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En el año 2005 la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CAM), presidida en aquel entonces por Esperanza Aguirre, creó 40 centros sanitarios con la finalidad de atender las urgencias nocturnas los días laborables y las 24 horas del día los fines de semana y los días festivos, ubicándose dichos centros en aquellas zonas de la comunidad madrileña particularmente desprotegidas en el ámbito de la salud. Estos centros, denominados Servicios de Atención Rural (SAR), vinieron a complementar la atención prestada por los 38 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) ya existentes, reforzándose de esta forma la red de Urgencias Extrahospitalarias, con la consiguiente mejora en términos asistenciales de la sanidad pública madrileña.
Con motivo de la pandemia la CAM, dada la situación de emergencia sanitaria, se vio obligada a cerrar temporalmente los SUAP para desplazar a los sanitarios (médicos y enfermeras) al recién creado Hospital Enfermera Isabel Zendal. Una vez que la pandemia afortunadamente ha remitido tanto en intensidad como en gravedad, la ocupación del Hospital ha disminuido en paralelo, de tal forma que presenta un exceso de personal sanitario. Como consecuencia de ello, la Consejería de Sanidad decidió reabrir la mitad de los SUAP, utilizando para ello personal procedente del Hospital Zendal, con lo cual se racionalizaba la cobertura sanitaria de la población. Esta medida lejos de agradar a la izquierda, provocó su movilización en busca del voto, lo cual se tradujo en diversas algarabías en aquellas zonas donde no se reabrían los SUAP. Ante este hecho, Isabel Díaz Ayuso, sin encomendarse ni a dios ni al diablo, se comprometió a abrir a finales de octubre todos los SUAP, traspasándole el problema que suponía la configuración del personal de los SUAP al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Dada la escasez de médicos que actualmente estamos padeciendo en todo el territorio español, la apertura de todos los SUAP existentes antes de la pandemia supuso que se iniciara un proceso de reorganización de los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias, de tal forma que tanto los SAR como los SUAP se unificaron para pasar a convertirse en Puntos de Atención Continuada (PAC), todos ellos dependientes de Atención Primaria. Más allá del cambio de denominación, la reestructuración de la urgencia extrahospitalaria ha supuesto una movilización de parte del personal de los SAR hacia los SUAP, lo cual ha hecho necesario llevar a cabo una sustancial modificación de la jornada laboral de médicos y enfermeros, la cual en primera instancia resultaba inasumible por el personal sanitario al incrementar considerablemente la carga de trabajo, dificultar el desarrollo de una vida mínimamente estructurada e impedir la conciliación familiar.
Ante esta situación el sector sanitario convocó una huelga con la finalidad de forzar una negociación que diera lugar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes en conflicto. En este es punto es necesario reconocer y poner en valor el hecho de que la Consejería de Sanidad fue sensible a las demandas del personal sanitario, lo cual se tradujo en un acuerdo con cuatro de los cinco sindicatos que tiene representación en la Mesa Sectorial de Sanidad –CSIT, SATSE, CC.OO. y UGT- quedándose tan solo fuera del acuerdo el sindicato AMYTS. En dicho acuerdo se establecía una nueva jornada para el personal sanitario de los PAC que mejoraba sustancialmente sus condiciones laborales. A ello debe añadirse el hecho de que el acuerdo recogía entre sus resoluciones el reforzamiento de la asistencia sanitaria durante las horas de la tarde con mayor presión asistencial en todos aquellos Centros de Atención Primaria en los que se encontraban los PAC. A raíz del acuerdo se desconvocó la huelga y se estableció un plazo de dos meses para terminar de perfilar el acuerdo y así llegar a la resolución definitiva de la problemática suscitada.
Sorprendentemente un 60% de los médicos de urgencias extrahospitalarias no acudieron a su puesto de trabajo al acogerse a una incapacidad temporal, algo que propició un cierto caos organizativo, que por lógica no podía durar mucho tiempo. Este inusitado desarrollo de los acontecimientos propició el que la izquierda política saliera en tromba para agitar el avispero y descalificar con todo tipo de improperios a una Isabel D. Ayuso que, víctima de una decisión un tanto precipitada con la que tan solo pretendía satisfacer las demandas sanitarias de la población madrileña, se había puesto en el punto de mira de una izquierda francotiradora incapaz de perder una sola oportunidad de atacarla. La campaña de agitación y propaganda tuvo finalmente su recompensa, ya que, de forma absolutamente desleal y sin consultar tan siquiera a sus afiliados, los sindicatos dieron por cancelado el acuerdo, volviendo a convocar una huelga indefinida de médicos y enfermeras de Atención Primaria, apoyada de forma absolutamente irracional por la propia ministra de Sanidad, Carolina Darías, provocando con ello un notable perjuicio a la población demandante de asistencia sanitaria.
Evidentemente lo sensato y razonable hubiera sido mantener el acuerdo alcanzado y modificar durante los dos meses de negociación aquellas cuestiones susceptibles de ser mejoradas, compatibilizando de esta forma los intereses legítimos de los profesionales de la salud con la prestación de una atención sanitaria de calidad. Sin embargo, en el momento actual estamos asistiendo a una instrumentalización por parte de la izquierda del conflicto sanitario con la exclusiva pretensión de mejorar su precaria situación de cara a los próximos comicios electorales, lo cual de ninguna manera va en la línea de encontrar una solución que permita garantizar la supervivencia de una sanidad pública que de respuestas satisfactorias a las demandas de salud de la población, dibujándose así un escenario que solo puede contribuir a la progresiva degradación de la Atención Primaria en particular y del Sistema Nacional de Salud en general.
En sus proclamas la izquierda vuelve a utilizar uno de sus mantras predilectos, el cual no por repetido deja de ser falso, ya que viene a decir que la derecha pretende eliminar la sanidad pública, algo que a estas alturas de la película solo puede ser creído por fanáticos indocumentados, ya que la historia demuestra que durante los diferentes mandatos de fuerzas políticas de derechas la sanidad pública ha sido objeto de enormes partidas presupuestarias, con la evidente finalidad de dotarla de las herramientas necesarias para mantener unos altos estándares de calidad.
Llegados a este punto parece obvio reconocer la necesidad de alcanzar un gran pacto de Estado entre los grandes partidos políticos del arco parlamentario que permita atajar los graves problemas de sostenibilidad que el “Estado del bienestar” presenta desde hace tiempo. Para ello resulta imprescindible dejar a un lado los intereses partidistas y buscar la mejor solución para procurar la viabilidad de unos servicios públicos de calidad contrastada. Desgraciadamente, con la izquierda arribista y atrabiliaria que tenemos en España, hoy en día tal planteamiento nos parece una quimera.
Autor
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Rafael García Alonso.
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
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