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El acuerdo del Consejo de Ministros, al aprobar los indultos a los presos del procès, ha supuesto que hayan incurrido en un delito de prevaricación del Art. 404 del C.P.
Pedro Sánchez y sus Ministros, han inventado unos novedosos “Principios Generales del Derecho”, que no figuran en nuestra Carta Magna.
Valentía, reencuentro, no venganza, magnanimidad, concordia, altura de miras, permisividad no odio, en definitiva borrón y cuenta nueva.
Los verdaderos valores de la Constitución, han sido trasgredidos: seguridad jurídica, igualdad, dignidad, honor.
La potestad discrecional de los poderes públicos, no es ilimitada, tiene obviamente sus límites, de lo contrario se convierte en arbitrariedad y por tanto en ilegalidad.
El Consejo de Ministros, para tomar una decisión política a la carta, vulnera de manera flagrante el ordenamiento jurídico, incurriendo en un delito de prevaricación.
Ni los requisitos de la figura del indulto se producen y por otra parte aunque el informe del Tribunal sentenciador opuesto al indulto no sea vinculante es evidente que advierte de las consecuencias de su aprobación: ilegalidad e ilicitud.
Lo grave además de ese acuerdo, es el voto de tres Magistrados (en excedencia, Robles, Grande-Marlaska y Campo), que dieron solidariamente su aprobación.
Superponer consideraciones políticas por encima de la ley además de quebrar nuestro estado de derecho, es lisa y llanamente cometer un delito de prevaricación, pues el caso que nos ocupa se reúnen todos los requisitos objetivos y subjetivos del tipo.
Tratar de burlar la ley, de manera torticera, para darle encaje en conceptos ajenos al ordenamiento jurídico, en esos nuevos principios generales inventados por Pedro Sánchez, se llama dolo.
El problema que se le puede plantear a la Sala 2ª del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional competente para enjuiciar a los Miembros del Consejo de Ministros es si serán capaces de enjuiciarlos, Pese a que tienen además como aval un informe elaborado por ellos mismos oponiéndose al indulto.
Mi percepción y de la inmensa mayoría de los españoles, es que prevalecerá el indulto político del ejecutivo y con ello la quiebra definitiva del principio de separación de poderes y de la seguridad jurídica.
Como representante de la Organización Manos Limpias, presentaremos ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, la correspondiente acción penal, cumpliendo con nuestro deber de defender a la sociedad y de ser respetuosos con las normas del estado de derecho.
El acuerdo del Consejo de Ministros con los indultos va a ser también una prueba para la Fiscalía del Tribunal Supremo que también formuló un informe contrario a los indultos, que pese a no ser vinculante, también dejo entrever su ilegalidad e ilicitud. Mucho me temo, que al igual que la Sala 2ª del Tribunal Supremo no se atreverá a formular querella por prevaricación y rechazará la denuncia interpuesta por Manos Limpias.
A este disparate jurídico de los indultos, hay que recordar, la profanación de la tumba de Francisco Franco, la cesión al Gobierno Vasco de Instituciones Penitenciarias para la excarcelación de los presos etarras, la formación de un gobierno con terroristas y separatistas, una inminente racista ley del odio y del revanchismo, denominada Ley de Memoria Histórica, la ruptura de relaciones con Marruecos por la imprudencia del Gobierno de Pedro Sánchez…
La sociedad española tiene resortes para decir BASTA YA, hasta aquí hemos llegado; es necesario un nuevo momento popular, totalmente contrario al gobierno socialcomunista que estamos sufriendo la inmensa mayoría de los españoles.
Autor
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Miguel Bernad Remón (Bilbao, 1942) es un abogado y expolítico español.
Fue fundador en 1995 y secretario general de Manos Limpias.
Entró en política con el Frente Nacional de Blas Piñar, siendo secretario general de su partido.
En 1994, Bernad funda Derecha Española, con el que acude a las elecciones municipales de 1995.
En abril de 2016 Miguel Bernad fue detenido en el ámbito de una investigación de la AN sobre posibles extorsiones de Manos Limpias, consistentes en exigir dinero por retirar querellas previamente interpuestas.
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