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La partes anteriores están aquí.
Esta es la segunda parte del capítulo 9, Las Elecciones en las Cortes.
Las izquierdas iban a arrasar, sin más:
Alcalá-Zamora vinculaba esas operaciones a la aspiración frentepopulista de obtener los tres quintos de la Cámara —284 escaños— para destituirle por el artículo 82. No en vano, el deterioro de las relaciones entre el gobierno y el jefe del Estado había llegado a un punto de no retorno. Azaña confió a su cuñado que estaba decidido a «dejar libre a la República del maleficio de Priego», aludiendo al pueblo natal de Alcalá-Zamora.
Prieto, pese a sus declaraciones de principios de marzo, había virado hacia los primeros, si bien en calidad de líder de la mayoría debía hacer equilibrios entre ambas para evitar que el gobierno Azaña se viera privado del apoyo de los socialistas antes incluso de empezar a legislar. Y no podía dejar que el caballerismo tuviera en exclusividad la defensa de los intereses de sus correligionarios, aparentando condescendencia con las oposiciones.
El problema de fondo era que Prieto se oponía a afrontar la anulación de Cuenca, Granada o Salamanca, sin hacer lo propio con los triunfos izquierdistas en Cáceres o La Coruña. Pero los vocales socialistas y los republicanos se negaban a votar esas nulidades: no en vano, eran las provincias de Giral y Casares Quiroga, este último ministro de Obras Públicas.
Casares había anunciado su marcha del gobierno si esas actas se anulaban…
El señorito de izquierdas Casares Quiroga:
La CEDA acabó yéndose de la Comisión:
La CEDA estaba dispuesta a someterse al criterio que prefiriese la mayoría «legalista o de convicción moral; de dureza, declarando la nulidad de ciertas actas, o de templanza, limitándonos a sancionar defectos parciales», pero no a «criterios partidistas, distintos en cada caso». Por ello, su minoría no confiaba ya en una Cámara que estaban sustituyendo «la voluntad popular, base de un régimen democrático», por «el imperio absoluto de una mayoría discutible, esencia de los regímenes totalitarios». Finalmente, anunció la retirada: «Libre tenéis el camino, constituid el Parlamento como os plazca».
… sacaron con chanza pañuelos blancos para despedirles.
[Prieto] pidió la palabra. En un durísimo discurso, acusó a las derechas de querer «alentar un complot» e «inducir un movimiento subversivo» al anunciar su retirada de los debates. Eran afirmaciones que servían para cohesionar a la mayoría y desviar la atención de las verdaderas razones de su marcha.
Lejos de impresionarse por la retirada conservadora, El Socialista la calificó de acto de «terrorismo político» que pretendía «sabotear la vida de las Cortes» para que la República «no se consolidara», pues las derechas eran «fascistas en esencia y potencia».
La Comisión sigue con su atraco electoral, sin ningún tipo de consideración, ni siquiera de guardar las formas:
… lo llamativo era el uso tan explícito de un criterio distinto al aplicado no ya en anteriores circunscripciones, sino dentro de una misma provincia con los votos de una candidatura u otra. En Granada, hubo también 23 mesas donde el Frente Popular obtuvo del 90 al 100% de los votos —con un saldo a su favor de 8156 papeletas—, que la Comisión ni se planteó descontar.
Para el diputado granadino Palanco (IR) esta debía votarse porque «en todos los pueblos donde ha habido elección han ganado las izquierdas», aseveración que solo otorgaba autenticidad a los votos del Frente Popular. No otra cosa adujo Fernando de los Ríos
[El comunista Antonio Mije] llamaba a actuar con contundencia, máxime cuando la retirada de la CEDA y los monárquicos indicaba que «preparaban un golpe de Estado».
El propósito político de las anulaciones no podía ser más diáfano, pues con esas operaciones quedaban sin acta los principales portavoces monárquicos: Goicoechea, Calvo Sotelo y Lamamié. Pero eso no bastó para que socialistas y comunistas renunciaran a exigir la nulidad de Salamanca y el acta de Gil-Robles.
