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La indignación que ha producido el modo en cómo el Gobierno se ha conducido en la profanación legalizada de la tumba de Queipo de Llano, la de su esposa y la de un general togado de la basílica de la Macarena de Sevilla, ha provocado que en las redes sociales y en las conversaciones domésticas se critique fuertemente al Ejecutivo, tildándolo incluso de “genocida”, con palabras muy parecidas a las insertas en el título.
Y mucho de lo que ha ocurrido es responsabilidad del que se considera un pitagorín jurídico del Gobierno, el ministro señor Bolaños. Lamentable ha sido su actuación, por no calificarla de tabernaria.
Para empezar, aprueban a toda prisa una norma (la Ley de Memoria Democrática, en lo sucesivo LMD), contra el sentir de la mayoría de la población española, cuya exposición de motivos constituye toda una sarta de medias verdades y mentiras redactadas en lenguaje poco inteligible, como si el texto fuera redactado por un alto funcionario del Ministerio de Hacienda antes que por juristas versados y probos. En el texto articulado, se regulan algunas sandeces propias de una satrapía, como la declaración de ilegalidad de un régimen político fenecido en diciembre de 1978, dando rienda suelta para censurar con fortísimas multas los actos públicos de los simpatizantes y nostálgicos del régimen de Franco, que a nadie molestan salvo a un grupúsculo insignificante de fanáticos. Alegan estos tiranuelos que han permitido la confección del texto, que ello es motivado porque el hitlerismo y el fascismo están prohibidos en Europa; desconociendo estos palurdos en temas históricos que ni el hitlerismo ni el fascismo existieron en España, sino el falangismo o el tradicionalismo carlista. Que son cosas diferentes y en algunos aspectos dispares, si nos ceñimos a esas corrientes europeas de la época de entreguerras.
Nunca Franco, ni Primo de Rivera, ni, por supuesto, Queipo de Llano proclamaron que iban a instaurar el fascismo, ni mucho menos el nazismo, en territorio español. En cambio, el Presidente del gobierno republicano, desde septiembre de 1936 en adelante, el socialista Francisco Largo Caballero, sí sostuvo públicamente que ellos pretendían la revolución socialista, como la versión ibérica de la Revolución rusa de 1917. Curiosamente, ese socialismo, modelo Unión Soviética, ha sido condenado al ostracismo por las instituciones europeas; incumpliendo el Gobierno, el deber de reprobarlo, siquiera sea simbólicamente. Y si no lo hace –y declara ilegal, por el contrario, tanto el alzamiento como el régimen político que, con sus luces y sus sombras, evitaron que triunfase en España ese socialismo eslavo-asiático-, es que el Ejecutivo se considera fiel seguidor de tales doctrinas socialistas y opresivas. Así de claro y rotundo.
Pero lo más curioso del señor Bolaños es que una vez aprobada esa norma, propia de una tiranía marxista, como es la LMD, sin esperar a que se apruebe el reglamento correspondiente de dicha normativa, como sería lo correcto en un Estado de Derecho, manda una carta al dirigente máximo de la Hermandad de la Macarena en Sevilla, ordenándole que proceda a la exhumación de los mencionados; y este cofrade mayor reconoce en la prensa que “estaba esperando instrucciones” …
De prisa y corriendo, y a altas horas de la madrugada, como si fuera una de aquellas tristes ejecuciones extrajudiciales de la guerra, se sacan los restos de los finados de sus sepulcros, haciendo que sus familiares presencien la ejecución del acto y, todo ello, sin ningún representante oficial de la sede episcopal.
Familiares de Queipo han considerado que ha sido una humillación y así lo ha manifestado públicamente el periodista Pérez-Maura en un periódico prestigioso de la capital de España. Posteriormente, otro periódico de Madrid, ha publicado que el dirigente de la Macarena de Sevilla, que se ha plegado sorprendentemente a los planes propagandísticos o vengativos del Gobierno, es de ideología socialista y no nacido siquiera en la provincia sevillana… Personaje que, incluso después de la ejecución del acto funerario, comenta de forma ufana y satisfecha que “el asunto está resuelto” … La cosa no termina ahí: el señor Bolaños, después de haber menospreciado a las familias de los finados, dice a los periodistas que nuestra democracia se ha dignificado, “por sacar unos restos de un genocida que fusiló 45.000 personas”.
Un hombre, cuyo currículum oficial presume de ser un jurista prominente, no puede expresar semejante palabras en público, pues no dice la verdad aparte de humillar de nuevo a las familias, habida cuenta de que el delito de genocidio no existía ni en julio de 1936 ni siquiera en abril de 1939, cuando terminó nuestra pasada guerra civil. Es de elaboración doctrinal posterior: lo que existía entonces era el delito contra el derecho de gentes, tal como reconocía el Código de Justicia Militar entonces en vigor.
