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Se han cumplido 40 años hace escasos meses. El 16 de abril de 1982 la organización terrorista ETA «militar» emitía un comunicado en el que lanzaba un ultimátum al Estado y a la sociedad española. En el plazo de un mes los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familiares debían abandonar el País Vasco. De lo contrario, ETA iniciaría una ofensiva con «nuevas técnicas de combate no vistas hasta ahora» que incluirían el uso de armamento semipesado contra cuarteles y objetivos, no solo en territorio vasco sino también en el resto de España. Hasta entonces ETA había utilizado a veces lanzagranadas portátiles pero el uso de proyectiles de artillería y morteros podía significar un salto cualitativo en cuanto a potencia destructiva. Era la primera vez que la banda terrorista empleaba el procedimiento del ultimátum solemne, que volvería a utilizar en el criminal asesinato de Miguel Ángel Blanco, en 1997.
El anuncio causó un gran impacto político y mediático. El diario EL PAÍS afirmaba que «hay gran preocupación en los ámbitos oficiales», ante la posibilidad de que los cuarteles pudieran ser bombardeados con morteros y granadas de artillería, como parecían sugerir los terroristas. Todo ello además, en vísperas del campeonato Mundial de fútbol que se iba a disputar en nuestro país ese verano No obstante, de puertas afuera el Gobierno de UCD de Leopoldo Calvo Sotelo anunció que el Estado no cedería al chantaje. Desde el Ejército y la Guardia Civil llegaron voces más firmes. El general Francisco Javier Cereceda, comandante de la V Región de la Guardia Civil, que incluía el País Vasco, afirmó que «Aunque ETA nos dé un plazo de un mes, un año, o setenta años, nunca nos marcharemos, ya que estamos resueltos a defender este queridísimo trozo de España, que es el País Vasco «. El ministro del Interior Juan José Rosón, en su habitual línea tranquilizadora, dijo que se trataba de la última apuesta de ETA y que estábamos en «los últimos coletazos del terrorismo», una coletilla no por falsa menos recurrente en esos años por parte de los distintos Gobiernos, para tranquilizar a la población española. Según Rosón, tras los últimos golpes policiales, a ETA apenas le quedaban 50 terroristas en activo. Pero era una mentira tan burda, que la prensa le desmintió recordando en los días siguientes que, según fuentes policiales, eran más de 1000 los etarras dispuestos a entrar en comandos en activo en esos momentos.
Mientras tanto, los atentados etarras, que eran casi diarios, continuaban. El 17 de abril moría el policía nacional Vicente Luis Garcerá López en Pamplona al ser atacada la tanqueta policial en la que iba junto a otros compañeros, por etarras que dispararon con un lanzagranadas portátil RPG 7 de fabricación soviética. El 18 de abril tenía lugar un espectacular atentado cuando varios terroristas penetraron en la sede central de Telefónica, en la calle Ríos Rosas de Madrid, haciéndose pasar por policías colocaron varias cargas explosivas y volaron parcialmente el edificio, después de huir. Hubo numerosos heridos. 2 de mayo moría asesinado en Ondárroa, Vizcaya el guardia civil Antonio Pablo Fernández. El 5 de mayo ETA asesinaba en pleno centro de Bilbao a Ángel Pascual Múgica ingeniero jefe de la central nuclear de Lemoniz, en Vizcaya, en construcción, con la que ETA, abanderada del ecologismo, quería acabar a toda costa. El 13 de mayo morían a su vez, en Tafalla, Navarra los etarras José Alemán Aspiz y Javier Valencia Lerga al explotarles el explosivo que manipulaban y que querían colocar en una subestación eléctrica de Iberduero (la actual Iberdrola), la empresa que construía la central de Lemoniz . Además durante ese mes hubo ataques con RPG 7 contra los cuarteles de la Guardia Civil de Algorta,en Vizcaya, La Salve, en Bilbao y son ametrallados los de Eibar, e Inchaurrondo en Guipúzcoa, resultando varios agentes heridos, entre otros atentados. Por si fuera poco, el 12 de mayo la Guardia Civil había abortado en el último momento un intento de fuga de presos etarras de la cárcel de Carabanchel, en Madrid. Los terroristas ya habían logrado cavar un túnel de varios kilómetros, que contaba incluso con instalación eléctrica.