A por todas…
El curioso caso de Cuenca, donde se anularía los resultados y se repetirían las elecciones:
Sierra acusó, además, al exministro Álvarez-Mendizábal de suministrar a la Comisión datos de 21 mesas que no coincidían con los escrutados por la Junta Provincial, para crear una impresión favorable a la nulidad.
Sierra adujo que en Cuenca no se había registrado violencia alguna, no se había presentado ningún acta notarial ante la Comisión, ni la documentación de las mesas venía con protestas.
El ponente socialista respondió con una nueva apelación a su «convicción moral». Rufilanchas no descartó que los candidatos conservadores pudieran haber superado el 40% de los votos, pero el problema de fondo eran las coacciones.
para Rufilanchas los diputados conservadores que habían concurrido contra la candidatura ministerial derrotada debían pagar por las coacciones del Gobierno a favor de esta última.
El caso de Salamanca es también muy indicativo de los ánimos de la izquierda:
Admitió que las protestas de los derrotados no venían avaladas por la documentación electoral o por actas notariales, pero la Comisión «no era un Tribunal de prueba tasada» y atenerse demasiado a la ley significaba comulgar con los expertos en «amañar pruebas para que ante un Tribunal de Justicia tuviera que prevalecer en definitiva su criterio». En Salamanca se había cometido un fraude preelectoral porque organizaciones vinculadas a las derechas, la Federación Católico-Agraria y el Bloque Agrario Salmantino, habían «comprado» los votos de los agricultores gracias a los contratos firmados con el Estado para la recogida de trigo. Galarza reconoció que esto se salía de lo que normalmente se consideraba fraude electoral, pero hizo un nuevo llamamiento, entre aplausos, a dejar de lado la juridicidad: si las derechas «hubieran triunfado, no hubiera habido Comisión de actas, porque no nos hubieran dejado, a los que hubiésemos salido Diputados, ni entrar en el Parlamento».
… la portavoz comunista, Dolores Ibárruri, le superó en radicalidad. «Aunque no hubiese habido todos estos hechos», dijo refiriéndose a lo expuesto por Galarza y Manso, «nosotros impugnaríamos estas actas porque en ellas va Gil-Robles, el jefe a quien desearía encontrar aquí para decirle en su cara que es un histrión ridículo salpicado con la sangre de la represión», alguien a quien había que encarcelar junto con Lerroux y todos los «compañeros de Gobierno» de octubre de 1934.
… estas palabras recibieron «grandes aplausos», pero no una llamada de atención por parte del presidente de la Cámara.
Esto era la legalidad republicana en acción.
El caso de Calvo Sotelo, de una desfachatez bochornosa. El robo se tuvo que negociar, como si la asignación de escaños fuera el reparto del botín de unos malhechores:
La postura de Baeza y el dictamen defendido por Ansó en realidad habían sido producto de las gestiones de última hora de Azaña. Nuevamente, la mañana del 2 de abril, Miguel Maura medió entre Calvo Sotelo y los líderes de IR y UR para evitar que se aprobara la nulidad de Orense. También intervino personalmente Alcalá-Zamora sobre el presidente del Consejo, advirtiéndole de que «expulsar a los dos jefes de la oposición equivaldría a suprimir el régimen parlamentario». Azaña se reunió la tarde del 2 con Martínez Barrio, decidido a impedir la nulidad de Orense. Este pidió a los vocales de UR en la Comisión que anunciaran su dimisión si se anulaba Orense y se convalidaba La Coruña. El propio Azaña se reunió con García Becerra, uno de los candidatos de su partido en Orense, para convencerle de la necesidad de validar las elecciones.
Lo que provocó estas reacciones de aquellos demócratas de toda la vida:
… culpaban a la Comisión de ceder al «chantaje» del «fascista Calvo Sotelo», representante de quienes «no son amigos de la República, ni se corregirán jamás», por lo que «con ellos no hay paz, ni tranquilidad, ni transigencia, ni convivencia; ellos no la tendrán jamás con nosotros, porque ya sabemos lo que son los fascistas y porque están fuera de toda posibilidad de trabajo común con nosotros». En una breve intervención, Galarza suscribió todo lo dicho por Uribe en nombre de la minoría socialista[744].
