Ante la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y el anuncio de la profanación de los restos mortales de José Antonio. Comunicado de FE-JONS

El Régimen del 78 se ha convertido -ya sin disimulo- en un régimen dictatorial en el que, quienes detentan el poder, imponen de forma totalitaria su ideología al conjunto de la población. El sectarismo se impone desde unas instituciones que persiguen, multan y – llegado el caso- encarcelan a los disidentes.

Hasta ahora el Régimen reconocía formalmente unos derechos y libertades cuyo ejercicio restringía de hecho. Pero, desde este momento, con la aprobación definitiva de la Ley de Memoria Democrática, el Régimen del 78 suspende libertades fundamentales como las de pensamiento, expresión, asociación, culto o cátedra.

Con la excusa de imponer su versión falsificada de la historia y el pretexto de resarcir a unas supuestas víctimas que ya no pueden existir -83 años después de la conclusión de la Guerra Civil- el Régimen refuerza el aparato represivo puesto en marcha en 2007 con la Ley de Memoria Histórica y las distintas leyes de memoria aprobadas en distintas comunidades autónomas. Se amplían las prohibiciones, se aumentan los motivos de sanción y se incrementan las cuantías de las sanciones con el objetivo de provocar la muerte civil de quien exprese públicamente opiniones distintas a las oficiales, respecto de personajes y acontecimientos históricos.

Más allá del intento de la izquierda y los separatistas de imponer una versión manipulada de la historia para que las nuevas generaciones de españoles no conozcan los saqueos, detenciones ilegales, torturas y asesinatos masivos cometidos por socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas durante la II República y la Guerra Civil. Más allá también de su pretensión de blanquear al terrorismo separatista presentándolo como víctima para borrar el reguero de sangre que durante décadas provocaron sus asesinatos a españoles inocentes. Más allá de estos objetivos suficientemente miserables, los impulsores de estas leyes de memoria pretenden arrinconar políticamente a la media España que, de alguna manera, pudiese vincularse a la media España que se negó a dejarse matar y se alzó en 1936 en defensa de su fe, su patria y su vida.

Con estas leyes liberticidas, la izquierda y los separatistas quieren deslegitimar a sus rivales políticos. Una derecha que corre a comprar el relato de sus rivales, asumiéndolo como propio aún a costa de renegar públicamente de los fundadores de sus organizaciones, intentado que la izquierda les perdone por existir. Una derecha que es cómplice de este proceso de pérdida de libertades no solo por no haber derogado todas estas leyes cuando ha tenido capacidad de hacerlo, sino porque se emplea con celo en aplicarlas donde

gobierna, regando con millones de euros de dinero público a los chiringuitos que viven de resucitar el odio entre españoles a cuenta de unos enfrentamientos pasados de los que sus protagonistas habían ya pasado página al poco de finalizar.

Los falangistas, en cambio, no renegamos de nuestra historia y de sus protagonistas, los hombres y mujeres que pagaron con su vida su amor a España y a la Justicia Social y que se enfrentaron con las armas a quienes pretendían convertir a nuestra nación en un Estado satélite de la Unión Soviética de Stalin. No renegamos tampoco de quienes, ya en la paz, ayudaron a que el derecho a la vivienda, a la sanidad o a la educación se extendiesen a todos los españoles. Y estamos dispuestos a asumir las consecuencias legales que se deriven de la defensa de su memoria y su honor.

Nos repugna especialmente el anuncio de la profanación del cuerpo de nuestro fundador, José Antonio Primo de Rivera, asesinado en su juventud por aquellos cuyas organizaciones políticas hoy pretenden ocultar su sepultura para que se olvide el crimen. En este sentido nos comprometemos a iniciar las acciones judiciales oportunas para que sus restos mortales sean tratados con la dignidad que merecen, aún a sabiendas de que el Régimen ya ha demostrado no respetar las más elementales normas de respeto a los difuntos.

Junto con las citadas acciones judiciales, los falangistas impulsaremos todas las iniciativas que estén a nuestro alcance en defensa de la verdad histórica, de los derechos y libertades de todos los españoles y de la memoria y dignidad de nuestros caídos.

Contra el sectarismo revanchista. ¡No a las leyes de memoria!