En lo que concierne a la represión atribuible a Queipo de Llano mucho se ha exagerado, siendo la cifras que manifiesta el ministro otra desproporción añadida. Principalmente, porque la represión propiamente de Queipo se extiende hasta que el régimen de Franco comienza a funcionar como Estado, cosa que podríamos situar en torno a la puesta en marcha de los tribunales de guerra permanentes, lo que ocurre a partir de los primeros compases de 1937. Hasta entonces, la represión nacional en el territorio controlado por Queipo fue muy drástica; y eso que el citado general permitió algunos perdones in extremis, como el concedido a 200 guardias de asalto y seguridad. Con todo, no se llegó al salvajismo tan pavoroso que revistió la persecución contra personas de orden y religiosas en los territorios andaluces… Y ésta fue una represión de raíz socialista, anarquista y comunista, que se llevó por delante innumerables obras de arte y bienes religiosos, aparte de cometer cientos de saqueos y crímenes espantosos, como bien acreditan los informes elaborados, a raíz de los sucesos cuando se iban descubriendo.
Y dicha persecución fue ideada y programada antes de que Queipo decidiera sublevarse en Sevilla, como bien lo demuestra el documento portugués que el Gobierno de Oliveira Salazar presentó ante los países que conformaban el Comité de no Intervención, con sede en Londres, allá por octubre de 1936. Posteriormente, en 1967, Luis Bolín, quien había sido el encargado de prensa del Ejército sublevado en Sevilla, certificaría el hallazgo, cerca de la capital hispalense, de similares documentos revolucionarios que planificaban esa escabechina, desde meses antes al estallido de la contienda. De hecho, simultáneamente con la declaración del estado de guerra en Sevilla, comenzaron los crímenes brutales contra personas de orden; a saber: un anciano párroco y un joven sacerdotes muertos cruelmente; un joven practicante asesinado, tras hacerle tragar una medalla de la Macarena; el martirio de otro sacerdote, tras introducirle violentamente un crucifico en la boca; el homicidio de un pacífico adolescente socio del Betis Balompié; el martirio de un falangista hispalense, quien tras sufrir tormento, lo quemarían vivo en el atrio de Santa Marina… Al mismo tiempo, arden y son profanados los siguientes edificios religiosos de la capital, que conservaban notables riquezas artísticas: iglesia parroquial de San Bernardo; iglesia Omniun Sanctorum; templo de San Gil; capilla de Monte-Sión; iglesia de San Marcos; ídem de Santa Marina; templo de San Román; ídem de San Juan de la Palma; iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O; ídem de San Roque; ídem de Santa Ana; convento de San José; monasterio de las Visitadoras… Todo ello entre el 18 y el 20 de julio. Pura bestialidad, no en vano, el malogrado diputado José Calvo Sotelo había ya referido en sede parlamentaria algunas enormidades cometidas por las bandas rojas del mediodía peninsular, antes de que fuera liquidado por pistoleros socialistas y agentes de Policía.
Pues bien, cuando Queipo declara el estado de guerra en Sevilla, la única legislación aplicable en materia bélica eran las siguientes normas: Reglamento de Campaña de 1882, Código de Justicia Militar de 1890 y Ley de Orden Público de 1933… Y el general fue muy duro, qué duda cabe, pero observó esta normativa, hasta el punto que sus decretos y bandos militares no solo fueron publicados entonces en los medios habituales, sino recopilados legislativamente. Pues bien, ruego a los sabiondos de la LMD que lean los textos de esta normativa antes de aplicar el articulado de una norma, propia de una tiranía; y antes de mandar misivas a pacíficos municipios y templos para que retiren placas, cuadros o estatuas, pagando tales cambios dichas instituciones. Si seguimos el plan de esta locura iconoclasta, no sería extraño que un leguleyo cualquiera, en nombre de la LMD o de cualquier colectivo, nos remitiera una carta a los escritores e investigadores para que borremos de nuestros libros y artículos determinadas frases relativas al bando nacional de la guerra civil. Cosas veredes, Sancho…
Este ministro que, a tenor de sus manifestaciones, no conoce bien el derecho de guerra de la época, se permite atribuir a Queipo la masacre de 45.000 personas… siguiendo, probablemente, el libro propagandístico “Un año con Queipo”, editado en plena guerra civil, lo que, si fuera cierto, supondría que el general dio orden de matar a más de siete mil personas por provincia que dominaba; a saber: Sevilla, Cádiz, Huelva, Badajoz y una parte de Córdoba y Granada. Y esas cifras resultan bastante sospechosas, pues en zona roja se reprimió al enemigo no con la normativa de la época sino con el reparto anárquico de armas a partidos y sindicatos izquierdistas, como adveró en 1939 el dictamen de la Comisión sobre la Ilegitimidad los Poderes Actuantes; y, únicamente, se superaron las cinco mil víctimas en la provincia de Asturias, dejando a un lado el martirologio de las personas de orden observado en las provincias con grandes aglomeraciones urbanas, como Madrid, Valencia y Barcelona.