… la votación se hizo en un ambiente de intimidación, entre gritos de «¡Asesinos, no!», «¡Viva Asturias!» y «¡Justicia para los asesinos del pueblo!» proferidos por diputados socialistas y comunistas.
En resumen:
Reubicándolos [los alrededor de 30 escaños que ganaron las izquierdas con la revisión en las Cortes], izquierdas y derechas hubieran quedado equilibrados: entre 226 y 230 escaños los primeros, por entre 223 y 227 de los segundos. Ese resultado otorgaba a la segunda vuelta una importancia capital, de modo que hubiera sido fundamental su celebración normalizada, y encomendaba una delicadísima tarea a la Comisión de Actas.
Tras lo ocurrido en la segunda quincena de febrero con el escrutinio y después de unas elecciones tan polarizadas, un gobierno deseoso de normalizar la situación política y validar su mayoría parlamentaria a ojos de la oposición, hubiera debido promover, en la Comisión de Actas, una postura legalista y un acuerdo con las minorías sobre la base de modificar lo menos posible el reparto de escaños ya realizado por las Juntas Provinciales. Sin embargo, en aquellas circunstancias, el Ejecutivo de Azaña decidió no actuar, privando de dirección a los grupos de IR y UR y debilitando a sus diputados más transigentes. Cuando intervino lo hizo a destiempo y sin un criterio uniforme. La postura de Prieto al frente de la Comisión tampoco sirvió para reducir las exigencias de caballeristas y comunistas.
La nuevas elecciones en Cuenca y Granada:
En Cuenca y Granada se acaba invalidando las votaciones, que se tienen que repetir. Como se sabe, en Cuenca se quiso introducir a Franco (enviado a Canarias) y a Jose Antonio (preso e Madrid), pero la violencia y la intimidación de las izquierdas impidieron una votación libre y además al final se invalidó la candidatura del último:
… ambas se consideraban «nueva elección», por lo que se podían rehacer las candidaturas. Se estableció el 3 de mayo para la primera vuelta y el 17 para segunda, y no se introdujo requisito alguno para presentar candidatura. Ni siquiera se mencionó el umbral del 8% de los votos emitidos en febrero como condición para concurrir a los comicios[750].
La cuestión se enturbió cuando el Gobierno supo la candidatura que los conservadores pretendían presentar por Cuenca. En ella reservaron sendos puestos para Primo de Rivera, líder de la ilegalizada Falange y al que pretendían sacar de la cárcel donde permanecía como preso gubernativo, y también al general Franco, para traerlo desde Canarias y protegerlo con el acta de diputado de cualquier represalia ligada al inminente proceso por «Octubre».
La candidatura de Franco pronto se frustró ante la negativa de Primo de Rivera de compartir cartel con él. El jefe de Falange consideraba que la presencia de ambos sería recibida con hostilidad por las izquierdas, que incitarían a la presión gubernativa para derrotarla. Ciertamente, ambas designaciones reforzarían la percepción de que los conservadores apoyaban explícitamente la violencia falangista y a los militares desafectos al Frente Popular.
Franco acabó renunciando tras convencerle el cedista Serrano Suñer, alentado por el propio líder de Falange[751].
Al comienzo, intervino el portelista Álvarez-Mendizábal para solicitar que las elecciones fueran declaradas una segunda vuelta de las de febrero y, por consiguiente, solo se proclamara como candidatos a quienes obtuvieron entonces, como mínimo, el 8% de los votos.
El exministro ya sabía que el Gobierno había mostrado su previa conformidad con esto, tras una intervención de Prieto cerca de Azaña y los ministros de Gobernación y Justicia a instancias, a su vez, de los candidatos conquenses García Cubertoret (PSOE) y López-Malo (IR). No cabía duda que esa interpretación era contraria a la ley electoral y al mismo decreto de convocatoria porque, entre otras cosas, con una segunda vuelta no cabía reunir siquiera a la Junta Provincial para proclamar candidatos.
