Urge un gigantesco ERTE en el sector público. Por Ramiro Grau Morancho

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Los expedientes de regulación de empleo, en anagrama ERE, son aquellos documentos que se envían a la autoridad laboral para acreditar la extinción de la relación laboral con un determinado número de empleados, o incluso con toda la plantilla, en diversos supuestos legalmente tasados, y entre los que destacan las causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor.

Pudiera suceder, y de hecho sucede, que no haya una auténtica extinción, sino una simple suspensión del contrato de trabajo, por un determinado periodo de tiempo, y por alguna de las causas antedichas:

Un terremoto,

Una pandemia, por ejemplo el coronavirus.

Un gobierno comunista bolivariano, que obligue a cerrar a la práctica totalidad de las empresas, e impida de facto el trabajo de los autónomos, o trabajadores por cuenta propia, para así arruinar y radicalizar a la población de un país, para favorecer así la implantación del comunismo.

Una disminución drástica de pedidos o clientes, por crisis económica.

Un gobierno inútil, incompetente y traidor, que lo único que quiere es seguir en el poder ¡hasta que se acabe el mundo!, con un tonto útil al mando, y un macho cabrío de auténtico cerebro criminal, que va saltando de cama en cama, y de “liberada” en “liberada”.

Etcétera.

En estos casos de suspensión de la relación laboral, el tontismo contemporáneo habla de expediente de regulación temporal de empleo, ERTE.

La edad, mi deformación profesional como laboralista, y la experiencia de la vida, me demuestran que en muchos casos los ERTES acaban siendo ERES, pues una empresa es cómo el corazón de una persona, que una vez que se para, es muy difícil volver a ponerlo en funcionamiento.

Una empresa, o a un autónomo, es cómo una bicicleta en funcionamiento, que mientras va rodando, se superan todos los obstáculos o problemas, pero cuidado si te paras, que igual estás tan agotado que ya no puedes volver a andar.

Y hablo de agotamiento financiero, básicamente, con una banca española al borde de la quiebra, con unas entidades bancarias cada vez más concentradas, y que no quieren –ni pueden- asumir riesgo alguno, cuya principal ocupación es “atracar” a sus clientes a base de comisiones, hasta que cierran sus cuentas y se van a otro banco, dónde les harán lo mismo…

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Pero estamos en una sociedad “bancarizada”, los pagos y cobros se realizan con la intermediación bancaria, y es imposible vivir sin ser cliente suyo.

Somos clientes cautivos, por no decir presos, del sistema bancario.

Pues bien, en España había 19 millones de trabajadores, cifra bastan errónea, pues muchos de ellos son contratados temporales, empleadas del hogar que por solo una hora de trabajo a la semana, por ejemplo, o diaria, deben estar dadas de alta en la seguridad social, etc.

De esos 19 millones que había, unos 3.500.000 millones son empleados públicos, 500.000 políticos profesionalizados (se les conoce fácilmente, pues son los que más cobran, ya que ellos mismos se ponen los sueldos que les da la gana), y unos 3 millones de trabajadores, entre funcionarios, laborales, interinos, eventuales, temporales, asesores, etc.

Al día de hoy, los únicos que realmente se ganan la soldada son los sanitarios, el Ejército y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y poco más.

Por cierto, mi reconocimiento para todos y cada uno de ellos, en especial para los sanitarios.

El resto de empleados públicos, entre ellos 800.000 interinos o contratados temporales –yo creo que bastantes más-, siguen cobrando sus retribuciones al ciento por ciento, incluidos trienios (que “desaparecieron” de la legislación laboral como un derecho automático, quedando al albur de los convenios colectivos), sexenios, etc., en la mayoría de los casos sin hacer nada de provecho, no por culpa suya, sino de la situación actual.

Han proliferado los ERES y ERTES, y se han perdido 1.900.000 puestos de trabajo, solo en el mes de marzo, y se supone que abril será mucho peor…

Con lo cual estamos en unos 17 millones de trabajadores, para una población de 47 millones de personas, que se dice pronto.

Pues bien, el sector público no ha echado a nadie, ni hecho ERE o ERTE alguno, a pesar de que en la mayoría de los organismos no hay prácticamente nadie trabajando, los juzgados están cerrados, las fiscalías prácticamente también, escasamente funciona el juzgado de guardia, y poco más.

Los profesores están en sus casas, y no dudo de que, a trancas y barrancas estén haciendo lo que pueden, pero podemos dar el curso por perdido. Claro que eso no es ningún problema: se harán unas evaluaciones a distancia, a mucha distancia, ¡y el profesor o maestro que no de un aprobado general, lo tiene claro!

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Algún autor cuyo nombre ahora no recuerdo, decía que en España había tres clases de trabajadores:

Funcionarios.

Camareros y

Putas (o putos, para que no se enfaden las “profesionales”).

La tercera “actividad” es ilegal, o más bien alegal, pero lo que está claro es que la hostelería está al borde de la bancarrota.

Ahora bien, la función pública, y la castuza política que está sentada encima de todos nosotros, y con el látigo en la mano, siguen cobrando al cien por cien sus retribuciones, aunque no hagan nada, o casi nada.

¿Ustedes ven justa y lógica esta situación…?

Yo, NO.

Urge hacer un gigantesco ERE o un ERTE en el sector público, que ordene la cesación en sus funciones, temporal o definitiva, de una gran parte del sector público.

Si hay que cambiar la legislación, en el caso de los funcionarios públicos, personal estatutario, etc., pues se hace, ¡qué más se perdió con el coronavirus!

Y no me hablen de “derechos adquiridos”, que me dan arcadas.

Nuestros derechos fundamentales a la libertad de residencia, de movimientos, de reunión, de manifestación, etc., están suspendidos, cuando no abolidos.

También los derechos no fundamentales, pero también constitucionales y básicos, como el derecho al trabajo, a la libertad de empresa, etc.

En realidad la gran mayoría de los 47 millones de residentes en España, entre españoles y extranjeros, estamos en situación de “prisión provisional domiciliaria, y sin fianza”, o arresto domiciliario, si lo prefieren.