Los que hemos empleado bastantes años, más de los que el señor Bolaños ejerce como socialista de postín, en estudiar la represión nacional en la guerra civil, sabemos la dificultad que entraña un trabajo de investigación como ése, en circunscripciones provinciales, siempre que se haga de forma imparcial, calibrando ambas represiones de la guerra, y sin ningún auxilio público, institucional ni mediático. Sobre todo, porque en los registros funerarios se mezclan, en un totum revolutum, junto con los muertos en combate, los fallecidos en hospitales de campaña, las bajas por enfermedades o bombardeos y las personas efectivamente ejecutadas. Sorprendentemente, coincidiendo con los más de treinta años de gobierno socialista en Andalucía, afloraron concretos estudios que aseguraban el presunto victimario de Queipo en la región andaluza, al igual que en la Extremadura meridional ¡Qué sospechoso, la verdad! Personas, cuyos antecedentes vienen incluso del régimen anterior, comenzaron a participar, consciente o inconscientemente, en dicha tarea de eclipse de la historia real. Parece todo bastante extraño ¿no? cuando esta operación concuerda en el tiempo con la corrupción observada en dicha Comunidad Autónoma. Por supuesto, que han existido investigadores que han actuado por libre, como han sido los casos de Nicolás Salas, Casas de la Vega o, mismamente, Molina Fajardo; y, por ello, sus obras aún permanecen desinfectadas del fantasioso Shangri La frentepopulista con que quieren adoctrinarnos.
Por lo demás, no es lo mismo una represión conducida por militares, la cual, por muy enérgicas que sean sus medidas, siempre busca objetivos bélicos antes que políticos -y se regula por reglamentos estrictos-, que una represión dirigida por partidos y sindicatos revolucionarios, cuyos dirigentes carecen de cultura o son incluso analfabetos. Nos guste o no, una represión avalada por el orden y una represión revolucionaria son diferentes y los efectos igualmente lo son. Pretender, por tanto, que una represión castrense, con sujeción a normas muy estrictas, produzca más víctimas que una represión claramente revolucionaria, conducida sin orden ni concierto, me parece un desviacionismo incorrecto propiciado por una intencionalidad previa evidente. Por ello, la represión en el territorio controlado por Queipo, siendo aún muy dura, no contabiliza salvajismos ni primitivismos tremendos, siquiera se produjeran extralimitaciones, como sí se cuentan a mansalva en el territorio dominado por los republicanos de izquierda. De hecho, en las provincias bajo control del Frente Popular, el número de ejecutados y asesinados no deja todavía de asombrarnos: el obispado de Jaén, por ejemplo, contabilizó unos 12.000 muertos en su territorio episcopal; el de Córdoba, 3000 feligreses; y, en la provincia de Málaga, los asesinados superan ampliamente las tres mil víctimas. Y es que la reprobable decisión de entregar armas al populacho -iniciativa del dirigente socialistas Largo Caballero- produjo esa hecatombe de tantos muertos, mártires y aniquilaciones.
Y, por último, si al señor Bolaños le interesa mucho los “genocidios” de decenas de miles personas durante la guerra de 1936-1939, solo tiene que mirar para su provincia natal y para su partido político. De hecho, en la provincia de Madrid, durante el gobierno republicano-socialista, fueron masacradas más de 30.000 personas, como mínimo, mientras no cesaron las hostilidades bélicas. Y esto no lo asegura la comisión antes referida ni los autores mencionados, sino los propios republicanos y socialistas de la época: José Cazorla, quien sustituyera a Carrillo como jefe de Orden Público, confesaría en sede judicial que, en torno a treinta mil víctimas, habían sido las masacradas en Madrid, desde el inicio de la guerra hasta el 25 de diciembre de 1936, sin incluir en el cómputo los fusilados de Paracuellos del Jarama ni siquiera los muertos ocasionados por la checa de Fomento; Clara Campoamor, lo mismo que Pio Baroja, aseguró en 1937, que, hasta principios de noviembre del 36, en la provincia de Madrid fueron fusiladas 30.000 personas; y, por último, el senador socialista chileno, Aurelio Núñez Morgado, quien actuaba por entonces como decano del cuerpo diplomático en la capital de España, refiere que fueron fusiladas en Madrid durante los primeros seis meses de la guerra, del orden de 300-400 personas diarias.
Lo dicho, señor ministro, lea e instrúyase, y ponga los comités de Ferrazgrado a hacer lo propio. Y, por favor, deje ser libre a la ciudadanía.
Fuentes: archivos particulares; Causa General; Historia de la Cruzada Española; Masacre (asesinatos en la zona republicana durante la guerra civil, 1936-1939); Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936; Avance del informe oficial sobre los asesinatos, violaciones, incendios y demás depredaciones y violencias cometidos en algunos pueblos del mediodía de España por las hordas marxistas al servicio del llamado Gobierno de Madrid.
Nota: la crítica es conciliable con el respeto por el Ordenamiento vigente, por lo que el autor se reserva todo tipo de acciones legales en defensa de sus derechos, frente a denuncias desaprensivas. Por tanto, se permite advertir la remisión que la Ley de Memoria Democrática, en su apartado sancionador, realiza a favor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, norma que considera nulo de pleno derecho todo acto administrativo contrario a la Constitución, la cual, como es sabido, proclama la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho al honor.
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