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El juez que ha investigado el caso Púnica ha visto indicios para sentar en el banquillo a más de una veintena de imputados, entre ellos el exconsejero madrileño Francisco Granados, el empresario David Marjaliza y varios exalcaldes, por la presunta adjudicación irregular de contratos en diversos ayuntamientos madrileños.
Se trata de la pieza número cinco de esta macrocausa, que nació en 2014, relacionada con diversas contrataciones de los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, en las que se han detectado una serie de «prácticas por parte de encargados municipales (…) encaminadas a asegurar la adjudicación» a una determinada empresa.
Junto a Granados, procesado en otras piezas de esta causa como la de la presunta financiación irregular del PP de Madrid, el magistrado Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al empresario y presunto «conseguidor» de contratos para la trama, David Marjaliza, que colabora con la Fiscalía Anticorrupción desde hace años y sobre el que prácticamente gira esta pieza.
En total son 21 procesados, entre los que figuran diversos exalcaldes de Valdemoro, como José Carlos Boza Lechuga o José Miguel Moreno Torres, y varios ex altos cargos de este municipio, mientras que el magistrado ha archivado la causa para dos exconcejales de esta localidad.
El auto, contra el que cabe recurso, expone que existen indicios de delitos como cohecho, prevaricación, revelación de información reservada y secretos; tráfico de influencias; o fraude, entre otros.
Relata cómo existió, presuntamente, una influencia por parte del empresario David Marjaliza, quien, «pese a la crisis del sector inmobiliario», siguió «rentabilizando la red de contactos e influencias tejida desde el año 2000 con alcaldes, ediles y concejales de determinados pueblos de la zona sudoeste de Madrid, para convertirse en ‘conseguidor’ de contratos públicos para terceras compañías».
«Se trata de lograr que la sociedad finalmente propuesta por el órgano de contratación sea precisamente aquella que al empresario interesa en cada caso», apunta el juez.
En Valdemoro se han investigado, entre otros, los contratos de gestión del servicio de estacionamiento regulado (SER), las concesiones administrativas de cafeterías, servicio municipal de grúa, explotación de instalaciones deportivas e incluso los servicios de recogida de ropa y zapatos usados.
Según el juez, el punto de partida siempre era David Marjaliza y su vinculación con determinados cargos y autoridades de la localidad con la finalidad de lograr la obtención de contratos administrativos disfrutando de un trato privilegiado en materia de adjudicaciones.
El auto también describe los contratos en los que participó Marjaliza en Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle y apunta que como contrapartida de las adjudicaciones, el empresario pudo haber sufragado encuestas de contenido político como “una de las fórmulas empleadas por David para el pago por los favores obtenidos desde el Ayuntamiento para beneficiar a sus empresas”.
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