones jurídicas y cautelares, en Ferraz crece la presión contra los magistrados que la han adoptado. Menos de un día después de que la máxima autoridad judicial reclamara que se dejara fuera la política de las resoluciones judiciales, el PSOE vuelve a situar precisamente la política en el centro del debate.
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