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La ofensiva policial de Cibeles no solo fue desproporcionada sino también vilmente cobarde y sucia. Bien se emplearon los abusadores cuando en el País Vasco o en Cataluña los corren a pedradas auténticos criminales. Valientes uniformados de obediencia debida, la excusa que arguyeron los nazis juzgados en Núremberg, y la conciencia extraviada, acaso malignamente robótica.
El equilibrio entre el uso de la fuerza legítima por parte del Estado y el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico constituye el pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho. Los ataques contra ciudadanos pacíficos en Cibeles ha dejado en evidencia un modus operandi rastrero de justificación, simulando violencia de los reunidos, para pretextar una brutal hostilidad policial. Cuando las intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o el funcionamiento de los órganos de investigación judicial generan controversia en el debate público, resulta imprescindible analizar los hechos bajo la óptica del rigor procesal y la transparencia institucional. Debería investigarse la provocación deliberada de policías infiltrados en manifestaciones pacíficas y el paripé de UIP que no parece reconocer a sus compañeros sin uniforme y proceden a embestir a gente que ni quema contenedores, ni hiere a policías. Debería investigarse en última instancia al sospechoso Marlaska, una vez más.
En el contexto de las actuaciones de la Unidad de Intervención Policial y los servicios de información en concentraciones ciudadanas, la presencia de agentes de paisano responde operativamente a labores de inteligencia, identificación preventiva y detección de elementos violentos. De acuerdo. Es la operativa acostumbrada. Sin embargo, la frontera entre la mera observación táctica y la incitación directa marca una divisoria crítica en términos de legalidad administrativa y penal. La utilización de equipamiento de extracción rápida o la manipulación de elementos de contención en la vía pública por parte de efectivos no uniformados requiere una justificación documental inatacable en los partes de intervención, pues el marco normativo que regula el uso de la fuerza prohíbe taxativamente la incitación al delito o la alteración del orden para justificar una carga posterior que vulneraría los principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia. serían delincuentes con uniforme., y sin él.
Al parecer, han quedado retratados los que violentaron la reunión de ciudadanos presentes sin ánimo ofensivo. Identificados con caras y la desvergüenza de indignidad con rol de matonismo propio de delincuentes.
Paralelamente, la decisión de la Fiscalía General del Estado de asumir la conducción directa de investigaciones de especial relevancia, como los acontecimientos en Ceuta argumentando su trascendencia, reabre el debate sobre la autonomía del Ministerio Fiscal y el principio de unidad de actuación. Si bien el ordenamiento jurídico faculta a la jefatura de la institución para avocar diligencias cuando la gravedad de los hechos trasciende el ámbito provincial, la utilización de este mecanismo genera dudas sistemáticas sobre la imparcialidad del órgano dada su estructura jerárquica y su vinculación con el Poder Ejecutivo. Esto exige un escrupuloso respeto al principio de legalidad y al control judicial para garantizar que la salud democrática de la nación no quede supeditada a la oportunidad política ni a la opacidad institucional.
La impunidad institucional no es un fallo del sistema, sino un método perfectamente articulado. Cuando los mandos políticos se parapetan tras agentes no uniformados que cruzan sistemáticamente la línea de la legalidad para dinamitar protestas legítimas, el Estado de derecho deja de operar como garante de la libertad y se transforma en un mero aparato de coacción partidista. Ocultar los partes de intervención, falsear la narrativa oficial y diluir la cadena de mando no son descuidos procesales: son maniobras deliberadas de encubrimiento ejecutadas con la complacencia de quienes deberían fiscalizarlas.
Asimismo, la maniobra de la degradación se completa cuando el aparato judicial se presta al juego de la oportunidad política. Centralizar las investigaciones en órganos sumisos al Poder Ejecutivo para arrebatar la causa a los juzgados territoriales es una argucia intolerable que pisotea la tutela judicial efectiva y busca garantizar el blindaje incondicional de las altas esferas. Pretender que los ciudadanos asistan impasibles a esta quiebra de la neutralidad institucional bajo el pretexto de una supuesta «trascendencia de Estado» es una provocación inaceptable. La soberanía, la justicia y las garantías constitucionales no se negocian ni se subordinan a la supervivencia de ningún gobierno.
RES NON VERBA
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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