Récord histórico de agresiones en las prisiones españolas en el año 2022

Según datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en los nueve primeros meses del año 2022, hasta el 30 de septiembre, se computan un total de 310 agresiones a empleados públicos penitenciarios por parte de la población reclusa. Ello supone una ratio de más de una agresión diaria en las cárceles dependientes del Ministerio del Interior en ese periodo. Así pues, hasta final del mes de septiembre del año 2022, este año se ha convertido en el más violento de los últimos 8 años. De seguir la tendencia de los nueve primeros meses se acabaría el año superando la cifra de 400 agresiones.

Hay que recordar que a finales de 2017 la Secretaría General aprobó, junto a los sindicatos generalistas Csif y UGT-Acaip, un protocolo específico para contabilizar las agresiones a los funcionarios de las prisiones españolas con un criterio distinto al del resto de la administración general del Estado. Con ello se conseguía blanquear los totales y que insultos, amenazas de muerte, empujones, escupitajos o tocamientos, si no dejan marca física que se pueda reflejar en un parte médico, no se contabilizasen. Tras superarse las 300 agresiones anuales en el trienio 2015-2017, la nueva forma de contabilización de las agresiones diarias que se sufren por los trabajadores penitenciarios hizo que en los años 2018 y 2019 no llegaran a las 250. Posteriormente, en los años 2020 y 2021 se han visto reducidas estas agresiones debido al cierre que han sufrido las instalaciones penitenciarias en cuanto a entrada de personas ajenas a la institucion y la restricción de comunicaciones con familiares a causa de la pandemia de la COVID-19. Ello ha provacado que se limitase casi en su totalidad durante periodos prolongados la entrada de sustancias estupefacientes que son el origen de muchas de las situaciones de peligro que se sufren en los penales del país.

SOTO DEL REAL, LA PRISIÓN MÁS PELIGROSA DE ESPAÑA PARA TRABAJAR

El penal madrileño de Madrid V, situado en la localidad de Soto del Real, se lleva la palma como el más peligroso para los empleados públicos de instituciones penitenciarias. Y es el más peligroso por doble partida. Desde el año 2015 hasta el 30 de septiembre de 2022 se han sufrido un total de 104 agresiones, computándose 8 agresiones más que en el segundo centro penitenciario con más agresiones, Puerto III, en Cádiz, con 96 agresiones en el mismo periodo. Pero si nos circunscribimos a este año 2022, el centro penitenciario madrileño también es el que más agresiones ha sufrido con un total de 18, seguido de cerca por la prisión de Sevilla II, en Morón de la Frontera, con 17 agresiones padecidas en los nueve primeros meses del año y que ocupa el cuarto lugar en el histórico por detrás de las ya mencionadas y del centro penitenciario de Madrid VII, en Estremera, que suma 10 agresiones en lo que va de año y 86 en el cómputo general.

HISTÓRICO DE AGRESIONES MUY PREOCUPANTE

Ahondando más allá de las agresiones sufridas en lo que va de este 2022, debemos mirar también el total de agresiones sufridas, según datos oficiales del propio ministerio, en el periodo de los noventa y tres meses que van desde enero de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2022. Los funcionarios de prisiones han sufrido más de 2000 agresiones. En concreto, 2096. Una cifra que nos lleva a la conclusión de que en los últimos 8 años cada 32 horas un trabajador penitenciario sufre una agresión en nuestro país. Este intervalo de tiempo se ha reducido en lo que va de año produciéndose una agresión cada 21 horas.

EL GOBIERNO CONTINÚA SIN RECONOCER LA CONDICIÓN LEGAL DE AGENTES DE AUTORIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES

Desde el sindicato de prisiones TAMPM denunciamos que a pesar de que muchos profesionales tienen reconocida la condición de agentes de la autoridad en el desempeño de sus funciones los funcionarios de prisiones somos uno de esos colectivos que nadie se imaginaría que no tengan reconocida tal condición. Y es así porque el actual gobierno del partido socialista no ha entendido que sea una prioridad a atender. O por lo menos eso se desprende de los datos y hechos analizados.

La proposición de ley que dotaría a los funcionarios de prisiones de la condición de agentes de autoridad fue presentada el 24 de julio de 2020, hace más de dos años. Y calificada el 2 de septiembre de ese mismo año. Desde entonces hasta el 29 de marzo de 2022, fecha en la que se votó la toma en consideración en la cámara baja, ha habido muchas agresiones hacia los funcionarios de prisiones. Este año y medio de tener “guardada en el cajón” la proposición de ley da una idea de lo prioritario que son para este gobierno los funcionarios de instituciones penitenciarias.

Pero no queda ahí la cosa. Como muestra del desinterés por modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, para dotar de la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones, hay que señalar las 21 ampliaciones o prórrogas, solicitadas por el PSOE, que ha sufrido el trámite de enmiendas al articulado de la proposición de ley en el Congreso y que la mantiene “sine die” esperando a poder continuar con la tramitación.