Santolaya, instruido por el ministro de Justicia, Antonio Lara, convenció a la mayoría de los vocales para que se admitiera la petición de Álvarez-Mendizábal, que finalmente se aprobó por 10 votos contra 4. La decisión excluía a Primo de Rivera y Franco, pero también al republicano conservador Redonet Maura y, significativamente, a un candidato de UR, Martínez Jerez, que se presentaba dentro de la candidatura del Frente Popular. Santolaya también se saltó la ley electoral al anunciar que no se escrutarían más votos que los de los candidatos proclamados, cuando las Juntas Provinciales en ningún caso podían anular actas o sufragios.
Fue entonces cuando el socialista Rufilanchas, artífice de la anulación de las elecciones de Cuenca, cambió por completo su discurso de hacía un mes: la Comisión no había anulado las elecciones de Cuenca, sino un número determinado de votos y, como consecuencia de ello, ninguno de los candidatos había sobrepasado el preceptivo umbral del 40%. Sin embargo, el dictamen había establecido lo contrario.
… el gobierno había caído, a posteriori, en la «inadvertencia» de usar la misma norma para dos casos diferentes, como lo eran Cuenca y Granada. La explicación, por tanto, fue peor que el silencio, pues, desde que el 9 de abril se publicara el decreto, el Gobierno no había rectificado con otro nuevo el supuesto error, que continuaba vigente. Peor aún fue que, reconocida la «inadvertencia», el ministro de Justicia aclarara que el Gobierno no actuaría para solventarla,
Esto lo confirmó la intervención del sindicalista Pestaña: reconoció que las derechas tenían jurídicamente razón, pero no se podía tolerar que trajeran a la Cámara «a un fascista».
Pestaña fue el anarquista que se entrevistó con Jose Antonio; y según esto, no parece que le mereciera ningún respeto. Más sobre el piernas Álvarez-Mendizábal, que fue en su día objeto de una agresión de Jose Antonio en el Parlamento por motivos personales:
Álvarez-Mendizábal, otro señorito de izquierdas:
Más significativa aún fue la postura de la minoría centrista, a la que pertenecía Álvarez-Mendizábal. Su portavoz, Canals, desautorizó a su correligionario y habló de «atropello». Él había sido miembro de la Comisión de Actas y, como tal, participado activamente en el dictamen de Cuenca. Por ello, podía asegurar que los vocales de la mayoría propusieron no una resta de votos sino la «nulidad»:
Álvarez-Mendizábal quedó separado de su minoría, pero lo compensó con su entrada en la candidatura del Frente Popular como independiente afín a UR, y rápidamente se avino a publicar un manifiesto donde, contradiciéndose respecto a febrero, consideraba «el programa del Frente Popular» como «la dignificación material y moral del ciudadano español».
Las nuevas elecciones en Granada en un ambiente de intimidación y agresiones a las derechas:
La campaña electoral en ambas provincias fue corta pero muy accidentada. Se caracterizó por el despliegue, con la aquiescencia y hasta la directa complicidad de las autoridades, de una violencia abierta contra los candidatos de la oposición y sus representantes locales, con la finalidad apenas velada de impedir la movilización de los cuadros y electores conservadores. En Granada, el Frente Nacional no pudo hacer propaganda, y se había visto incluso privado de su principal cabecera, el diario Ideal, cuyos talleres habían sido asaltados y quemados semanas atrás.
… se registró una oleada de detenciones, nada menos que 150, entre militantes de partidos conservadores y «fascistas», etiqueta que, dada la tímida implantación de Falange en Granada, encubría en realidad represalias contra cedistas, agrarios o tradicionalistas.
… al menos una veintena de iglesias fueron asaltadas y/o incendiadas con total impunidad, y sus sacerdotes expulsados de los pueblos[757].
Cúllar-Baza, donde se encontraron con otra agresiva manifestación. El propio alcalde se adelantó y ordenó un minucioso registro de los propagandistas y candidatos, y rajó los neumáticos de los vehículos para revisar si escondían armas. Cuando los candidatos y los diputados pretendían dirigirse a los grupos para calmarles, el alcalde los separó violentamente para que no entablaran conversación. Acto seguido, los detuvo durante cuatro horas y solo les permitió salir del pueblo «entre dos grupos colocados a los lados de la carretera, que los agredían a tiros y pedradas».
