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Para poner en marcha y culminar sus macabras agendas de reducción y esclavitud poblacional, aparte de su transhumanista joya de la corona, necesitan censurar, silenciar y controlar lo que la peña dice y piensa. Y ante eso, la insurrección es legítima, además de justa y necesaria. La insurrección, preferentemente pacífica, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. Y un entremezclarse de sangres, a saber: de patriotas y de tiranos globalistas. Y no parar de expresar lo que te salga de la punta del pitín. Y te llamarán extremista y/o negacionista. O radical y/o conspirador y/ terrorista. Palabras policía, vacua y babosa palabrería intencionadamente paralizante. Sin más.
Falsas excusas
Lo postrer, leyes liberticidas con falsarios pretextos: promover el odio, desinformar y eterno blablablá. En la Unión Europea (Ley de Servicios Digitales) y Gringolandia (Ley RESTRICT). Y también en Nueva Zelanda y Brasil y Canadá.
En Irlanda, por ejemplo, el gobierno podrá enchironar a la gente simplemente por poseer material que los funcionarios decidan que es «odioso». O en Australia, un solo funcionario puede obligar a las empresas de redes sociales a eliminar publicaciones. En nuestra patria común, España, Ley 13/2022, de 7 de julio, Ley General de Comunicación Audiovisual. Aparte, no olvidemos, de perpetuar la liberticida y pepera/pepuda “ley mordaza”. Ahora, remordaza, con el atroz “retoque” del artículo 557 del Código Penal…
…Tiranía woke, hacia el neuro-totalitarismo. ¿Se saldrán con la suya? En fin.
Autor
- Nacido en Bilbao, vive en Madrid, tierra de todos los transterrados de España. Escaqueado de la existencia, el periodismo, amor de juventud, representa para él lo contrario a las hodiernas hordas de amanuenses poseídos por el miedo y la ideología. Amante, también, de disquisiciones teológicas y filosóficas diversas, pluma y la espada le sirven para mitigar, entre otros menesteres, dentro de lo que cabe, la gramsciana y apabullante hegemonía cultural de los socialismos liberticidas, de derechas y de izquierdas.
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El problema de fondo es la torpeza y la neblina mental de toda una sociedad y, dentro de ella, la de los pomposos juristillas y otras modistillas. No hay una teoría teoría de la justicia que sirva de acuerdo e ideal jurídico vinculante o constituyente y, en lo tocante a lo que este artículo aborda, no hay una propuesta bien definida de qué es legítimo expresar en público y qué no es legítimo expresar en público. Es una sociedad descoyuntada. Pregúntele a cualquiera de los van pontificando por ahí, en los estrados de esta sociedad, sobre cuál sería la norma que permitiría perfectamente decidir cuando una proferencia determinada es ilegal o no y porqué y los verán retorcerse como lombrices. Es decir, vivimos una mentira muy gorda porque la inseguridad jurídica es total y estamos vendidos al albur aleatorio del soplo político de un sesgo u otro, o a la protección coactiva y descarada de la tiranía y de toda una ristra de obscuros e inconfesables intereses.
Hay que dar un golpe sobre la mesa y establecer de una vez por todas que sólo, el fraude de palabra, la difamación y las falsas alertas deben ser ilegales. También que todo asunto debe poder ser debatido libremente sin coacciones o cortapisas por el bien mismo de la sociedad pero también como un derecho inalienable de la persona. Lo que pasa es que hemos visto ya, después de pasar un tiempo en este planeta, como los que defendían la libertad de expresión ayer la atacan hoy cuando no les conviene. Hacen trampas. Hace años, la siniestra enarbolaba la libertad de expresión y hoy la repudia. También la derechona que hoy se indigna cínicamente por la censura la ha practicado por diversos medios y no siempre secuestrando periódicos en los kioskos. Por ejemplo, con Franco, el obispo de Madrid llegó a presentarse en la Librería Argentina en Argüelles a cerrarla porque vendían libros de la editorial Kier o de Madame Blavatsky. Episodios así no son comentados hoy-.