En 1982 se produjeron alrededor de 40 asesinatos etarras pero el número de sus atentados fue de casi 250 (sin contar actos de violencia callejera). O sea que de no haber mediado la suerte o, según se mire,la protección del Cielo, el número de muertos en esos años podría haber sido mucho mayor todavía. Es verdad que a partir de finales de 1980 se había notado un aumento de la eficacia policial en la lucha antietarra, con medidas como la creación del Grupo Antiterrorista Rural (GAR), de la Guardia Civil, la reorganización de los servicios de información, y un aumento de efectivos de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el País Vasco. Por ejemplo, según datos de Florencio Domínguez Iribarren, director del Centro Memorial de las víctimas del terrorismo, entre enero de 1980 y marzo de 1982 las FSE desarticularon casi 140 «comandos» o células terroristas, deteniendo a varios cientos de etarras y siendo incautadas miles de armas y varias toneladas de explosivo. Eran medidas de reorganización antiterrorista, en buena medida planeadas y establecidas siendo ministro del Interior el general Ibáñez Freire, entre 1979 y1980, pero no fue hasta la época de Rosón cuando empezaron a verse algunos resultados. No obstante, la organización terrorista seguía conservando un poderío muy considerable, en un momento, además, en que Francia, la principal base de la banda vasca, no colaboraba en absoluto en la lucha antiterrorista. La indignación de la mayoría de la sociedad española por la incapacidad del Estado para acabar con ETA era máxima pero era poco lo que el Gobierno podía ofrecer.
Al llegar el 16 de mayo se cumplía el plazo del ultimátum. ETA anunció que cumpliría sus amenazas y realmente así fue. A partir de entonces fueron decenas los cuarteles, sobre todo los de la Guardia Civil en zonas rurales de Vascongadas y Navarra, que fueron bombardeados con morteros artesanales aunque muy peligrosos, y granadas explosivas fabricadas por ETA, que los terroristas llamaban granadas «Jotake». En muchos cuarteles llegaron a instalarse como protección trincheras de sacos terreros igual que en una situación de guerra. Aún así muchos cuarteles fueron alcanzados y sufrieron daños considerables.
No obstante, gracias a Dios, en general la efectividad de estos ataques a los cuarteles con morteros y granadas de artillería fue escasa y aunque produjeron heridos no causaron prácticamente víctimas mortales. Estas granadas y morteros etarras, a pesar de contar con un diseño efectivo, siendo artesanales en algunos de sus materiales, no poseían la suficiente precisión. En este sentido las esperanzas etarras de causar grandes matanzas con este tipo de proyectiles y poner de rodillas al Estado, no se cumplieron, por fortuna, aunque muchos cuarteles fueron alcanzados y podrían haberse dado dramáticas matanzas. La situación respecto al problema terrorista seguía siendo muy delicada, y el final de la violencia terrorista no estaba ni mucho menos cerca. Además en ese mismo año de 1982, en septiembre, el Gobierno cedió ante ETA acerca de una de las principales exigencias terroristas de aquella época como fue el cierre de la central nuclear de Lemoniz, justo cuando su construcción estaba a punto de ser culminada. La alegría de los etarras por ese hecho fue inmensa y eso contribuyó considerablemente a envalentonar a los terroristas durante años.
Por desgracia aún quedaban largos años de sufrimiento y dolor para la sociedad española y en perspectiva causa auténtica indignación la actitud de aquellos políticos de esa época, que por conveniencia personal y política engañaban a los españoles hablando de los » últimos coletazos del terrorismo» cuando sabían perfectamente que no era así.
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