Pese a la retirada conservadora, fueron a votar, oficialmente, 260 448 electores —un 78,2% de participación—, es decir, 12 000 electores y casi cuatro puntos porcentuales más que en las elecciones de febrero. Es decir, que los 150 000 electores que habían votado a la derecha el 16 de febrero, ahora lo hicieron en bloque al Frente Popular. Gracias a ello, Fernando de los Ríos, candidato más apoyado, alcanzó 224 498 votos, el 86,2% de todos los votos emitidos en la provincia
Y en Cuenca, más de lo mismo:
… el 26 de abril, día en que se reunía la Junta del Censo, Garrido ordenó la detención de cinco miembros de Falange y Renovación Española que acompañaban a Antonio Goicoechea y Miguel Primo de Rivera, dos de los cuales debían ser proclamados como candidatos. No se especificó motivo alguno: de hecho, tras la acción, el gobernador pidió a la DGS «antecedentes» para retenerlos en prisión.
La posible victoria electoral del jefe de Falange constituía el factor primordial en la creciente presión gubernativa. La coacción sobre Primo de Rivera se acreció al ordenar la DGS un registro en su domicilio en Madrid y la detención de siete personas, casi todos familiares[771].
El gobernador ordenó el registro del hotel y la detención de este Primo de Rivera y otros dieciséis falangistas, a los que envió de vuelta a Madrid. Se ordenó también el arresto del candidato monárquico Goicoechea, pese a que llegó una hora más tarde de los sucesos. Y aunque lo puso pronto en libertad, le advirtió que no podía garantizar su seguridad. Finalmente, Garrido mandó registrar, además, la sede de la CEDA, otro de los hoteles donde se alojaban candidatos conservadores, tres domicilios particulares y un colegio religioso, con «resultado negativo», según el Comisario de Investigación de Cuenca. No hubo detenidos de izquierdas.
El gobernador no se mostraría tan activo durante los motines del 1 y el 2 de mayo, antevíspera y víspera de los comicios, en Cuenca capital. Este se saldaría con el asalto de varios edificios, entre ellos un convento y la sede local de la CEDA, a poca distancia del Gobierno Civil. Esta última quedó desmantelada el 1 de mayo, cuando un grupo desgajado de la manifestación asaltó el edificio y quemó el mobiliario y el material de propaganda. Al día siguiente le tocó el turno al convento de los frailes paúles, que sufrió otro asalto tumultuario.
… el gobernador ordenó la detención de cincuenta interventores de la CEDA y de Renovación, que debían actuar en la capital y las localidades del partido judicial. Dos días antes, el 30 de abril, se había detenido en Tarancón a ochenta militantes monárquicos y de Falange que, procedentes de Madrid, acudían a reforzar los equipos electorales. Fueron devueltos a la capital para tomarles declaración en la DGS y varios de ellos ingresaron en la Cárcel Modelo.
La presencia de «delegados gubernativos», 120 de ellos jóvenes militantes socialistas nombrados por Garrido, está sobradamente constatada, así como su papel en la obstrucción de la campaña conservadora. Como explicó el propio Indalecio Prieto, gran parte de esos delegados eran miembros de «la Motorizada», un grupo de protección de la Juventud Socialista de Madrid que cooperó de forma «decisiva» al triunfo[773].
… estos acontecimientos explican la inversión, en solo tres meses, del resultado de febrero. En Cuenca, hasta entonces un bastión conservador, triunfó el Frente Popular por las mayorías. La participación oficial quedó en 65,6%, casi diez puntos menos que en febrero. Se dio la particularidad de que los datos del Gobierno Civil diferían radicalmente de los del Centro de Derechas que, con los certificados de escrutinio de 212 municipios, otorgaba la victoria a sus candidatos. Más allá de eso, las abundantes anormalidades de la jornada electoral retrasaron el recuento, pues todavía el jueves 7 de mayo se realizaron votaciones en varios pueblos.
Esa era la legalidad republicana.
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