El pasado 10 de marzo el PP de Feijoo ha emitido, tras una reunión con sus barones autonómicos, la llamada Declaración de Córdoba. Tiene dos puntos buenos. Primero, es breve, 2900 palabras. Segundo, es, por fin, una toma de posición política de un PP cuyas propuestas no quedaban claras, al menos para mí, en los recientes e importantes procesos electorales vividos, tanto el de las Autonómicas como el de las Generales.
La pregunta a hacerse es ¿da solución a los problemas de España agudizados por el sanchismo?
Los contenidos de la Declaración, fácilmente descargables por internet, parecen más propios de un contexto local de limitados horizontes que de una visión nacional. Cierto es que se presentan como una declaración de las Comunidades Autónomas del PP “para tratar de recuperar desde las autonomías la igualdad que el Gobierno está socavando desde el Gobierno”
Plantea caminar hacia un enfoque común en “la gratuidad de la educación infantil, en currículos de enseñanza, implantar una Evaluación de Bachillerato común, calendarios de vacunas, algunos programas sanitarios, ayudas a los autónomos, financiación autonómica justa y sin privilegios”. También incluye, aunque sin proponer medidas concretas, algunos temas de alcance nacional tales como “Garantías de futuro para nuestros agricultores, ganaderos y marineros, un Pacto sobre el Agua y la coordinación de políticas de inmigración e unidad de mercado” Y se acabó.
Parece que les faltó la presencia y asesoramiento de Cayetana Álvarez de Toledo para hacer un documento de mayor enjundia, ya que la tan cacareada Declaración de Córdoba olvida temas de alcance nacional que no estaría de más que los presidentes de las autonomías del PP hubieran abordado. Por ejemplo, sobre la Transición española basada en la reconciliación que sigue rota por la vigente Ley de Memoria Histórica nacional pero también por las Leyes de Memoria Histórica de las autonomías entre las que destaca la de Andalucía que Moreno Bonilla, con su mayoría absoluta, no quiere derogar, cosa que sí ha hecho Aragón hace unos días.
La Declaración guarda también silencio sobre el ataque a principios constitucionales clave tales como el Estado de Derecho. ¿No cabría haber dicho que modificar el Código Penal (sedición, malversación) para conseguir ser investido es intolerable? Tampoco dicen nada de volver a la elección del CGPJ por el método previo a 1985, que le dio plenas competencias al Legislativo para elegir a sus 20 miembros. Son igualmente incapaces de recordar que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y no en los ciudadanos de cada una de las Autonomías.
Silencio también sobre la unidad indisoluble de la Nación española, no sea que se enfaden en algunos territorios y, por la misma razón, nada sobre el español como lengua vehicular de la enseñanza en toda España, con pleno respeto a las lenguas que se hablan en algunas Autonomías. Parece que los líderes del PP en las Autonomías desconocen lo que decía la Constitución de la República de 1931 en su artículo 50, «Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo»
¿En qué cabeza cabe que se pretenda excluir, de diversas regiones de España, una lengua hablada por 600 millones de personas? ¿Deben quedar callados ante ello los presidentes de las Autonomías del PP? ¿No conocen el artículo 3 de la CE? ¿Son acaso ellos menos importantes que los diputados del Congreso para opinar sobre los temas nacionales? Creo que para alguno de ellos ha sido una encerrona en la que no se les daba otra opción que aprobar lo que la cúpula del PP les presentaba.
Pero eso no quita que en la situación actual de desmembración de España hubiera sido muy razonable que se sacaran a relucir los instrumentos clave que contiene la Constitución para poner orden en el desmadre autonómico que le hace el caldo gordo a Sánchez, como son el articulo 155 y en especial el 150.3 que dice que El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. ¿Cómo es posible que a estas alturas aún no se haya acordado la unidad de mercado interior en España y tengan que hablar ahora de ello los presidentes de las Autonomías del PP?
Bienvenidas son las Declaraciones Políticas de todos los partidos, y más aún ahora que se acercan las elecciones europeas, pues nos permiten a los ciudadanos tener las ideas más claras a la hora de dar nuestro voto. Por ello lamento que el PP de Feijoo haya hecho propuestas de tan escaso calado político en Declaración de Córdoba. El problema de este documento no está en lo que dice sino en lo que se calla. ¡Viva España!
Enrique Miguel Sánchez Motos
Administrador del Estado
Autor
- Administrador Civil del Estado.
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